Andrés de la Oliva Santos

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Sea uno liberal o «socialista a fuer de liberal» o, simplemente, un ciudadano provisto de buen sentido, no le resultará difícil elaborar una lista, no precisamente muy corta, de tareas que no le corresponden al Estado o que, al menos, no está nada claro que le correspondan. Con un poco de cultura, podrá también elaborar una relación de funciones mínimas y, por tanto, ineludibles para cualquier Estado. Hay zonas discutibles y discutidas. No voy a situarme en la amplia zona de lo discutible, sino en la de lo indiscutible. Así, al Estado —que no es nadie en concreto, sino todos en general— le es ajeno, por ejemplo, establecer y sostener «entes de radio y televisión» (no conozco un solo estudio que justifique ese cometido como propio del Estado) y, en cambio, le es incontrovertidamente propia la Justicia, la Administración de Justicia, junto con la defensa, la acción internacional y la seguridad interior.…  Seguir leyendo »

Es necesario y urgente un «rescate» de las Universidades públicas. Nada personal me va en el asunto, porque, después de más de treinta años de servicios en mi Universidad Complutense y cuarenta y cinco de dedicación total al oficio universitario, pocos riesgos corre mi posición. Pero, a la vez, yo, como otros, nos estamos jugando —o, más bien, se están jugando ante nosotros— la realidad que ha sido y aún es nuestra vida. Y en semejante trance, no se puede callar.

Hablo de «rescate» porque las Universidades, como las instituciones bancarias (agradeceré que se comprenda cuánto me cuesta esta comparación), están en muy graves apuros y necesitan urgente financiación.…  Seguir leyendo »

No hace mucho apareció en ABC la inquietante noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) disponía de un borrador por el que quedaría prácticamente neutralizada la posibilidad de que siga hasta el final un proceso penal impulsado por la llamada «acción popular». Adelanto que la conversión de ese borrador en sentencia supondría, a mi entender, no ya una agresión gravísima a la Constitución a manos de su principal guardián institucional, sino un golpe de muerte a la democracia en España.

Para lectores no juristas, son necesarios algunos datos y consideraciones previas sobre dos sobresalientes particularidades de la Justicia penal española. La primera es que los directamente perjudicados por un delito pueden impulsar el correspondiente proceso y ser partes acusadoras.…  Seguir leyendo »

Estos conocidos versos del romance, como los repitieron Quevedo y Tirso de Molina, me vienen a la cabeza a causa de la «grande polvareda» que se levanta en España cada semana a lo sumo, con asuntos varios, menores, que nos hacen perder de vista al estimado Don Beltrane, símbolo de lo más importante y de lo que sucede respecto de lo más importante.

Aquí importa de verdad, no ya la traída y llevada «estabilidad del sistema financiero», varias veces «rescatado» sin transparencia, sino la recuperación del crédito al ciudadano común y a las pymes. Importa atisbar un inicio de recuperación de la economía real y, como «prueba del nueve», una clara desaceleración del paro.…  Seguir leyendo »

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano. Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.…  Seguir leyendo »

Los portavoces de varias asociaciones judiciales y la Organización Médica Colegial (OMC) afirman que la alimentación forzosa de Aminatu Haidar no es posible a causa de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, «básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica». Según la prensa, la OMC ha llegado a afirmar que sería delictivo salvar la vida de Haidar contra su voluntad. Pienso que esos magistrados y médicos cometen un grave error, compartido, al parecer, por el Juez competente. Y, con urgencia, explico mi criterio.

Ante todo, es de recordar que, conforme al art.…  Seguir leyendo »

El ministro de Justicia presentó hace días un enésimo «Plan de Modernización de la Justicia», que, como siempre, es «el» plan de «la Modernización». Se subrayaron los grandes números de diversos aspectos (creación de juzgados y tribunales, creación de plazas de jueces, magistrados y fiscales, creación de «oficinas judiciales», etc.). De eso no me voy a ocupar aquí, por dos motivos. El primero, porque la historia reciente es muy rica en cifras trucadas y en promesas incumplidas. El segundo motivo, porque si ese plan llega a constituir un verdadero hito histórico en la Justicia española no será a causa de las creaciones prometidas, sino de otro elemento menos aparente, pero decisivo.…  Seguir leyendo »