En tanto las economías occidentales van saliendo de la crisis del COVID-19, los bancos y los gobiernos enfrentan un nuevo problema: cómo lidiar con los muertos vivientes corporativos. Pero un plan innovador centrado en los trabajadores podría ofrecer una posible solución.
Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, las quiebras corporativas han caído durante los 15 meses de la pandemia, a pesar de la profunda recesión que generó. Esa caída es producto de la ampliación por parte de los gobiernos de los países ricos –en su deseo entendible de atenuar el golpe económico de la pandemia- de todas las redes de seguridad posibles para las empresas. Muchas veces, sin embargo, lo hicieron sin ni siquiera intentar separar a aquellas que tenían buenas perspectivas económicas de las que no las tenían.
Como resultado de ello, el proceso de selección natural del sector empresario se ha debilitado precisamente cuando el COVID-19 ha acelerado muchas tendencias preexistentes, aumentado el porcentaje de empresas que deberían considerarse zombis. Pero los responsables de las políticas ahora deben ocuparse del mayor impacto económico de sustentar a empresas inviables.
Los gobiernos claramente no pueden discontinuar de repente todos los subsidios a las empresas. Durante la pandemia, muchas empresas que en otras circunstancias estarían en una situación saludable han acumulado mucha deuda. Someterlas a todas de pronto a una disciplina de mercado rígida resultaría en una cantidad muy grande de quiebras innecesarias.
Asimismo, el impacto económico y financiero de una interrupción inmediata de la ayuda sería un suicidio político para cualquier gobierno electo. El shock negativo del PIB tendría efectos serios tanto en el desempleo como en las finanzas públicas, y las pérdidas que una ola de quiebras les ocasionaría a los prestadores debilitaría aún más los balances de los bancos. El resultado casi certero sería un descontento masivo de los votantes, garantizando prácticamente la pérdida del gobierno en la próxima elección.
Al mismo tiempo, los responsables de las políticas no pueden seguir ayudando a todas las firmas zombis. Esa asistencia tendría grandes costos fiscales y lentificaría el crecimiento de la productividad que los gobiernos occidentales necesitan desesperadamente para solucionar muchos de sus problemas fiscales y políticos. Los cambios producidos por la pandemia exigen empresas nuevas e innovadoras. Pero será difícil que esas empresas entren al mercado y crezcan si desperdiciamos tantos recursos físicos, humanos y financieros en mantener vivas a empresas zombis.
Separar a los vivos corporativos de los muertos corporativos no es fácil aún en tiempos normales: de eso se trata justamente el arte de la banca. Y mientras que distinguir entre empresas saludables e inviables es complicado para el sector privado en tiempos propicios, es particularmente difícil hacerlo ahora, cuando todavía existe un alto grado de incertidumbre sobre el mundo post-pandemia que tenemos por delante. Pero el sector privado puede al menos utilizar incentivos de manera agresiva para capturar información difusa. Esto es prohibitivamente difícil para una agencia de gobierno, especialmente una agencia que carezca de la necesaria experiencia acumulada.
Ésta es una nueva versión de un viejo problema explorado muy especialmente por Friedrich Hayek. Como demostró Hayek, la distribución de conocimiento en la sociedad es difusa y a cualquier gobierno le resulta difícil obtenerlo sin sesgos.
Ahora bien, existe una manera posible de resolver esta dificultad. Si uno quiere evaluar la calidad de un alumno, no hay una métrica más reveladora que preguntarles a sus compañeros de clase. Quienes estudian día tras día con un compañero pueden apreciar mejor su talento. De la misma manera, nadie puede medir mejor la calidad de una empresa que sus propios empleados. Por lo tanto, para descartar a las empresas zombis, los gobiernos deberían empezar por condicionar cualquier subsidio a una empresa a la aprobación de la mayoría de sus trabajadores.
El problema es que, a diferencia de los compañeros de clase, los empleados tienen un incentivo para mentir. Si la empresa quebrara, ellos perderían sus empleos. Como respaldar a su empresa no les cuesta nada, la mayoría probablemente sobreestimará sus perspectivas futuras.
Pero este problema se puede resolver fácilmente con incentivos apropiados. En un plan de estas características, si una mayoría de trabajadores votara a favor de liquidar la empresa de inmediato, sus empleados recibirían beneficios de desempleo por más tiempo. Si votaran para seguir adelante, el gobierno inyectaría algo de efectivo para que la compañía fuera viable. Pero si luego la empresa quebrara, la cobertura de desempleo de los trabajadores se vería recortada sustancialmente –posiblemente a cero.
Los trabajadores que no ven futuro para su empresa preferirían el período más largo de protección social. Por otro lado, quienes piensan que su empresa tiene futuro no la pondrían en peligro votando para liquidarla.
Si se lo calibra adecuadamente, un plan de esta naturaleza podría separar a las empresas zombis de las firmas que serían saludables si no estuvieran afectadas por los efectos de la pandemia. Esto se conseguiría haciendo explícito el costo de los subsidios: más apoyo hoy implica que los gobiernos pueden tener menos capacidad fiscal para ayudar a los trabajadores mañana.
Por último, pero no menos importante, este sistema empoderaría a los trabajadores. Muy a menudo, los empresarios y los gerentes usan la amenaza de despidos masivos para obtener grandes subsidios no garantizados. Esta vez, los trabajadores deberían poder decidir si esta asistencia está justificada.
Luigi Zingales is Professor of Finance at the University of Chicago and co-host of the podcast Capitalisn’t.