¿Aumentar la edad legal de jubilación?

La reforma consistente en aumentar la edad legal de jubilación no suscita ningún entusiasmo entre los trabajadores, principales interesados, según han manifestado repetidamente las organizaciones que los representan. Obtiene, por el contrario, un apoyo entusiasta por parte de un selecto grupo de economistas y de las patronales. Una medida controvertida, por tanto, que, salvo acuerdo entre los agentes sociales, actualmente improbable, se impondrá por decreto, porque, se dice, es necesaria.

¿Es realmente necesaria? Una medida lo es si su adopción resuelve al menos un problema, sin provocar excesivos daños colaterales. ¿A qué problemas daría solución esta reforma? Pasemos revista a los que se citan con más frecuencia.

A mayor esperanza de vida, más trabajo. Una idea muy extendida es que las dificultades de los sistemas de pensiones provienen exclusivamente de la demografía. Un ministro de Trabajo francés lo expresó hace poco con la máxima brevedad y contundencia: “A problema demográfico, solución demográfica”. Siendo el “problema”, el aumento de la longevidad.

Es cierto que vivimos más años y es muy probable que la esperanza de vida después de los 65 años siga aumentando. El INE anticipa que la de los hombres pasará de los 17,8 años actuales a 21,9 años en 2048, y la de las mujeres de 21,8 a 26,2 años.

¿Qué sociedad es la nuestra, que puede transformar uno de los mayores logros de la humanidad en un problema? Es evidente que se pueden plantear diversas formas de distribuir el tiempo del que dispondremos. ¿Cuánto vamos a dedicar a trabajar más y cuánto a ocio, a la familia, a la colectividad o al enriquecimiento personal? Es una cuestión importante, que exigiría un debate en la sociedad para contrastar las preferencias individuales, las consecuencias sociales y los costes de las diferentes opciones; que exigiría también soluciones que respetaran la libertad de elegir y las diferencias de penosidad y de apego al trabajo concreto de cada uno.

Tengo amigos catedráticos que pelean en los tribunales su derecho a seguir trabajando después de los 70 años y otros, en diversas profesiones, que, con solo algo más de 50, sueñan con una jubilación anticipada.

Evitar el déficit del sistema público de pensiones. El problema es potencial, es decir, que se pretende evitar o reducir un posible déficit futuro. Porque, en estos momentos, no existe déficit y disfrutamos de uno de los sistemas de pensiones más saneados y mejor gestionados de toda la Unión Europea. Italia y Francia, por ejemplo, están en peor situación, tanto en presente como en perspectivas de futuro, lo que, curiosamente, no parece inquietar a los mercados.

El déficit es potencial, como lo era en 1995, pero admitiendo que pueda darse, su causa principal no sería la mayor longevidad, responsable solo de aproximadamente el 16% del crecimiento de la población de 65 o más años de aquí a 2049. El aumento futuro de la población mayor se explica, sobre todo, porque irán llegando a la jubilación las generaciones numerosas nacidas entre 1950 y 1976, época de alta fecundidad en España. Se trata de personas que han cotizado normalmente, de acuerdo con las reglas que imperaban cuando eran activos, que han cumplido su parte del contrato entre generaciones y que ahora pueden ver frustradas sus legítimas expectativas. Romper el pacto generacional, del que el Estado es garante, es una cuestión importante, que debe ser tratada con suma precaución.

Cuando las personas que llegarán a la jubilación en los próximos años trabajaban, cotizaban en función de la proporción de mayores, entonces inferior a la de ahora. En un sistema de capitalización hubieran tenido que contribuir bastante más, lo que hubiera provocado una presión al alza de los salarios, con efectos negativos sobre la competitividad de las empresas españolas. Incluso, en el improbable supuesto de que los trabajadores hubieran sido los únicos beneficiarios de la menor cotización, el efecto sobre la demanda, debido a su elevada propensión al consumo, beneficia a la economía española.

Algunos economistas (como R. Lee y A. Mason) han estudiado los periodos en los que la carga de dependientes crece menos que la de los activos, lo que ha ocurrido en buena parte de la vida laboral de los que ahora se jubilan, y acuñado el término de “dividendo demográfico” para designar los efectos positivos que esta situación produce sobre el crecimiento económico.

Es la medida de mayor eficacia. El argumento de la eficacia es de los más utilizados cuando el objetivo es reducir el déficit. Si aumenta la edad de jubilación, disminuye el gasto, porque se reduce el número de jubilados, y aumenta la recaudación porque las personas de 65 y 66 años pasan de jubilados a cotizantes. No hay duda de que el gasto se reduce.

Por ejemplo, si los hombres se jubilaran a los 67 en vez de a los 65 años, en las condiciones actuales casi todos verían reducida su pensión en aproximadamente un 11% (dos de los casi 18 años de media que les queda por vivir a los 65 años). Se trata de un valor promedio: perderá una proporción mayor de la jubilación quien viva menos que la media y menor quien supere la media.

Esta circunstancia no sería contraria a la equidad si las diferencias de mortalidad fueran aleatorias, es decir, si cada uno tuviese inicialmente (a los 65 años) la misma probabilidad de morir a cada edad: todo dependería entonces del destino.

Pero sabemos que no es así; existen diferencias apreciables de esperanza de vida según la categoría social. Los pobres viven menos que los ricos y el aumento de la edad de jubilación es una medida que perjudica más a los más desfavorecidos. Como, además, suelen tener pensiones más bajas, el ahorro real resultará menor que el estimado sin tener en cuenta las diferencias de mortalidad.

En cuanto a los ingresos, aumentarán si aumenta el número de ocupados que pueden cotizar. Tiene que haber trabajo para los que retrasan la jubilación sin generar paro en otros grupos de edad, para lo que sería necesario crear unos 500.000 nuevos puestos de trabajo, con los datos de 2010 (admitiendo una tasa de empleo del 60% entre 65 y 67 años) llegando hasta 730.000 en 2049.

Por tanto, parte del efecto que se atribuye al retraso de la edad de jubilación depende, en realidad, de la posibilidad de crear empleo. Alejar la jubilación no crea empleo automáticamente y, teniendo en cuenta que en España los niveles actuales de paro y de inactividad son muy elevados, las empresas no encontrarían obstáculos, por el lado de la oferta, para crear empleo, se retrase o no la edad de jubilación. La rebaja de las pensiones futuras queda como el único efecto claro de la reforma propuesta.

El retraso de la edad de jubilación puede ser una medida injusta, y resulta además engañosa, porque sus efectos sobre el déficit son más limitados de lo que se dice, al reducir las pensiones más bajas y al no incluir los ingresos generados por un hipotético aumento del número de cotizantes, que en ningún caso se deriva de la reforma.

¿Y los mercados? Hasta ahora, no han reaccionado en el sentido esperado ante las medidas de ajuste en nuestro país, o en otros, igualmente objeto de la atención preferente de los especuladores. Resulta poco creíble que el anuncio de que nos vamos a jubilar dos años más tarde vaya a lograr el milagro de aplacar a la fiera.

Reformemos el sistema de pensiones, si es necesario, pero hagámoslo sin excesivas prisas, porque nada justifica la urgencia, con transparencia sobre sus efectos, con debate y acuerdo social y no a base de infundir miedo mediante engaños o medias verdades y de denigrar injustamente nuestro sistema público actual, socavando su credibilidad.

Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo y economista.

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