Las protestas populares en Gamonal y el movimiento de solidaridad que han suscitado en todo el país constituyen un nuevo episodio del abismo de desconfianza entre gobernantes y gobernados. En España, el 80% de los ciudadanos desconfía de los partidos, de los políticos y del Parlamento. El 75%, del Gobierno; el 60%, de los ayuntamientos. Monarquía, Iglesia y bancos no salen mejor parados. El 95% piensa que la clase política es corrupta. Algo semejante sucede en el resto del mundo. En Estados Unidos, en una encuesta reciente el 23% de los ciudadanos se consideran republicanos y el 31%, demócratas; mientras que el 42% de declaran independientes. Si los independientes pudieran formar su candidatura ganarían las elecciones, pero ahí está la trampa del sistema electoral establecido por los dos grandes partidos, como en España, para perpetuar su poder. En Europa la ruptura entre ciudadanos y sistemas políticos es creciente y alcanza a la mayoría de la población. Y las instituciones europeas están aún más hundidas en la confianza popular.
Pero la crisis política española es de más envergadura por varias razones. Porque se ha desatado en el contexto de una grave crisis económica, una crisis cuya gestión por parte de PP y PSOE se percibe al servicio de los bancos y con renuncia de soberanía nacional. Porque la corrupción judicialmente comprobada del partido de gobierno y de la oposición, en España y en Catalunya, de los sindicatos y ayuntamientos, acrecienta la indefensión frente al abuso de poder. Y porque la crisis constitucional con Catalunya adquiere tintes cada vez más dramáticos, por el choque frontal entre el nacionalismo español y el independentismo catalán. El resultado es la deslegitimación de los grandes partidos y de la clase política en su conjunto.
Los datos son incontrovertibles. Un libro muy reciente de los politólogos Jaime Miquel y Lluís Miquel Campos sintetiza esos datos, analiza las causas de la crisis y esboza alternativas emergentes en el electorado. España es el único país europeo en que la caída del partido de gobierno se ve acompañada por la del principal partido de la oposición. El PP obtuvo en noviembre del 2011 un 30,4% del censo electoral (convertido en mayoría absoluta por la ley electoral). Ese apoyo cayó al 16,6% en noviembre del 2013. Pero el PSOE, que se hundió hasta el 19,6% en el 2011, siguió cayendo hasta un 13,6% en noviembre del 2011. Los dos grandes partidos juntos representan ahora al 30,2% de los ciudadanos. Aun así, contando con abstención y votos nulos que se proyectan para casi la mitad de los electores, el PP seguiría ganando las elecciones y PP y PSOE seguirían controlando las Cortes (lo que prefigura un gobierno conjunto para preservar su duopolio de poder).
Frente al hundimiento de los grandes partidos no parece que los actuales partidos minoritarios representen una alternativa de gobierno. Usando la misma base de cálculo, IU progresó notablemente del 4,7% al 7,2%, pero tiene un techo bajo de avance mientras sea percibida como controlada por el Partido Comunista. UPyD subió del 3,2% al 4,7%, pero su techo es aún más limitado porque su influencia se basa en el centralismo español, que la hace irrelevante en las nacionalidades. Al revés le ocurre a Ciutadans, con progreso espectacular en Catalunya, basado en su españolismo, que lo situará por delante de un PSC en descomposición interna, pero que no es relevante en el Estado, donde UPyD y PP ocupan ese espacio.
En Catalunya, CiU también retrocede ante al avance del independentismo sin ambigüedad, representado por ERC y la CUP en su versión de izquierda, con ICV limitada en su potencial influencia por su propia contradicción interna en torno a la cuestión nacional.
O sea, que hay una distancia creciente entre el sistema político en su conjunto y la ciudadanía. En principio, a los partidos dominantes no les molesta demasiado mientras puedan continuar repartiéndose el poder. Esa ha sido la reacción, en Italia, del supuesto joven reformista nuevo líder del PD, Renzi, cuya primera iniciativa ha sido pactar con Berlusconi cambiar la ley electoral y bloquear fuerzas emergentes como el Cinque Stelle, partido más votado en la última elección. Es una actitud cínica y suicida que lleva a la autodestrucción del sistema a medio plazo.
Dicha situación no es sostenible en un contexto de crisis económica (que aún sigue para la gente) y de tensión social. A pesar del pacifismo de la inmensa mayoría, si no hay cauces institucionales la historia enseña que puede surgir un estallido social. Es lo que piensa el 73% de los españoles, según Metroscopia. Por otro lado, hay un apoyo de opinión al 15-M y a las protestas sociales por más del 75% de los ciudadanos en el 2013. Y el 65% prefiere representarse a sí mismo por plataformas ciudadanas en lugar de que los representen los partidos. Pero sin reformar el sistema actual esa representación pasa por la constitución de dichas plataformas en partido político legal. Eso es lo que intentan algunos de los activistas del 15-M, en particular el llamado Partido X-Red Ciudadana, que concurre a las elecciones europeas. Y es que la existencia de un distrito electoral único para todo el país permite una representación proporcional que resquebrajará la preeminencia de los vetustos partidos dominantes, aunque es posible que el escepticismo de los jóvenes sobre la política electoral no haga excepciones. Porque son los electores de menos de 39 años, el 34% del censo en España, los que tienen la llave del futuro. Por eso tal vez las elecciones europeas sean signo precursor de un cambio político, tanto en España como en Europa. Aunque a veces pueda tener un signo populista antieuropeo, como el Frente Nacional en Francia, los partidos xenófobos en Escandinavia y Holanda, el UKIP en el Reino Unido... Sean cuales sean las nuevas expresiones políticas, de la crisis sistémica de representación están surgiendo nuevos actores y nuevas formas democráticas. La alternativa a esa apertura institucional es el caos social.
Manuel Castells