El dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 ha puesto de relieve una situación que, sin duda, ha de tener consecuencias políticas ineludibles, que serán valoradas y determinadas en sede parlamentaria en próximas convocatorias. A la pésima gestión de la crisis y la más lamentable gestión de los transportes de los militares que enviamos a misiones fuera de España, se añade la carencia de mecanismos solventes de atención a las familias.
El ministerio de Defensa y sus máximos responsables, no han sabido o querido entender que la atención a las familias de los militares ha de ser una prioridad. Como tal hay que abordarla y tratarla. Sin embargo, la relación con las familias se ha limitado en el mejor de los casos, a un acercamiento puntual, siempre ligado a los momentos de mayor incidencia mediática. Las familias eran atendidas, en muchas ocasiones en los primeros momentos, para trasladar una imagen conveniente, a la que no se seguía ninguna acción posterior de acompañamiento, reconocimiento y apoyo o de esclarecimiento de los hechos. En algunos casos —y el del Yak-42 lo es— incluso se demonizaba toda opinión o actuación de los familiares si era de carácter crítico o discrepante de la explicación oficial de lo sucedido. Recuerdo en este sentido, lo acontecido en relación con el fallecimiento de 17 militares españoles en Afganistán, o el caso del fallecimiento de otros dos militares españoles y dos alemanes en Bosnia. El trato a las familias fue verdaderamente lamentable.
En los últimos tiempos, tenemos el ejemplo del comportamiento del Ministerio de Defensa en relación con la muerte del cabo Soria. El día 28 de enero se cumplirán dos años, sin que la causa penal avance como consecuencia de la falta de información de Israel y la postura del Gobierno español, que consideró que satisfecha la indemnización, no había más responsabilidades que exigir a los autores de ese gravísimo hecho que se llevó por delante la vida de un joven militar español.
Todos estos casos, como también en el asunto del Yak-42, ponen de manifiesto que a los que gobiernan en cada momento, atender a las familias les incomoda y les complica su acción política. Además, en muchas ocasiones los mandos militares tampoco están a la altura. No han entendido que la atención a las familias ha de ser cercana, personal, directa y personalizada. Además, ha de prolongarse en el tiempo todo lo que sea necesario.
Algunos intentos de paliar estas situaciones han sido verdaderamente insuficientes y sobre todo ineficaces. Carme Chacón creó la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas, en el año 2010. Pero ni su nivel orgánico ni las funciones que le fueron asignadas pueden colmar las necesidades de las familias de los militares heridos o fallecidos por circunstancias del servicio o en zona de operaciones. La orden ministerial, loable en su creación, se convirtió en una declaración de intenciones que no tenía en consideración que muchos de los apoyos que precisan las familias inciden de forma directa en competencias de las comunidades autónomas, incluso en aspectos de gestión municipal. Por otra parte, la iniciativa nació lastrada por el hecho que se diferían las acciones a los órganos designados por los ejércitos, o lo que es lo mismo, no establecía mecanismos reales de seguimiento y de control de los procesos de toda índole, derivados de este tipo de situaciones traumáticas para las familias.
Ya es una cuestión enquistada que los recursos de apoyo a las familias de los militares estén dispersos y se deriven a cada ejército.
Cospedal tiene una magnífica oportunidad para abordar, de una vez por todas, la creación de un órgano central de suficiente nivel orgánico, dotado de presupuesto y servido por profesionales especializados —con o sin uniforme— que aglutinen todas las medidas de apoyo a las familias de los militares. Un órgano que no dependa de los ejércitos, un órgano que dote a las delegaciones y subdelegaciones de Defensa, de equipos de atención directa a las familias, en perfecta coordinación con el ministerio de Defensa, los ejércitos y con los órganos autonómicos y locales, en los que puedan radicar las competencias específicas y los servicios de empleo, vivienda, educación, servicios sociales, familia y sanitarios.
Eso sí, no se trata de crear una nueva unidad militar, ni de mantener la exigua atención a las familias como si de una acción militar más se tratase. De lo que se trata es de dignidad y de personas. Y en esto no hay atajos, no cabe equivocarse porque lo que está en juego es la vida de las familias de los que han dado la suya por su país.
Mariano Casado es miembro del Observatorio de la Vida Militar, dependiente de las Cortes Generales, y adjunto a la secretaría general de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles).