Es notorio que el Estado de las Autonomías ha llegado a una especie de frontera: no está claro que podamos seguir financiándolo ni, tampoco, que integre el gran hallazgo, la estupenda solución, que en tiempos se pensó. Hasta la fecha, la división territorial ha extraído su autoridad de un tropel de circunstancias distintas. Una de ellas, quizá la más importante, es que no se pueden cambiar las autonomías sin volver a plantearse desde cero la ubicación de los nacionalistas en España. Y lo último equivale a mentar la bicha: representa un esfuerzo para el que los partidos no parecen estar preparados, ni sicológica ni políticamente. No es esta la primera vez que un principio se proclama excelente porque causa pavor la idea de buscar otro mejor. Mientras tanto, y por la dinámica natural de las cosas, se han producido desarrollos que no solo preservan el invento original, sino que lo empujan en direcciones que los padres fundadores no habían previsto cuando redactaron la Constitución. No les voy a recordar ahora, por sabida, la historia del Estatuto catalán y su eco clónico en otras regiones. Sí quiero subrayar, aunque nadie lo ignore tampoco, que la creación de espacios nuevos ha abierto oportunidades correlativas para los partidos y agrandado extraordinariamente el tamaño de la Administración. Durante los últimos quince años, el número de funcionarios se ha multiplicado, aproximadamente, por dos. Es claro que esto solo ha sido hacedero porque, hasta el 2007, la economía también ha crecido muy por encima de la media. Al cabo, hemos asistido a la conjunción y recíproco juego de tres factores. Uno: el crecimiento permitió aumentar la oferta de servicios y el número de funcionarios, homologados con frecuencia por la puerta de atrás, esto es, sin pagar el peaje de unas oposiciones serias. Dos: el hecho de que el gasto social se verificara a través del engranaje de las comunidades autónomas prestigiaba a estas a ojos del ciudadano. Tres: el proceso democrático, en su acepción más prosaica, potenció la presencia de los partidos en el nicho autonómico, induciendo no solo un aumento de la oferta pública, sino la generación de clientelismos varios. En los momentos de mayor euforia se llegó a decir que las autonomías, las propias autonomías, engendraban riqueza. Es cierto que, de modo simultáneo, el desgobierno progresivo del Estado había empezado a levantar suspicacias entre quienes saben sumar dos y dos. Pero se ha ido tirando, porque los ciudadanos lo querían y a los partidos les convenía. Y, de súbito, se ha producido lo que en tenis llaman «muerte súbita». Falta combustible, es decir, dinero. Europa señala con su dedo acusador el monto de la deuda y apunta reservas sobre nuestra organización territorial. Al sentir la presión de ese dedo en el pecho, hemos perdido aplomo. No comprendemos bien qué ha sucedido. Tal vez nos hemos dado un Estado social que no podemos sostener; o quizá sean las autonomías las que resulten insostenibles; o acaso lo insostenible sea el agregado, el conjunto.
El diagnóstico menos equivocado es, casi con seguridad, el último: nos hemos dado un Estado social inviable con la ayuda, o el concurso, o el ímpetu añadido, del esparcimiento territorial. No es recomendable, no obstante, tomar la parte por el todo. A partir del 2010, data en que se inicia la decadencia irreversible de Zapatero, se hizo muy popular la idea de que el gasto se podría contener indoloramente aplicando la tijera a algunas exuberancias de coloración, por así llamarla, local: embajadas en el extranjero, cambio de sexo gratis en la autonomía andaluza, demasiados coches con chófer en esta administración o la de más allá. Este optimismo era por completo infundado, y contenía además el mensaje peligroso de que podríamos seguir como antes con solo desmochar las gárgolas y los grotescos remates de que estaba erizado el perfil autonómico. En rigor, el cambio de sexo gratis, las embajadas, los coches de lujo, e così via, son, económicamente, menudencias o, hablando a la inglesa, peanuts. Por supuesto, están de más. Ahora bien, no se ahorrará en serio si no se hacen dos cosas mucho más empeñosas. La primera es reducir seriamente la agenda social. Una de las razones que explican por qué las comunidades autónomas se han pasado tres pueblos en materia de gasto es que las partidas presupuestadas por los gobiernos han rebasado con creces lo que nos podíamos permitir a la vista de nuestra capacidad productiva real. Al reventar la burbuja, nos hemos encontrado con nosotros mismos: resulta que habíamos estirado el pie más del largo de la sábana. En este sentido, un sentido genérico, las autonomías han sido el instrumento del gasto, no su origen.
Sí existe una inequívoca responsabilidad autonómica en la multiplicación innecesaria de funcionarios, de los cuales tendrán que suprimirse, o sí o sí, o, formulado alternativamente, o sí o Argentina y Uruguay, unos cientos de miles. La tragedia, con todo, no es meramente autonómica. También es nacional, puesto que, detrás de los funcionarios que redundantemente pueblan las regiones, se encuentran, quitando la excepción nacionalista, los grandes partidos de ámbito español.
Hace muchos, muchos años, que escribo con despego sobre el episodio autonómico. Me apresuro a aclarar que la raíz de mi discrepancia no es económica, sino más bien moral. Me explicaré por medio de un cotejo con otros países. Por ejemplo: la descentralización americana se justifica por un motivo histórico contundente. Los USA empezaron siendo una confederación que alcanzó la unidad política bajo la figura de una federación: los estados americanos son fases ontogénicas en el nacimiento de la colosal criatura americana. Pero La Rioja o Castilla-La Mancha no cuentan con un pasado político específicamente significativo, ni en ellas se han desarrollado los reflejos y el espíritu que confieren sentido a un Parlamento propio. No son, en fin, Texas o Virginia.
¿Más? Sí, y esto que añado es, para mí, lo más desazonador. Los defensores clásicos del federalismo han alegado que el desplazamiento parcial del autogobierno a unidades más pequeñas sirve para educar al ciudadano en las virtudes de la responsabilidad política. La participación en el gobierno de las cosas que se pueden tocar con la mano moviliza facultades que permanecen inertes o como dormidas cuando el centro del poder está distante. La idea, en teoría, está muy bien. Se da la circunstancia, no obstante, de que los que decían esto —Constant, Tocqueville o, en diferido, Ortega en «La redención de la provincias»— habían tomado como punto de referencia una forma de aproximarse a los asuntos colectivos congruente con la época que les había tocado vivir. No conocían, no podían conocer, los efectos corruptores de la política social tal como esta ha venido practicándose durante los últimos decenios. Por desgracia, la descentralización nos ha sorprendido con el pie cambiado. La contigüidad entre administradores y administrados no ha servido para que los segundos controlen a los primeros, o estos eduquen a aquellos. Lo que ha ocurrido es que unos y otros, administradores y administrados, se han tomado la medida, han comprendido que sus intereses eran momentáneamente complementarios, y se han dedicado al deporte favorito de la socialdemocracia en su tramo descendente: hacerse favores trocando votos por dinero. No niego que el federalismo competitivo u otros esquemas por el estilo pudieran ser buenos también para España. Pero estoy hablando de lo que hay. Y lo que hay, qué le vamos a hacer, es lo único que hay.
Álvaro Delgado-Gal, escritor.