El lendakari Juan José Ibarretxe no puede no saber que la propuesta sobre el llamado "derecho a decidir" que ha formulado en su discurso en el debate de política general en el Parlamento vasco no es manejable constitucionalmente. Ni en España ni en ningún país del mundo. No hay Constitución que contemple la posibilidad de negar la unidad del poder constituyente en el que toda Constitución se fundamenta. Esa es una contradicción en los términos que resulta constitucionalmente inmanejable.
Y esto es lo que supone la propuesta dada a conocer por el lendakari la semana pasada, que, en su núcleo esencial, no se diferencia de lo que fue el llamado plan Ibarretxe, que se acabó tramitando como reforma del Estatuto de Gernika, fue aprobado por el Parlamento Vasco por mayoría absoluta con la colaboración parcial de Batasuna y cuya tramitación parlamentaria fue rechazada por el Congreso por una mayoría abrumadora.
La propuesta de Ibarretxe descansa en que los ciudadanos vascos no forman parte del pueblo español, sino que constituyen un pueblo distinto del pueblo español, que es titular de un poder constituyente originario exactamente igual que lo es este. O dicho en otros términos: la propuesta excepciona la vigencia del poder constituyente del pueblo español para el País Vasco.
La propuesta es independentista en sus fundamentos, aunque no en sus resultados, ya que, hasta la fecha, el lendakari no ha propuesto que el País Vasco se constituya en Estado independiente, pero sí que defina unilateralmente los términos de su relación con el Estado español.
Esto, insisto, no es manejable constitucionalmente. La propuesta no se podría instrumentar como reforma de la Constitución, sino que supondría un cambio de Constitución. En consecuencia, es algo que ningún Gobierno de la nación puede entrar siquiera a tomar en consideración. Entrar a negociar con base en dicha propuesta sería un caso de impeachment, de exigencia de responsabilidad penal en los términos previstos en el artículo 102.2 de la Constitución.
No hay, pues, en el marco de la Constitución española, respuesta jurídicamente posible para la propuesta del lendakari. Únicamente cabe una respuesta política, y política en el sentido más fuerte del término: esto es, una respuesta que exigiría un nuevo ejercicio del poder constituyente tanto en el País Vasco como en el Estado.
Hay que tener una legitimidad enorme para poder hacer un planteamiento de esta naturaleza. Ahora mismo, el lendakari carece de dicha legitimidad. No hay en el País Vasco una demanda abrumadoramente mayoritaria que justifique la propuesta de Ibarretxe. La evidencia empírica de que disponemos nos indica lo contrario. Tras el rechazo del primer plan Ibarretxe por el Congreso, el lendakari disolvió el Parlamento y convocó unas elecciones que eran, políticamente, un referendo sobre su propuesta y sobre el rechazo que había tenido en el Congreso de los Diputados, y los resultados, en términos políticos, fueron inequívocos: el lendakari tuvo menos apoyo en esa consulta del que había tenido en la anterior.
Nada permite pensar que, desde entonces, han cambiado mucho las cosas. Y en el caso de que hayan cambiado algo, es en una dirección opuesta a la que pretende seguir el lendakari. No solo no ha disminuido en lo más mínimo el rechazo a la propuesta fuera de las filas nacionalistas, que constituyen casi la mitad del cuerpo electoral del país, sino que hay un sector muy amplio, que puede constituir casi el 50% de la propia militancia del PNV, que tampoco está de acuerdo con ella, como han puesto de manifiesto la conducta de Josu Jon Imaz o las declaraciones del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna.
El lendakari tiene libertad para hacer la propuesta que ha hecho, pero no dispone de la legitimidad que necesitaría para intentar ponerla en práctica. Hay que tener una legitimidad enorme para poner en cuestión una legalidad democráticamente constituida. Tendría que haber un clamor extraordinariamente mayoritario en el País Vasco a favor del derecho a decidir para poder formular la propuesta en los términos en que lo ha hecho. Como ejercicio intelectual, a la propuesta de Ibarretxe no se le puede objetar nada. Como práctica política, hay que objetarle todo. Es un desvarío, como ha dicho certeramente la vicepresidenta del Gobierno.
¿Cómo puede atreverse un lendakari a iniciar un proceso que pone en cuestión el fundamento mismo del sistema político y del bloque de constitucionalidad, en el que descansa su propia autoridad, con un apoyo que va poco más allá de la mitad de los militantes de su propio partido, que en las últimas elecciones ha obtenido un tercio de los sufragios válidamente emitidos, lo que representa un 26% aproximadamente del censo del País Vasco?
La democracia no es un juego. Una autoridad no puede preguntar lo que el ordenamiento en el que su autoridad descansa no le permite preguntar. Solo en caso de conflicto extremo entre legalidad y legitimidad se pueden poner en cuestión las reglas de la democracia. No hay nadie que pueda acreditar la existencia de ese conflicto de manera objetiva y razonable.
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla.