Los golpes de Estado no suceden, como en el pasado, con hechos violentos de militares. Desde hace años la toma de todos los poderes del Estado la hace el grupo de poder que ostenta el Ejecutivo con su mayoría parlamentaria.
Son autogolpes desde el Gobierno del Estado. Sin necesidad de remontarnos a Hitler, lo hizo Erdogan en Turquía, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Putin en Rusia (los cuatro acompañados de una brutal represión con eliminación criminal de la oposición), Viktor Orban en Hungría y el partido ultraconservador Ley y Justicia en Polonia. Todos llegaron al poder tras elecciones más o menos libres. Cuando se produce el autogolpe explícito o a cámara lenta (modelo europeo), la legitimidad de origen desaparece y se transforman en un Gobierno ilegítimo de ejercicio: así lo han declarado el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de Derecho Humanos sobre Polonia.
Todas las autocracias tienen en común que retuercen la Constitución y la legalidad en vigor hasta moldearlas a las exigencias del «amado líder»; se sirven de la democracia para llegar a la autocracia. El refinamiento golpista de Polonia o Hungría es el modelo seguido por el Gobierno populista de Sánchez: apoderarse poco a poco de todos los poderes del Estado retorciendo o violando de lleno la Constitución y las leyes de organización del Estado. Empezando por el Parlamento, se crea un poder fusionado ejecutivo-legislativo.
En Polonia, el Gobierno ultra polaco cambió las reglas para elegir a los magistrados modificando la composición del equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al reservarse, por diferentes vías, 23 de los 25 consejeros. A su vez, de los 15 magistrados del Tribunal Constitucional polaco, al menos 10 son del ejecutivo-legislativo.
En España es lo que el Gobierno de Sánchez quiere aprobar en estos días es la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) español por mayoría simple en el CGPJ (como ha demostrado el catedrático M. Aragón Reyes en esta Tribuna el 14 de diciembre).
En Polonia, la ministra de Justicia es también fiscal del Estado. En España lo ha sido de forma consecutiva para controlar los tentáculos de la Fiscalía. En Polonia, una ministra de Justicia fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional (lo preside incluso); también en España, el Gobierno ha propuesto al ex ministro de Justicia Campo para magistrado del TC; añadiendo, además, a la duda sobre su falta de prestigio como jurista mediocre y apenas experiencia judicial, un grave conflicto de interés, pues el propuesto es la pareja sentimental de la presidenta de las Cortes. La Justicia estrujada por el tándem ejecutivo-legislativo.
Y la otra candidata a magistrada del Gobierno, una profesora de Constitucional contratada en Moncloa para hacer las leyes que violaron masivamente la Constitución durante la pandemia, según constató en cuatro sentencias el TC. El Tribunal Constitucional quedará en manos del ejecutivo-legislador, poderes a los que tendría que vigilar, y será un instrumento para legalizar las actividades ilícitas del fusionado ejecutivo-legislativo. Ni respeto a la separación de poderes ni ética ni estética.
Yendo más lejos que Polonia, el Gobierno de Sánchez, primero, paralizó el CGPJ (y con él al Tribunal Supremo y resto de tribunales) al declararlo en funciones cuando la Constitución solo prevé esa situación y limitación de poderes para el Gobierno, violando a sabiendas la Constitución en esa ley exprés (Ley 4/2021). Claro que cuando, para sus intereses de poder absoluto, le interesó al Gobierno, éste volvió a cambiar esa ley para devolver al CGPJ, como una marioneta maleable, la competencia de nombrar a dos magistrados del TC (LO 8/2022). Solo el poder absoluto arrebata funciones de Estado y abre el grifo a su gusto e interés partidista.
Había que amedrentar a los jueces y lo hacen en la nueva reforma. También en Polonia se adoptaron medidas disciplinarias exorbitantes contra jueces -que ahora desmontan para poder recibir los fondos post-pandemia-. En España se amenaza a los consejeros de CGPJ díscolos con cárcel, al tiempo que esa ley ómnibus exonerará penalmente a los socios independentistas golpistas y malversadores.
El ejecutivo-legislativo se sirve de una presidenta del Congreso servil para manipular el procedimiento. Se colonizan todas las instituciones restantes del Estado; se asaltan las empresas con capital público -incluida la que controlará los procesos electorales- favoreciendo a sus corruptas redes clientelares. Una sola persona, con una cohorte de gregarios que comen en su mano, sirviéndose de las siglas históricas del PSOE sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad.
El Gobierno de Sánchez es el paradigma contemporáneo de la desinformación y la propaganda hitleriana-goebbeliana hasta lavar el cerebro de la ciudadanía y convalidar el desastre colectivo. Como lo hace Putin al acusar de sus propias agresiones y crímenes en masa al presidente de Ucrania, Zelenski, también el presidente Sánchez acusa a la oposición de sus propios ilícitos, pretendiendo un escudo o pantalla para exonerarse de su violencia masiva contra el Estado de derecho y la Constitución.
El presidente Sánchez y a coro sus ministros, los medios públicos y el periódico del Gobierno deslegitiman a la oposición al reprochar que ésta no apoya los proyectos del Gobierno. Esta queja se ha repetido hasta la saciedad: la oposición debe apoyar al Gobierno según Sánchez. O no existir según Franco -que es lo mismo-. El papel de la oposición no es tragar con lo que hace el Gobierno, sino hacer una crítica desde la racionalidad jurídica y política a los proyectos legislativos, presentar y debatir enmiendas.
La irrefrenable aprobación de decretos-leyes y leyes para desmontar el sistema democrático se hace como burla a la modélica transición de la dictadura a la democracia parlamentaria de la Constitución de 1978: propagan que sus reformas son «de la ley a la ley», como en la Transición. Aprobarán la reforma de innumerables leyes en menos de una semana aunque muchas sean reformas ostensibles de la Constitución misma y producirán daños irreversibles en la independencia del poder judicial (de ahí el amparo al TC solicitado por la oposición). O derogando el delito de sedición para pagar al socio independentista su apoyo a la demolición del sistema democrático; se despenaliza el golpe de Estado independentista y el suyo propio que se está fraguando en la actualidad.
No ha aprendido nada el Gobierno de Sánchez del desastre ocasionado por la reforma del Código Penal en materia de violencia sexual. Se desoyeron las advertencias del CGPJ y del Consejo de Estado y las subsiguientes opiniones letradas e informes. La soberbia y el desprecio por el pensamiento racional, propio de populistas y totalitarios, ha exonerado de toda o parte de sus condenas a pederastas, abusadores y violadores. Cien ya excarcelados y los que seguirán.
Seguramente algunos miembros del CGPJ no respetaron su obligación de nombrar magistrados del TC, pero ese probable ilícito no exonera al Gobierno de su masivo atropello a la Constitución, consumando la estrategia política de sus socios de sistemático desmantelamiento del Estado de derecho. Un territorio sin contrapesos: sin oposición, sin jueces y sin sociedad civil crítica.
Tan solo resiste, y por pocos días, el deteriorado TC. No se cortó un pelo (expresión sanchista) el Partido Socialista de Cataluña cuando en tres ocasiones solicitaron y consiguieron del TC paralizar plenos del Parlamento catalán en 2017-2018. Hoy, Sánchez y la vicepresidenta Díaz se escandalizan de esa petición del PP. ¡Acabáramos! Los derechos son solo para los que apoyan al Gobierno absoluto.
El ex presidente Juncker llamaba a Orban «pequeño dictador»; Ursula von der Leyen denominará a Sánchez ¿«el gran dictador»? No confiemos en Europa, es una tortuga. ¿Irremediable?
Araceli Mangas Martín es académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.