El 2022 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador: 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales. Se cumplió, además, el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, en un contexto de polarización, desencuentros políticos y quiebres tras un virulento paro nacional.
Ante eso, la apuesta del gobierno de Lasso es la consulta popular, a realizarse el 5 de febrero, cuando también se elegirán las autoridades locales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El gobierno impulsa la consulta con el argumento de que aprobar los cambios que plantea es el primer paso para resolver los problemas más profundos relacionados a la inseguridad.
Y para eso, la pregunta estrella del gobierno es si los ciudadanos están de acuerdo en que se permita la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados al crimen organizado.
En un contexto de tanta violencia —masacres carcelarias, sicariatos, atentados contra los candidatos a las elecciones seccionales, cuerpos colgantes y coches bomba—, la pregunta parece retórica. Que se pueda extraditar a criminales que están detrás de la violencia —sobre todo a Estados Unidos— parece una opción sensata.
Sin embargo, el gobierno de Lasso no está considerando que, al usar la narrativa de que la extradición es un paso gigantesco hacia la lucha contra la inseguridad, está generando expectativas sumamente altas en una población que vive en zozobra.
Primero porque el concepto de extradición no necesariamente está claro para la mayoría de la población. Muchos pueden confundirla con expulsión, es decir, con sacar del país a aquellos personajes vinculados al crimen organizado. Eso no va a pasar.
Y el contexto tiene un peso enorme para que Lasso busque una salida que le permita, por lo menos, ganar algo de tiempo mientras busca soluciones que pueden ser de largo plazo como políticas de prevención en las ciudades más conflictivas, programas económicos enfocados en la población más vulnerable, entre otros.
En lo que va de 2023, ya ha habido atentados contra la vida de candidatos, el más reciente fue contra un candidato a la alcaldía de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, que fue asesinado en medio de un recorrido de campaña. Su asesino no podría ser extraditado a otro país pues el delito se cometió en las fronteras ecuatorianas y, por lo tanto, no habría interés ni posibilidad de que otra nación lo juzgue en su territorio.
La mayoría de personas que cometan delitos comunes —como sicariato o asalto con muerte— serán juzgados en el país y el porcentaje de sentenciados que podrán ser extraditados será mínimo.
¿Por qué el gobierno de Lasso plantea entonces la consulta? Más allá de que pueda tener una visión convencida de que esta es una medida adecuada, también parece una urgencia por buscar respaldos políticos, aunque estos sean un simple espejismo.
Durante el año y medio de gobierno de Lasso se ha evidenciado su enorme dificultad de generar alianzas políticas. Antes de posesionarse como presidente de la República se quebró la alianza con el Partido Social Cristiano, que lo apoyó durante las elecciones y que hoy es su opositor en la Asamblea Nacional. Además enfrentó un virulento paro nacional impulsado por el movimiento indígena, que dejó a su gobierno debilitado.
La consulta podría ser, desde la mirada del gobierno, una forma de demostrar que tiene apoyo popular. Pero esto es un espejismo. No es lo mismo apoyar al gobierno de Guillermo Lasso que apoyar una consulta cuya pregunta de arrastre —aquella que podría ser más popular y que podría generar un “sí” en las demás— ofrece solucionar los problemas de inseguridad.
Lo primero se gana con acciones concretas, con diálogo, con alianzas políticas transparentes, con respuestas claras a los problemas más profundos del país. Lo segundo, parece una acción desesperada para ganar algo de legitimidad; aunque sea breve y peligrosa pues, pasado el tiempo prudente, la ciudadanía va a exigir con más fuerza respuestas a los problemas de violencia. Y difícilmente el gobierno va a poder darlas.
Sin otras medidas de contención, de prevención y de mejora de las condiciones de vida, la extradición será insuficiente. Y la promesa de reducir los índices de inseguridad será insuficiente para un gobierno desgastado e incapaz de mirar el panorama con más amplitud.
María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.