Atrapados en nuestra Transición

Uno de los preceptos que más extraña de la Constitución española es el relativo a la reforma de determinadas partes de la misma al requerir la disolución de las Cortes que inicien y adopten la reforma y la convalidación de la misma por unas nuevas Cortes. El artículo 168 es una rémora para afrontar la evolución normal del ejercicio de la soberanía. Recuerda el “atado y bien atado” del franquismo en una operación sibilina para perennizar un periodo: el de la Transición, un tiempo en el que seguimos atrapados. Se tomó así como rehén a la soberanía nacional.

Quienes desde hace tiempo nos dedicamos al Derecho de la Unión Europea nos hemos habituado a reformas periódicas de gran calado de los Tratados que conforman la UE -cada cinco años de media-, y algunas de ellas constituyen grandes saltos cualitativos, a modo de una revisión general, como fueron los Tratados de Maastricht (1992) y de Lisboa (2007). También vemos como algo normal de la vida de las democracias europeas sus frecuentes reformas constitucionales, las más de las veces motivados por sus propias necesidades políticas y en ocasiones propiciadas por reformas de la UE. En España, es bien sabido -y lo recordó recientemente Jorge de Esteban en un magistral artículo (EL MUNDO, 16 de julio)- que en 40 años hemos hecho sólo dos -parcas reformas formales- y exigidas por Bruselas.

SANTIAGO SEQUEIROS
SANTIAGO SEQUEIROS

Las reformas de los Tratados llevan su tiempo, sí, pero no tanto; y se siguen haciendo otras muchas tareas a la vez. En general, desde que se solicita hasta la adopción del texto final por unanimidad el proceso suele durar de 12 a 15 meses. Hay que añadir otro año para su entrada en vigor por las necesarias ratificaciones parlamentarias de los 28 Estados, si bien esta fase no es aplicable a una Constitución nacional, por lo que aparentemente una reforma de la UE parecería más complicada que reformar la Carta Magna española. Sin embargo, el sistema de reformas de la UE ha demostrado ser bastante flexible y dinámico al servicio del interés general europeo.

Hay varias claves políticas de la diferencia de dinamismo europeo y el inmovilismo de España. Primero, en la UE para iniciar una reforma basta la mayoría simple de Estados; es decir, no se exige que estén de acuerdo en iniciarla ni la mayoría absoluta ni la cualificada. No caben vetos de ningún Estado o institución. Segundo y más importante, en ese acuerdo para abrir la puerta a la reforma de los Tratados no se exige una agenda previa ni cerrada, ni condiciones específicas ni límites que predeterminen el diálogo negociador. Tercero y esencial, no se exige que antes de negociar haya consenso previo sobre el fondo.

Me deja perpleja la irracional condición que ponen nuestros políticos de que haya consenso previo sobre los temas y su redacción final antes de abrir el periodo de reforma. En España se niega la esencia y razón de ser de la negociación como análisis de propuestas y contrapropuestas hasta lograr un entendimiento. El acuerdo por mayoría cualificada -lo único que exige la Constitución- tiene que ser el resultado previsible de abrir el proceso de negociación para la reforma constitucional. Tras esa rigidez se esconde una mentalidad propia de adhesión incondicional a una parte, al partido único. En una sociedad democrática y plural nadie puede imponer a los demás sus premisas como única opción previa a la reforma.

En la UE y en los Estados democráticos europeos, salvo España, la norma fundamental se supedita y sirve a la evolución social y política de cada colectividad. Las reformas constitucionales sirven para facilitar la convivencia o responder a los cambios sociales, para favorecerlos en constante progreso, para que todos se sientan cómodos tanto con la semántica (a veces de nula corrección político-social en la nuestra) como en las cuestiones de fondo. Un pueblo soberano se sirve de la Constitución, los ciudadanos no son sus siervos. En el resto de Europa no hay drama alguno por reformar la Constitución o los Tratados de la UE, ni oscuras intenciones ni vetos permanentes a la hora de acomodarlos a los tiempos y sensibilidades sociales. La clase política dominante hasta ahora -PP, PSOE y los partidos nacionalistas- se ha aferrado a una Constitución que le ha reportado durante 40 años inmensos beneficios de poder político y económico, un poder judicial dependiente y la impunidad para su corrupción. ¿Para qué modificarla? No les importa que España reviente por una sociedad seducida por la demagogia populista e impotente ante la ruptura de la unidad nacional.

En la UE y en otros Estados democráticos europeos, los Tratados y normas constitucionales son una construcción intergeneracional constante. Cada generación se siente implicada en la estructura estatal y en su acomodo y mejora; es una tarea colectiva y constante. En España ninguna Constitución ha sido un puente intergeneracional, siempre ha sido una imposición de una generación sobre la siguiente (en el caso de aquellas constituciones que lograron durar una generación…). Por ello, en dos siglos hubo nueve entierros de la democracia española. Ninguna Constitución de España fue reformada, todas fueron abatidas de cuajo.

Dados los cambios en la sociedad española del siglo XXI, harta de los desmanes de PP, PSOE y nacionalistas, desmoralizada por las conductas de las franquicias de Podemos (Barcelona, Madrid…) imitando el sistema clientelar contratando a cónyuges, parientes y amigos, debe aprovecharse lo que queda de legislatura para, en vez de aprobar leyes de pésima calidad técnica que son fuegos artificiales para adorno del Gobierno, reformar el artículo 168 y dejar encarrilada la futura reforma de la Constitución. Hay que ilusionar a la sociedad desarbolando el cerrojo de este artículo en el sentido que proponía el catedrático Jorge de Esteban: limitándolo a las revisiones generales.

Un error de los tres últimos presidentes del Gobierno ha sido negarse a la reforma constitucional. Debió hacerse en el segundo mandato de Aznar y no se habría estrellado apoyando una decisión ilegal que ha desestabilizado el planeta. Su excusa era que mientras ETA asesinase no habría reforma, dejando una decisión de la soberanía nacional en manos de la organización criminal. Perplejidad total. Zapatero lo intentó encargando serios estudios al Consejo de Estado, pero quedó noqueado por su insensatez ante la cuestión catalana y la crisis de la deuda y bancaria. Rajoy tampoco ha afrontado las reformas del Estado abordando la crisis de forma injusta y antisocial ni ha puesto la bases de la regeneración moral; con su negativa a reformar la Carta Magna ha negado protagonismo a las generaciones de la post Transición, arrojándolas a los brazos del populismo y, además, ha impedido el diálogo con las fuerzas catalanas para sentir, con el referéndum constitucional, la nueva legitimidad, como han sugerido grandes juristas (por ejemplo, S. Muñoz Machado). Esta desidia por la reforma constitucional nos lleva ahora a una situación de vértigo. No hemos salido plenamente de la crisis, los populismos chavistas aumentan la desconfianza en España y los partidos independentistas tienen fecha para la cuenta atrás de la “desconexión” del Estado.

Lo que ha dado un hueco en la historia de España a los presidentes Adolfo Suárez y a Felipe González fue que supieron afrontar simultáneamente, además de la gestión ordinaria, grandes tareas de Estado: hacer una Constitución y desarrollarla, negociar el ingreso en la UE para dejarnos situados junto a la locomotora de la integración, transformar internamente las estructuras, antes dictatoriales, en democráticas y afrontaron la crisis económica modernizando la economía y la sociedad. El presidente Rajoy afirmó que sólo podía hacer una cosa, afrontar la crisis, y que los demás problemas se resolverían bíblicamente por añadidura. En los próximos meses estaremos al borde del abismo y todos vamos a sentir vértigo.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y D. I. Privado de la Universidad Complutense de Madrid.

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