Agustín Ruiz Robledo

Nota: Este archivo abarca los artículos publicados por el autor desde el 1 de julio de 2007. Para fechas anteriores realice una búsqueda entrecomillando su nombre.

Hay noticias insólitas que uno piensa que son broma cuando le llegan por primera vez. La segunda vez, uno se restriega los ojos y piensa que se le escapa algún matiz; más si se trata de una noticia jurídica y su protagonista es una persona que merece consideración como jurista, tanto por proceder de uno de los cuerpos más preparados de España, la abogacía del Estado, como por haber demostrado pericia a la hora de recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Así que descarto que la denuncia que Macarena Olona ha presentado contra la alcaldesa de Salobreña sea una maniobra de distracción para disimular la ausencia de alegaciones en su expediente de inscripción indebida y me la tomo en serio.…  Seguir leyendo »

Un respeto para la ley electoral

En 1979 los diputados vascos y catalanes diseñaron sus respectivos estatutos de autonomía buscando que fueran lo más parecido a una constitución. Así, si los ciudadanos de un Estado tienen nacionalidad, los de las comunidades deberían tener algo similar; alejado de la humilde "vecindad" de los municipios. A falta de mejor palabra, usaron "condición política", término más pretencioso que el de "condición de catalanes", empleado en la Segunda República. Los demás estatutos lo copiaron pues es sabido que en España ningún político está dispuesto a aceptar "ser menos" que los catalanes, aunque no siempre sepamos qué significa eso.

¿Y qué significa la condición política de andaluz?…  Seguir leyendo »

La execrable invasión de Ucrania ha puesto de relieve, entre otras muchas cosas, algunas carencias de la Unión Europea, empezando por una eficaz política de defensa común. Pero también ha resaltado la importancia de las relaciones económicas, que en este momento de crisis se pueden usar como una eficaz arma de guerra. Y esto nos lleva a hablar de una actividad históricamente menospreciada: el comercio. Así, si uno tiene la oportunidad de visitar el excelente Museo Arqueológico de Medina Sidonia se podrá hacer una idea aproximada de cómo era la vida en la civilizada ciudad romana de Assido-Caesarina, con sólidas casas, espléndidas calzadas, eficaces cloacas y hasta juegos para niños en sus aceras.…  Seguir leyendo »

Si uno tiene la peregrina idea de pasar una de estas tardes primaverales hojeando libros de teoría parlamentaria, encontrará fácilmente que todos ellos, sean clásicos como La lógica parlamentaria de William Hamilton o de reciente publicación, como el excelente El Parlamento moderno de Ignacio Astarloa, coinciden en la esencia del sistema de gobierno parlamentario.

Esta consiste en la relación de confianza (fiducia, si nos ponemos eruditos) entre el Parlamento y el Gobierno. Una confianza que comienza en el momento en que se elige al presidente del Gobierno, bien de forma implícita en el parlamentarismo negativo británico, bien expresa en el modelo de investidura continental.…  Seguir leyendo »

El Derecho parlamentario tiene históricamente claro que las votaciones son sacrosantas. Primero se discute y luego se vota. El resultado es la voluntad de la Cámara, que vincula a todos por igual.

Las diputadas del PP Gamarra y Pastor comunican a Batet la incidencia ocurrida con el voto de Casero. E.E.

Es más. Para velar por la pureza de ese procedimiento, el Estado democrático establece una serie de cautelas. Desde las muy constitucionales de prohibir el voto imperativo y garantizar la inviolabilidad de los parlamentarios hasta los detalles reglamentarios de prohibir la delegación del voto y las entradas y salidas del hemiciclo.…  Seguir leyendo »

Los dos textos constitucionales españoles históricos que han merecido la atención detallada de los juristas de los últimos 40 años han sido, con diferencia, las Constituciones de 1812 y de 1931. El motivo principal de ese interés de centenares de especialistas españoles y extranjeros es el mismo en ambos textos: los dos intentaron, cada uno a su manera, romper con el pasado y fundar un nuevo Estado español sobre bases democráticas.

Las dos Constituciones fueron expulsadas del ordenamiento, dejándolas (como diría Fernando VII) “nulas y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”.…  Seguir leyendo »

Ante la pregunta de si existe control de constitucionalidad en España, cualquier persona medio informada de nuestro Derecho contestaría que sí, porque el Título IX de la Constitución crea un Tribunal Constitucional. Incluso podría añadir que, desde que se creó en 1980, han formado parte de él juristas del máximo nivel, empezando por sus primeros miembros, presididos por el gran Manuel García-Pelayo, hasta llegar a los actuales, comandados por dos magistrados de reconocida valía jurídica y humana: Juan José González Rivas y Encarnación Roca. Es más, el maestro García de Enterría dejó escrito allá por 1981 que “la amplitud de competencias del Tribunal español es hoy la más extensa entre las existentes”.…  Seguir leyendo »

Mientras esperamos los resultados de las elecciones de hoy martes en Madrid, producidas por el efecto mariposa de la tormenta política murciana, puede ser un buen momento para sobrevolar los enfrentamientos partidarios y estudiar el régimen jurídico que permitió un pacto para cambiar de una tacada la presidencia de la región de Murcia y la alcaldía de Murcia. Dejemos a un lado la anécdota de este caso en que se quería colocar en la presidencia del Gobierno autonómico a una afiliada de la tercera fuerza política de la Asamblea, que además era consejera del mismo Gobierno censurado. Olvidémonos también de las múltiples razones que pueden originar este tipo de pactos (nobles para los firmantes; oscuras pulsiones de poder para los adversarios).…  Seguir leyendo »

La Audiencia Nacional es, con mucha diferencia, el tribunal español más discutido tanto entre los juristas como entre los políticos.

Los partidos nacionalistas se han mostrado tradicionalmente contrarios a su existencia. Así, en otoño de 2018, el PDeCAT propuso en el Congreso de los Diputados la supresión de la Audiencia porque lo consideraba un tribunal político, sucesor de los tribunales franquistas e, incluso, de la Inquisición.

Por su parte, el PNV afirmó en la década de 1980 que la existencia de la Audiencia Nacional violaba la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Pero el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el Parlamento vasco.…  Seguir leyendo »

Algún experto constitucionalista norteamericano que haya heredado el irónico humor británico podría escribir que una de las especialidades del presidente Donald Trump es hacer divertidos regalos navideños al Derecho Constitucional, siempre al filo de lo inimaginable.

El último, al menos cuando esto escribo, es la afirmación de Trump de que podría concederse a sí mismo un indulto preventivo porque tiene “todo el derecho” a hacerlo. Una situación que parece inventada en uno de esos laboratorios de casos difíciles que son las law clinics de las Facultades de Derecho.

La Constitución americana de 1789 atribuye al presidente la capacidad de indultar, sin distinguir si esta rige antes y/o después de que el Congreso certifique que será otro quien habite la Casa Blanca:

El Presidente tendrá el poder de conceder indultos y perdones en los casos de delitos contra los Estados Unidos, excepto en los casos de impeachment (artículo II, párrafo 2).…  Seguir leyendo »

No, la prórroga de seis meses no ha convertido a España en una democracia iliberal, ni dado poderes extraordinarios a Sánchez para que gobierne como un sátrapa. Ni cerrado las Cortes. Ni ninguna otra de las muchas cosas que se han escrito y dicho estos días contra la prórroga. La Constitución garantiza bajo el estado de alarma la responsabilidad del Gobierno y el normal funcionamiento de las instituciones. Que durante el anterior estado de alarma nacional se redujera la actividad del Congreso, se legislara a golpe de decreto ley, se cerrara el Portal de Transparencia, incluso se adjudicaran sin concurso millones de euros, no fue porque el Gobierno tuviera el respaldo legal del estado de alarma.…  Seguir leyendo »

Como es de sobra conocido, Montesquieu dejo escrito en su cada vez más útil El espíritu de las Leyes que el poder judicial debía ser un “poder nulo”, la boca que pronuncia las palabras de la ley. Por eso, durante mucho tiempo los jueces eran poco menos que invisibles en nuestra sociedad; anónimos funcionarios que aplicaban las leyes aprobadas por el poder legislativo. Sin embargo, hoy ocupan las primeras páginas de los periódicos, reciben etiquetas ideológicas y algunas de sus sentencias son criticadas ásperamente, como si se tratara de documentos políticos y no de resoluciones derivadas de aplicar el ars iuris a unos hechos concretos.…  Seguir leyendo »

El parlamentarismo difuminado

En aquel tiempo, los padres constituyentes dijeron que la forma política del Estado español era la “Monarquía parlamentaria”. Al oír eso, los fieles juristas pensaron que por fin el Estado de derecho reinaba entre nosotros y se había producido el advenimiento de la trinitaria separación de poderes: las Cortes elaborarían las leyes, el Gobierno las ejecutaría y los tribunales las aplicarían en caso de conflicto. Pero los juristas enseguida se dieron cuenta de que el parlamentarismo que traía la Constitución de 1978 no era el parlamentarismo clásico del siglo XIX y principios del XX en el que el Parlamento era el centro de gravedad del sistema político, donde se hacían las leyes y se controlaba al Gobierno, claramente subordinado.…  Seguir leyendo »

Como una serpiente de verano, vuelve en este extraño agosto del coronavirus la noticia de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE, representado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López; ambos jueces de carrera.

A la mayoría de los juristas a los que los medios de comunicación nos piden nuestra opinión no nos queda más remedio que actualizar cansinamente lo que dijimos en el otoño de 2018, cuando se pactó la última renovación rota por culpa de un whatsapp revelador -publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL- de lo que supone para algunos políticos la independencia judicial (controlar los nombramientos en los tribunales por la puerta de atrás de un presidente amigo).…  Seguir leyendo »

La sexta prórroga del estado de alarma sigue la línea de polémica de las dos anteriores. En ellas me pareció claro que el mantenimiento del estado de alarma era la solución jurídicamente correcta. Sin embargo, en esta sexta estoy confuso y no sé muy bien si estoy a favor o en contra. Me siento como aquel alcalde de la Transición que decía “no sé si ya soy de los nuestros”. Mi duda surge por las “importantes modificaciones” que nos dice el Gobierno que podría tener el nuevo período de alarma; en especial, no veo claro que sea posible delegar en el ministro de Sanidad la competencia para determinar que “unos territorios salgan antes que otros de la alarma por la evolución que tengan" y se me escapan las ventajas del estado de alarma sobre la legislación ordinaria (en primer lugar, la Ley Orgánica 4/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública) para permitir que las Comunidades Autónomas tengan “manos libres” para marcar los ritmos de la desescalada.…  Seguir leyendo »

Cada nueva prórroga del estado de alarma trae una nueva polémica política y otra jurídica. Esta quinta, que votará el Congreso de los Diputados este miércoles, nos trae la novedad del voto en contra del PP

Los populares consideran que jurídicamente no es necesario el estado de alarma para mantener las medidas de limitación de la movilidad que los expertos en epidemiología consideran necesarias. Su Plan B consiste en usar la legislación ordinaria para lograrlo, como la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de sanidad pública que permite adoptar disposiciones “oportunas” para el control de los enfermos, así como otras “que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.…  Seguir leyendo »

La idea de que no se debe disparar al capitán en una situación de crisis tan delicada como la actual pandemia del Covid-19 parece tan de sentido común que la vengo oyendo tanto de reputados comentaristas nacionales como de queridos amigos en las redes sociales.

La metáfora del presidente del Gobierno concentrado en dirigir la nave del Estado para escapar del coronavirus es tan fuerte como para que se sienta una natural antipatía ante aquellos que, a modo de incómodos tábanos, lo entretienen con pequeñas críticas, ajenos al interés común de salir cuanto antes de la crisis. Si hay que criticarlo, hagámoslo cuando el temporal amaine y se levante el estado de alarma.…  Seguir leyendo »

Según avanza la epidemia por coronavirus, con su aséptico acróstico Covid-19, más problemas jurídicos se presentan, paralelos a los grandes problemas sanitarios, sociales y económicos que supone, hasta el punto de que la OMS ha declarado que se trata de una pandemia. En el ámbito del derecho público español el primer problema es determinar las bases legales de las medidas que se están tomando o que se pueden tomar, muy especialmente si afectan a los derechos fundamentales. En principio, esta base la proporciona la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite a las autoridades adoptar -entre otras- las medidas oportunas para el control de los enfermos y de las personas que hayan estado en contacto con ellos, es decir, el internamiento en un centro sanitario o el confinamiento en cualquier edificio, como hizo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el hotel de Adeje donde se había confirmado la presencia de un afectado por coronavirus.…  Seguir leyendo »

Hace 2.500 años los romanos no tenían leyes escritas y se regían por la costumbre, que los cónsules y el Senado manipulaban a su antojo. Por eso, los tribunos de la plebe reivindicaron durante años la redacción de leyes escritas que limitaran ese poder arbitrario de los patricios. Lo consiguieron con la Ley de las Doce Tablas. Así, la República romana logró un gran progreso en lo que andando el tiempo se conocería como el Estado de derecho.

Hubo que esperar más de milenio y medio para un nuevo triunfo en la lucha por el derecho: la Carta Magna inglesa de 1215 que dice en su artículo 39, todavía vigente: “Ningún hombre libre será detenido, ni preso, ni privado de su propiedad a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país”.…  Seguir leyendo »

En un Estado de Derecho que merezca tal nombre, la actuación de los operadores jurídicos se rige por el principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 de nuestra Constitución. Este principio tiene dos vertientes diferentes según se aplique a los ciudadanos y demás personas jurídicas privadas o a los poderes públicos: los primeros pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (principio de libertad: “Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido”, decía la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano) mientras que los poderes públicos solo aquello que le autoriza el ordenamiento jurídico (principio de atribución).…  Seguir leyendo »