Austeridad desde el parvulario

Siete meses de gestión del Gobierno de Mariano Rajoy han conducido irremisiblemente a la economía española a un rescate bancario, que los ciudadanos pagan por anticipado con unas estrictas condiciones de política económica impuestas por la famosa troika (Comisión Europea más Banco Central Europeo más Fondo Monetario Internacional) y a una probabilidad muy elevada de que la propia deuda soberana necesite otro rescate del Fondo de Estabilidad Financiera, a cambio de nuevos y dolorosos ajustes sobre las espaldas de los ciudadanos en educación, sanidad y bienestar social. Por más que se disfrace, es un fracaso objetivo para un equipo político que se cansó de decir a los votantes que sabía lo que tenía que hacer “porque ya lo había hecho antes”, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero era el responsable de la situación de inestabilidad de la deuda y de la recesión y que, ya constituido en Gobierno de la nación, seguía repitiendo que “haremos lo que hay que hacer”. Como si los españoles de cualquier orientación política no tuvieran ya muy claro que ni saben “lo que hay que hacer” ni tendrían la capacidad política para hacerlo en caso de que lo supieran.

Poco a poco, el discurso del presidente del Gobierno y de los muecines que vocean las consignas económicas del día ha ido virando hacia una mansa resignación y descaradas acusaciones a las instituciones europeas. El nuevo estribillo, construido para ocultar el fracaso estrepitoso de sus decisiones macroeconómicas y financieras, es una exculpación: “Hemos hecho lo que había que hacer y ahora le toca a Europa”, proclamado por todos sus ministros, desde el casi siempre desairado Guindos (los hechos nunca acompañan sus interpretaciones) hasta el locuaz García Margallo, sin olvidar al volátil Montoro, otra personalidad reñida con una realidad que siempre está fuera de su alcance.

Pero, incluso aunque se diera por buena la política económica que pretende aplicar el Gobierno, aceptación que podría discutirse por muchas razones, la primera parte de la proposición “hemos hecho lo que había que hacer y ahora le toca a Europa” es falsa. Sería más exacto decir que han hecho lo contrario de lo que había que hacer; y esta incapacidad para entender la naturaleza de esta crisis, mezcla encadenada de inestabilidad financiera provocada por la desconfianza universal en los activos bancarios y de una recesión profunda, es la que ha provocado el pasmo de las autoridades europeas (“la crisis de Bankia se ha gestionado de la peor manera posible”, aseguró Draghi) y ha forzado la intervención directa de Bruselas en la política económica española por manifiesta incompetencia del Ejecutivo. No merece la pena volver sobre la cadena de mentiras de los candidatos del PP (“no subiremos los impuestos”, “no se tocará el IVA”, “Bankia necesita una capitalización de 4.000 millones”, “los hombres de negro no vendrán a España”) porque ya son moneda de cambio corriente en los cantares del pueblo llano sobre el presidente y su equipo económico. Pero sí parece oportuno explicar que los ajustes presupuestarios que esgrime el Gobierno como prueba del “hemos hecho lo que había que hacer” son un decorado de cartón piedra, una retahíla de medidas confusas y mal cuantificadas que dañan el bienestar pero no cumplen con el objetivo de corrección del déficit impuesto por Europa y admitido por el Gobierno como pieza fundamental de su estrategia.

Para demostrarlo bastará con prestar atención al Plan Bienal de Estabilidad presentado el viernes 3 de agosto, donde se detalla la política de ajuste fiscal que pretende reducir el déficit público al 2,8% del PIB en 2014 (es decir, a cero en términos de déficit estructural). Según el plan, el Gobierno ejecutará un ajuste total de 102.149 millones hasta 2014, de los cuales 13.118 millones se aplicarían en 2012, otros 38.596 millones en 2013 y, en fin, 50.075 millones en 2014. La primera inconsecuencia grave salta a la vista. El Gobierno anuncia un ajuste que equivale al 9,3% del PIB, pero resulta que el déficit solo ha de reducirse desde el 8,9% al 2,8% del PIB, es decir, el 7,1% del PIB. Esta confusión interesada, que puede interpretarse como la sobreactuación típica de los Gobiernos del PP, se explica porque el balance real del ajuste no es de 102.149 millones, sino ostensiblemente inferior. O las cuentas están mal hechas o Rajoy ha vuelto a la vieja política de ahuecar las plumas, con el objetivo —difícil de conseguir— de sorprender en Bruselas, en Berlín y en Fráncfort.

Veamos cuál es la cuantía real del ajuste propuesto en el Plan Bienal. En 2012 se adoptan medidas que recortan el déficit (o, si se quiere, aumentan el superávit) en 13.118 millones. Y lo hacen de forma permanente, algo que es importante puntualizar. El ajuste cuantificado en 2013 será de 25.838 millones (y no 38.256 millones, como asegura el Gobierno, porque no descuenta para el año próximo el recorte efectuado en 2012) y el ajuste real de 2014 será de 11.119 millones, y no los 50.075 millones que se apuntan Guindos y Montoro por el sencillo procedimiento de no descontar los aplicados en 2012 y 2013. Dicho de otra forma, el Gobierno cuenta dos veces los ajustes de cada año y llega así a cantidades fabulosas, para regocijo de inversores y economistas. El ajuste total entre 2012 y 2014, correctamente calculado, siempre según las medidas que aparecen en el Plan Bienal, es de 50.075 millones.

Con este ajuste real de 50.075 millones, ¿se conseguirá el objetivo de déficit comprometido con Bruselas? Pues no. Un castizo diría que el Gobierno ha hecho mal las cuentas por el derecho y por el revés, de forma que es muy difícil interpretar lo que dice y lo que hace. El déficit público en 2011 se situó en el 8,9% del PIB; aproximadamente 1,8 puntos de ese 8,9% pueden atribuirse a la situación cíclica de la economía, claramente recesiva. El déficit estructural el año pasado sería pues del 7,1%. Un cálculo prudente, considerando las (sobreestimadas) medidas de ajuste fiscal del Gobierno, llegaría a la conclusión de que este año el déficit cíclico subirá hasta el 2,5%, en 2013 llegará al 3% y en 2014, de acuerdo con la mejora prevista de la economía, bajará hasta el 2,8%. Que es exactamente el objetivo de déficit exigido por la troika, todo él de carácter cíclico y, por tanto, con un déficit estructural igual a cero. Ahora bien, el esfuerzo fiscal necesario para bajar el déficit estructural desde el 7,1% del PIB a cero sería de 78.100 millones. Como el ajuste del Gobierno, bien contado, apenas sobrepasa los 50.000 millones, resulta que la sociedad española tiene que afrontar aproximadamente otro ajuste (adicional al que ya ha presentado el Gobierno) de otros 28.000 millones aproximadamente. Este es tan solo un análisis macroeconómico; la revisión de las cuentas anuales produce la misma sensación de desquiciamiento y sumas al buen tuntún.

Estamos en un universo de locos: ajustes mal cuantificados, exageraciones hiperbólicas de austeridad y, no obstante, incapacidad total para cumplir con los objetivos de estabilidad; cuentas de vidrio exhibidas como diamantes y sonajeros agitándose a todas horas (“¡Europa es culpable!”). De este plan confuso, inexplicable e inexplicado, depende buena parte de la confianza de Europa y de los inversores en la economía española. Visto lo anterior, habrá que darla por perdida. El segundo examen que determinará la credibilidad española ante un rescate de la deuda está en la transposición a la norma española de las condiciones del Memorandum of Understanding del rescate bancario, que amenaza con convertirse en otro fracaso político. Todavía no han explicado Rajoy o Guindos que el dinero europeo para salvar las entidades nacionalizadas o descapitalizadas solo se aportará a cambio de que los accionistas y acreedores (bonistas, tenedores de preferentes) acepten las pérdidas que correspondan.

Los romanos llamaban Callipide al emperador Tiberio. Decían que, como el personaje del aforismo griego, siempre estaba corriendo y nunca avanzaba. Rajoy es el Callipide contemporáneo, siempre recortando la sanidad o la educación y con un déficit público que no baja del 8%; autor de planes de ajuste acelerados y superpuestos que no se sabe si se aplican o se olvidan. Ninguna de sus reformas (tiende a considerar sus recortes indiscriminados como grandes cambios estructurales) ha servido para gran cosa. Incluso la reforma laboral amenaza con perderse en un océano de litigiosidad. El presidente prometió una “política económica como Dios manda”, pero ha servido una política económica “a la buena de Dios.”

Jesús Mota.

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