Aulas y control ideológico

Durante los últimos meses, y coincidiendo con las diversas medidas de confinamiento ocasionadas por el Covid-19, se ha tramitado, y ayer aprobado en el Congreso, sin ningún tipo de negociación ni participación de los organismos y asociaciones relacionados con esta materia, una nueva ley orgánica de Educación (Lomloe), sobre la que conviene recordar datos objetivos y relevantes. A partir de la Ley General de Educación de 1970, en los últimos 40 años España ha pasado por cinco leyes educativas distintas: la Loece en 1980, la LODE en 1985, la Logse en 1990, la LOE en 2006 y la Lomce en 2013. Todos estos cambios, unidos a la llegada de la escuela concertada y a las transferencias en educación a las comunidades autónomas, han ido configurando el sector tal y como lo conocemos hoy. Y todo ello, partiendo de las premisas del artículo 27 de nuestra Carta Magna, que establece el derecho universal a la educación; el reconocimiento de la libertad de enseñanza; su objeto orientado al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales; el derecho, garantizado por los poderes públicos, que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones; la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica; la programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados; y la libertad de creación de centros docentes.

Aulas y control ideológicoLos conciertos educativos surgieron en 1985. El gobierno socialista de la época quería universalizar la educación pública y hacerla gratuita, pero carecía de colegios públicos suficientes para llevar a cabo esta medida. Por ello, y a cambio de financiar las retribuciones de los docentes y otros gastos generales, se permitió que algunos centros privados entraran a formar parte del sistema público en los niveles educativos obligatorios, en igualdad de derechos y deberes. Se calcula que alrededor de seis de cada diez centros concertados pertenecen a la Iglesia católica y el resto, a cooperativas y otras asociaciones de diverso tipo.

Según los datos más recientes del Ministerio de Educación, existen un total de 9.317 centros privados (concertados y no concertados) que imparten enseñanzas no universitarias en nuestro país. De ellos, 4.595 imparten exclusivamente Educación Infantil, 454 centros tienen Educación Primaria y además pueden impartir Educación Infantil, 1.591 cuentan con los tres niveles obligatorios (Infantil, Primaria y ESO), 900 imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional y 1.480 incluyen todos los niveles formativos en su oferta académica. Además, el número de colegios privados o concertados que ofrecen formación específica para alumnos con necesidades educativas especiales (282 centros) es superior a la oferta pública (201 centros).

Con apoyo en datos objetivos y realistas, a lo largo de los 35 años de trayectoria, la educación concertada se ha mostrado muy beneficiosa para la sociedad como consecuencia de una serie de factores contrastados: por una parte, debido al respeto al ideario propio, de modo que se garantiza la elección de centro de acuerdo con las convicciones de los padres. Lo que también, por cierto, debería darse en el caso de la educación pública. Por otra parte, los colegios concertados pueden ofrecer una amplia variedad de actividades tendentes a mejorar las habilidades intelectuales y creativas de los alumnos y, en general, las que fomentan la socialización y el trabajo en equipo. A su vez, se promueve en la educación concertada el libre acceso con carácter general, con unas normas de selección notablemente menos excluyentes que los centros privados, ni dependientes de la localización o el lugar de residencia de los alumnos como en los públicos. Adicionalmente, se trata de una enseñanza más individualizada, con un refuerzo contrastado en las carencias que se perciban en los alumnos. Y a diferencia de los privados, al ser centros sin ánimo de lucro, la totalidad de la financiación, tanto pública como privada, está destinada a mejorar los diferentes aspectos de la escuela para ofrecer una mejor educación. Sin opción a cierre por deficientes resultados o situación patrimonial ni a favoritismos de ningún tipo. Finalmente, se trata de centros integrados, con impartición de las distintas etapas de educación en un mismo emplazamiento, evitando a las familias problemas logísticos y de adaptación.

Todo esto es lo que pretende echar por tierra el Gobierno ante la fuerte caída de la natalidad, lo que le hace pensar que puede cubrir todas las plazas necesarias con la educación pública, además de asegurar así su objetivo de control ideológico y de principios estatales alejados de los deseados por las familias en su legítimo derecho aun a costa de un mayor esfuerzo presupuestario soportado por el conjunto de los ciudadanos, también por parte de aquellos cuyos derechos se van a ver conculcados.

Al haberse demostrado que los centros concertados ofrecen una educación eficiente, moderna y con recursos que dan a las familias una mayor oportunidad de impartir a sus hijos una educación de acuerdo con sus criterios y convicciones, y por otra parte si uno de los indicadores de eficiencia y bienestar de una sociedad radica en disponer de una amplia y creciente clase media, debe concluirse con buen criterio que la escuela concertada constituye una realidad positiva y beneficiosa. Y ello, independientemente de su carácter confesional o no, y del hecho de ser mixta o diferenciada, de nuevo en el respeto al artículo 27.3 de la Carta Magna, que bajo ningún aspecto puede conculcarse. Y menos aún, por criterios ideológicos o de sectarismo del tipo que sean, ajenos a las convicciones de los padres.

Esta caracterización positiva de la educación concertada no nos debe hacer olvidar los dos peligros a los que se ve sometida y que son especialmente nocivos en una sociedad moderna y eficiente que busca el desarrollo de sus ciudadanos con criterios de igualdad y transparencia. Primero, el persistente intento por parte de algunos gobiernos de hacer prevalecer una ideología específica, inadmisible, en la educación pública. Y segundo, la falta de efectiva puesta en práctica del llamado «cheque escolar», al objeto de compensar a las familias lo no abonado por el Estado en la finalidad de no verse obligadas, en el marco de crecientes dificultades económicas y presupuestarias para la clase media, a aportar de sus propios fondos cantidades de las que están exentas de pago las familias de la educación pública.

Santiago Jáuregui es Doctor en Derecho y economista.

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