Parafraseando a Gertrude Stein, un golpe es un golpe. De Estado. Este en concreto, de la modalidad 'auto' porque lo está dando el propio Gobierno. O sea, autogolpe. No en un nanosegundo, como el de Sombrero Luminoso. En un proceso que está en marcha. Es conveniente llamar a estas cosas por su nombre. El uso de la palabra precisa no solo es signo de inteligencia y pulcritud; también permite que los tardos entiendan cuanto antes lo que pasa. Kelsen: un golpe de Estado consiste en modificar la Constitución por vías diferentes a las que la propia Constitución prevé.
Anteayer, en las Cortes, los golpistas acusaron de golpistas a altas instituciones del Estado y a la oposición. Es una típica maniobra totalitaria que, cuando se practica en la vida corriente, llamamos proyección freudiana. En política contribuye a la intoxicación al dibujar a las víctimas como victimarios, y viceversa.
El golpe lo encabeza Sánchez y lo da el Ejecutivo. Sus cómplices principales son los expresidiarios Otegi y Junqueras con las respectivas formaciones que presiden. Los colaboradores necesarios son variopintos, pero se les distingue por entregarse a la proyección a la vez que sus verdaderos líderes. Así el periodista de 'La Vanguardia' que ha instado a la plebe a guardar la lista de nombres de los periodistas y colaboradores de prensa firmantes de un manifiesto que advierte contra lo que Sánchez está haciendo. ¿Para qué recordar nuestros nombres? Para cuando haya un nuevo Núremberg, dice. Pedrín, todos sabemos hacer listas. Yo no las hago porque tengo una memoria prodigiosa.
El cabecilla del golpe, el sociópata en jefe, se buscó una coartada por si lo del jueves salía mal. Le vino quizá a la mente la inquietante música de Dimitri Tiomkin, y pensó en Crimen perfecto. Así como Ray Milland se va a cenar dejándole el trabajo sucio a otro, Sánchez se fue a Bruselas a decir que «la Constitución prevalecerá ante el intento de atropellar la democracia». A diferencia de lo que sucede en la cinta de Hitchcock, la democracia no le clavó las tijeras como Grace Kelly a quien trataba de ultimarla.
Es una flagrante inconstitucionalidad colar con enmiendas a una proposición de ley la modificación de dos leyes orgánicas nucleares para el sistema, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sin informes y sin debates. Lo enmendado es además una norma con la que tan importantes asuntos no guardan conexión. Inconstitucional. Tanto como renovar el TC por sextos. También es inconstitucional, como ha explicado recientemente el profesor Manuel Aragón, convertir un asunto como la designación de candidatos al TC por parte del CGPJ en una cuestión de mayorías y no de consenso. Por fin, es simplemente un engaño lo que la izquierda política y mediática está contando acerca de los mandatos caducados de varios miembros del TC. El intérprete supremo de la Constitución, que por cierto es independiente de los demás órganos constitucionales, ha adoptado resoluciones y ha dictado sentencias cruciales teniendo un cuarto de sus miembros con el mandato prorrogado durante mucho más tiempo que los que ahora sufren el etiquetaje de 'caducados'. De caducados nada.
Tampoco es de mucha ayuda la supina ignorancia demostrada por el expresidente de las Cortes, Patxi López, más la mayoría de diputados, más toda la prensa partidaria del autogolpe, más Sánchez con o sin coartada bruselense, a la hora de inventarse que el TC forma parte del Poder Judicial. Ignorancia que se regodea en sí misma con ese argumento tertuliano soltado en el Parlamento según el cual el TC no puede pasar por encima de una decisión del Congreso. Cuando precisamente una de sus principales funciones es determinar cuándo las normas legales son inconstitucionales, anulándolas. Uno ya sabe que López y su tropa no conocen el abecé del Derecho Constitucional; uno está al día del desprecio absoluto de Sánchez a cualquier norma que obstaculice la construcción de su autocracia. Pero oír a ministros o portavoces que son juristas, algunos de ellos magistrados, mintiendo al respecto sin vergüenza estaba más allá de lo imaginable. Ni respetan la ley ni se respetan a sí mismos.
Quizá lo más triste de este capítulo principal del autogolpe es lo sucedido puertas adentro en el mismísimo TC: los magistrados llamados progresistas boicotearon el pleno. El presidente pudo y debió continuar con la sesión, permitiendo que todos se retrataran. Sin embargo, se avino al aplazamiento. Lo hizo bajo una tremenda presión, mientras los portavoces del Gobierno y de sus grupos aliados les tildaban de golpistas y les amenazaban. En un calco de la gran mentira propagada por los protagonistas del anterior golpe de Estado, el de septiembre-octubre de 2017, Bolaños, ministro de la Presidencia, afirmó que «nadie puede parar una votación de diputados y diputadas elegidos democráticamente». Como Bolaños es abogado (primero de su promoción) suelta la infecta trola a sabiendas. Es una patraña con especial peligro, pues la gente se la cree al sonar tan normal. Mendaz ministro, juega usted con fuego. La verdad es que el Tribunal Constitucional sí pudo haber impedido aquella votación. En cuanto a las admoniciones al PP instándole a retirar el recurso, añade la chulería habitual del Gobierno Sánchez a la perfecta imitación del Govern Puigdemont. El PP podía recurrir y recurrió. El TC podía adoptar las medidas cautelarísimas que se le solicitaban… y aplazó. Mal asunto, porque una sombra de duda sobre su propio ser y competencias, que son indubitados, ha oscurecido el entero tribunal de garantías.
Juan Carlos Girauta