Alfonso Villagómez Cebrián

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En el año 1985, ante la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), algunos se manifestaron en el sentido que era inconstitucional “de la cruz a la fecha” (Alberto Ruiz-Gallardón). Se lamentaba el que entonces era portavoz del Partido Popular que una ley tan importante se hubiese aprobado por medio del rodillo, esto es, de la amplia mayoría absoluta que disponía el Gobierno socialista, en lugar de consensuarse con la oposición. Y aprovechó para exponer la diferencia entre dos concepciones, a su juicio, enfrentadas: “la socialista, que desea una dependencia del poder judicial respecto del Ejecutivo; y la nuestra, que propone dejar en manos del órgano del Gobierno fuertes dosis de autonomía para que haya una independencia auténtica”.…  Seguir leyendo »

Cuenta la leyenda que Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio afeaba el paisaje, envió a un emisario para que lo comprara por el doble de su valor, para posteriormente llevar a cabo su demolición. Al regresar el enviado regio con la oferta rechazada, el emperador se dirigió al molinero, duplicando la oferta; y como éste volviera a declinar el ofrecimiento el monarca amenazó al campesino de que, si no aceptaba lo prometido, perdería su propiedad, pues firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. El molinero se presentó entonces en el palacio real y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la corona expropiar y demoler su propiedad solo por capricho personal.…  Seguir leyendo »

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acaba de anunciarse por el Gobierno incluirá en la condición de aforados a la Reina y los Príncipes de Asturias. Esto es, que en caso de ser imputados, el asunto tendría que remitirse al Tribunal Supremo, tal y como ya ocurre con los diputados, senadores y miembros del Gobierno, entre otros cargos del Estado. Sin duda, el conjunto de “singularidades” procesales-penales de las que gozan nuestros parlamentarios (nacionales y autonómicos) y nuestros altos cargos es demasiado extensa y no tiene parangón en ningún otro ordenamiento jurídico comparado. Pero, una vez más, parece que se va a desaprovechar el trámite de esa nueva ley para disminuir la extensa lista de aforados con que contamos en España, algunos tan curiosos como los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los propios magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los fiscales de Sala del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.…  Seguir leyendo »

A propósito de unas medidas cautelares adoptadas por los tribunales en el llamado proceso de privatización sanitaria en Madrid, vuelve el debate sobre el papel de los jueces en una democracia. Aunque no corren buenos tiempos en nuestro país, sin embargo, la justicia está en el foco de la actualidad, tanto la justicia entendida en su sentido más político como institucional, esto es, el entramado de instituciones y personas que la administran. Tal vez por ello, a su llegada al cargo, el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, adelantó una propuesta de profunda reforma que ha quedado solamente esbozada, al no contar con el apoyo de la oposición: una cuestión, la de la reforma de la justicia, que sin duda debe ser tratada como cuestión de Estado, y, por tanto, consensuada entre los grandes partidos.…  Seguir leyendo »

EL Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo deja sin efecto la llamada doctrina Parot de la jurisprudencia española. El argumento de la Alta Corte europea es que la liquidación de una condena sobre la base de esa doctrina, es decir, el cómputo que se hace sobre cada uno de los delitos de terrorismo de una condena, vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo español, a partir de una sentencia de febrero del año 2006, estableció que a los condenados por terrorismo se les aplicara una nueva interpretación de la ley que regulaba las rebajas de pena cuando ya estaban cumpliendo condena en prisión.…  Seguir leyendo »

Aunque los problemas de nuestra Administración de Justicia no se resuelven de la noche a la mañana y no existen recetas mágicas para remediar los males que desde hace tanto tiempo vienen aquejándola, ahora estamos más cerca de conseguir olvidar el siglo XIX en el que parecía haber quedado irremediablemente anclada. No ha sido fácil encontrar un punto de equilibrio en el que confluyeran las medidas necesarias para luchar contra las dos lacras que, a mi juicio, han lastrado el mal funcionamiento de la Justicia española: unas deficientes leyes de procedimiento y una ineficaz organización administrativa.

Así, la actualización de los procedimientos para suprimir trámites superfluos que aliviaran parte de la carga de trabajo de los juzgados debía ir acompasada por un escrupuloso respeto de las garantías procesales.…  Seguir leyendo »

A una nueva huelga en la carrera judicial parece decidida la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ya ha señalado la fecha del próximo 8 de octubre para llevar a cabo el paro. Que se pongan en huelga los jueces, que son quienes hacen efectivos los derechos fundamentales, participan en el control de constitucionalidad de las leyes, interpretan las normas y aplican el derecho en el caso concreto, es sin duda de interés para todos los ciudadanos, según ya se comprobó en la anterior jornada de huelga celebrada meses atrás.

El Estado de derecho clásico vigente durante todo el siglo XIX se caracterizaba fundamentalmente porque entre el juez y la ley no se interponía ninguna otra instancia, ni existía en el juez ningún otro compromiso que no fuera servir de boca que pronuncia las palabras de la ley.…  Seguir leyendo »

La reforma de nuestra justicia requiere tiempo. Y tiempo es lo que también necesita la propia actividad de administrar justicia, que exige la tramitación de un procedimiento, que no es sino una sucesión de actos del juez y de las partes afectadas por un litigio y que tiene lugar de forma ordenada y sucesiva.

El problema, sin embargo, reside en que la inevitable dilación temporal del proyecto de modernización de la justicia, anunciado por el ministro Francisco Caamaño, no debiera extenderse más allá de lo estrictamente necesario pues, si recordamos esa frase hoy ya conocida por todos de que la justicia lenta no es justicia, tampoco una reforma judicial tardía serviría de mucho.…  Seguir leyendo »