Bill Clinton nos dice una y otra vez en My life que ningún gobernante puede pretender tener políticas (policy) sin política (politics). Desde el punto de vista de las políticas, el récord del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero es verdaderamente impresionante. Nunca en la historia reciente de este país se habían acometido tantas y tan necesarias reformas en los ámbitos que realmente preocupan a los ciudadanos. Por recordar algunas de las más señeras de todas ellas, se ha aprobado una ley de dependencia que empieza a sentar las bases del llamado cuarto pilar de nuestro Estado de bienestar; se han adoptado normas que refuerzan a los consumidores frente a los abusos de las grandes corporaciones; se han extendido los derechos civiles, entre otras, a través de la ley del matrimonio homosexual; y se ha tomado en serio, por primera vez en nuestra democracia, el problema de la igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo no solamente una ley en este terreno sino también toda una serie de prácticas (como, por ejemplo, la paridad en el Consejo de Ministros, o en las listas electorales del partido que sostiene al Gobierno) que están empezando a desarrollar una cultura de la igualdad en España.
Zapatero pasará a la historia por la amplitud y extensión de todas estas reformas de contenido social que están cambiando, por fortuna para todos, la faz de este país. Ello no solamente nos sacude la caspa que había caído sobre nuestros hombros tras ocho años de Gobiernos del PP, sino que, además, demuestra que efectivamente era posible avanzar todavía más en terrenos en los que todo el mundo decía que España había llegado hasta el límite de sus posibilidades.
No parece, sin embargo, que haya cara sin su correspondiente cruz. Del lado no de las políticas, sino de la política, la ejecutoria de este Gobierno tiene zonas algo más oscuras. Y ello es problemático porque, si entiendo bien el dictum de Clinton, cualquier esfuerzo por hacer buenas políticas quedará irremisiblemente ensombrecido en ausencia de una buena política. De hecho, este presidente americano achacaba precisamente a esta cuestión una derrota suya en las elecciones a gobernador del Estado de Arkansas. Concretamente, Clinton cuenta cómo tiempo después de haber perdido la elección a gobernador, se encontraba repostando gasolina en un pueblecito de este Estado del sur de Estados Unidos. La persona que le atendía le dijo que no había votado por él, a pesar de lo cual sentía mucho que hubiera perdido. Clinton, escamado, le preguntó que cómo era posible que ocurrieran las dos cosas a la vez, que por qué siendo seguidor suyo no había votado por él. El dependiente le repuso sin pestañear que la razón era muy simple: porque había subido los impuestos de matriculación de coches en el Estado de Arkansas. Efectivamente, Clinton tuvo que implementar esta medida para hacer posible toda una serie de inversiones estatales en materia de educación e infraestructuras viarias, ámbitos en los que el Estado de Arkansas se había quedado atrás. ¿Cómo es posible que la gente no aceptara una pequeña subida en el impuesto de matriculación a cambio de obtener un gran beneficio social para todos? Clinton responde: "Porque no supe explicar la necesidad de esta medida".
La estrategia de comunicación de este Gobierno (lo que equivale a decir: su estrategia de explicación a la ciudadanía de por qué hace lo que hace) está presidida por la elaboración de una ley (la de Publicidad y Comunicación Institucional) que algunos consideran "modélica". Pero el resultado de este "modelo" es que mientras que el Gobierno tiene un brazo atado a la espalda a la hora de dar publicidad (lo que equivale a decir: dar explicaciones e información) de lo que hace, todos los demás actores políticos españoles hacen lo que quieren cuando quieren en este terreno: como muestra, invito a todos los que no viven en Madrid a escuchar, algún día que estén de paso por esta ciudad, la campaña de martilleo manipulador a la que nos está sometiendo el alcalde de Madrid con sus polémicas obras de la M-30 y aledaños. ¿A qué responde esta disparidad? Según un representante del Gobierno, a un detalle técnico: la ley que regula esta cuestión no da instrumentos a la Comisión de Publicidad Institucional para retirar las campañas que realicen ayuntamientos o comunidades autónomas. Pero es posible pensar que lo del detalle técnico sea lo de menos, y que lo que ocurra en realidad es que el Gobierno haya confundido dos términos que a menudo van unidos pero que son perfectamente separables: publicidad y manipulación.
La razón por la que es no ya recomendable, sino más bien obligatorio, que un Gobierno dé publicidad de las iniciativas que tome tiene mucho que ver con la democracia. Y es que en sociedades complejas como las que vivimos no puede pretenderse que la gente vaya por ahí leyendo el BOE para enterarse de cuáles son las políticas que se van adoptando en su beneficio.
Existe además una cierta atonalidad en la forma en la que el Gobierno se comunica con los ciudadanos. De lunes a jueves es la voz de algún representante del partido que sostiene al Gobierno en el poder la que se escucha; esta voz contrasta, tanto en sonoridad como en matices, con la que oímos todos los viernes, después de cada Consejo de Ministros. Mientras que aquí suena música clásica, allí lo que suena es más bien heavy-metal. La variedad de gustos musicales está bien, si no fuera por un pequeño detalle: las afirmaciones de que el que crispa es el adversario político son mucho menos creíbles cuando entre tus propias filas empleas sonidos semejantes. Da la sensación, en definitiva, de que ante la estrategia de crispación en la que lamentablemente está atrapado el Partido Popular, el Gobierno no acaba de encontrar ni la música ni la letra de su respuesta.
Está, finalmente, la iniciativa que el presidente del Gobierno ha aceptado de someterse, por primera vez en democracia, a las preguntas de todo un conjunto de ciudadanos en un programa de televisión. El formato del programa en cuestión no es precisamente el que más favorece al Gobierno (y sí mucho a la oposición). Por definición, los ciudadanos tenderán a preguntar al que gobierna sobre el "qué hay de lo mío", ante lo que el gobernante, también por definición, solamente podrá contestar de manera vaga y general. A pesar de ello, la iniciativa introduce un nuevo aire en nuestra política, y vale en tanto en cuanto obliga a los políticos a acercarse a los ciudadanos y a emplear un lenguaje y unos modos más cercanos al común de los mortales. Nunca agradeceremos suficientemente a Zapatero el haber dado este paso tan arriesgado. Por ello sorprende que el Gobierno sea tan pacato a la hora de abordar otros aspectos de su política de comunicación.
Antonio Estella, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.