Andrés de la Oliva Santos

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Sea uno liberal o «socialista a fuer de liberal» o, simplemente, un ciudadano provisto de buen sentido, no le resultará difícil elaborar una lista, no precisamente muy corta, de tareas que no le corresponden al Estado o que, al menos, no está nada claro que le correspondan. Con un poco de cultura, podrá también elaborar una relación de funciones mínimas y, por tanto, ineludibles para cualquier Estado. Hay zonas discutibles y discutidas. No voy a situarme en la amplia zona de lo discutible, sino en la de lo indiscutible. Así, al Estado —que no es nadie en concreto, sino todos en general— le es ajeno, por ejemplo, establecer y sostener «entes de radio y televisión» (no conozco un solo estudio que justifique ese cometido como propio del Estado) y, en cambio, le es incontrovertidamente propia la Justicia, la Administración de Justicia, junto con la defensa, la acción internacional y la seguridad interior.…  Seguir leyendo »

Es necesario y urgente un «rescate» de las Universidades públicas. Nada personal me va en el asunto, porque, después de más de treinta años de servicios en mi Universidad Complutense y cuarenta y cinco de dedicación total al oficio universitario, pocos riesgos corre mi posición. Pero, a la vez, yo, como otros, nos estamos jugando —o, más bien, se están jugando ante nosotros— la realidad que ha sido y aún es nuestra vida. Y en semejante trance, no se puede callar.

Hablo de «rescate» porque las Universidades, como las instituciones bancarias (agradeceré que se comprenda cuánto me cuesta esta comparación), están en muy graves apuros y necesitan urgente financiación.…  Seguir leyendo »

No hace mucho apareció en ABC la inquietante noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) disponía de un borrador por el que quedaría prácticamente neutralizada la posibilidad de que siga hasta el final un proceso penal impulsado por la llamada «acción popular». Adelanto que la conversión de ese borrador en sentencia supondría, a mi entender, no ya una agresión gravísima a la Constitución a manos de su principal guardián institucional, sino un golpe de muerte a la democracia en España.

Para lectores no juristas, son necesarios algunos datos y consideraciones previas sobre dos sobresalientes particularidades de la Justicia penal española. La primera es que los directamente perjudicados por un delito pueden impulsar el correspondiente proceso y ser partes acusadoras.…  Seguir leyendo »

Estos conocidos versos del romance, como los repitieron Quevedo y Tirso de Molina, me vienen a la cabeza a causa de la «grande polvareda» que se levanta en España cada semana a lo sumo, con asuntos varios, menores, que nos hacen perder de vista al estimado Don Beltrane, símbolo de lo más importante y de lo que sucede respecto de lo más importante.

Aquí importa de verdad, no ya la traída y llevada «estabilidad del sistema financiero», varias veces «rescatado» sin transparencia, sino la recuperación del crédito al ciudadano común y a las pymes. Importa atisbar un inicio de recuperación de la economía real y, como «prueba del nueve», una clara desaceleración del paro.…  Seguir leyendo »

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano. Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.…  Seguir leyendo »

Los portavoces de varias asociaciones judiciales y la Organización Médica Colegial (OMC) afirman que la alimentación forzosa de Aminatu Haidar no es posible a causa de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, «básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica». Según la prensa, la OMC ha llegado a afirmar que sería delictivo salvar la vida de Haidar contra su voluntad. Pienso que esos magistrados y médicos cometen un grave error, compartido, al parecer, por el Juez competente. Y, con urgencia, explico mi criterio.

Ante todo, es de recordar que, conforme al art.…  Seguir leyendo »

El ministro de Justicia presentó hace días un enésimo «Plan de Modernización de la Justicia», que, como siempre, es «el» plan de «la Modernización». Se subrayaron los grandes números de diversos aspectos (creación de juzgados y tribunales, creación de plazas de jueces, magistrados y fiscales, creación de «oficinas judiciales», etc.). De eso no me voy a ocupar aquí, por dos motivos. El primero, porque la historia reciente es muy rica en cifras trucadas y en promesas incumplidas. El segundo motivo, porque si ese plan llega a constituir un verdadero hito histórico en la Justicia española no será a causa de las creaciones prometidas, sino de otro elemento menos aparente, pero decisivo.…  Seguir leyendo »

Ciento diecinueve profesores de Derecho Procesal (84 con plena capacidad docente e investigadora), de 32 Universidades distintas y de diversas «escuelas», hemos firmado una declaración de muy grave preocupación ante el «Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial», al que ya me referí en este diario. Hablé de una posible «Justicia sin Jueces (independientes)» porque ese Proyecto, que nada dice de la «Oficina Judicial» ni va acompañado de ningún compromiso de dotación de más «recursos humanos» y medios materiales, consiste en sustraer a los Jueces y Magistrados gran número de importantes resoluciones al comienzo, en el desarrollo e incluso en el desenlace de los procesos, atribuyendo esas decisiones a los Secretarios Judiciales, que no son los Jueces y Magistrados independientes que impone la civilización y la Constitución Española (CE), sino funcionarios férreamente dependientes del Ejecutivo.…  Seguir leyendo »

Cuando, en estos tiempos, se produce la dimisión (o el cese, formalizado como dimisión) de un ministro, tras no pocos errores de fondo y de forma, éstos pueden pasar a un segundo plano por un motivo razonable: el hecho de que se abre un nuevo panorama y eso afecta a los problemas pendientes, que no son menores ni leves. Hay razones serias, sin embargo, para no olvidar de inmediato lo sucedido. Por de pronto, una razón es la de procurar que no se repitan los errores. Y, antes, importa mucho reconocerlos como tales y, más aún, entender por qué han sido errores.…  Seguir leyendo »

Por débil que sea la personal esperanza en una regeneración social e institucional (Consejo General del Poder Judicial incluido), hay momentos en que el silencio podría parecer indiferencia y aceptación. Lo que ahora mismo sucede en relación con la Justicia me impone no callar.

Sin duda, es legítimo discrepar de las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. No es legítimo, en cambio, pretender que el CGPJ rinda cuentas ante el Parlamento. Porque el CGPJ es (lo dice la Constitución Española y el Tribunal Constitucional) el principal órgano de gobierno del Poder Judicial, creado para garantía de la independencia judicial y, en un régimen de separación de poderes, esa separación y esa independencia dejarían de existir si lo que decide el CGPJ estuviese sometido al control parlamentario.…  Seguir leyendo »

A Dios gracias, ninguno de mis familiares yace en fosas comunes, cavadas por unos o por otros. Lo digo para que nadie piense que estas líneas están movidas por un apasionamiento personal. Escribo porque, como ciudadano y como jurista, me parece que no debo pasar en silencio un episodio judicial de grave ilegalidad y de aún más grave tolerancia del abuso de poder.

Me refiero a la providencia del Juez Garzón, de 28 de agosto de 2008, por la que oficia a innumerables entidades, públicas y privadas, para que le informen de muertes violentas, desapariciones, enterramientos anónimos y exhumaciones presuntamente incontroladas hasta ahora.…  Seguir leyendo »

Ni siquiera con el máximo talento pedagógico cabe describir con detalle el embrollo actual del Tribunal Constitucional sin causar al lector serias molestias psíquicas. Una descripción indolora sería errónea y defectuosa, como es erróneo y defectuoso todo tratamiento de un asunto complejo que elimine esa complejidad. Así pues, voy a exponer en síntesis la situación de parálisis o «bloqueo» parcial en que se encuentra el TC, eludiendo el relato pormenorizado de lo que ha conducido a esa situación. Y avanzaré rápidamente hacia las conclusiones.

Aparcada, por motivos que desconozco, la deliberación y fallo sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, el TC está paralizado en lo relativo al recurso de inconstitucionalidad de una ley que reforma la Ley Orgánica del propio TC (LOTC), la L.O.…  Seguir leyendo »

En los tiempos que corren, malos tiempos para el Derecho y para el Estado de Derecho, resulta necesario exponer con cierto énfasis algunas elementalidades. Por eso, en la misma línea en que me expresé en estas páginas hace casi siete meses (en tiempo no sospechoso, por tanto), me parece necesario recordar algo básico y universalmente aceptado.

Las sentencias resuelven casos reales, pero tal como son presentados a los tribunales de Justicia. En concreto, las sentencias penales, como la que ayer se hizo pública, están para decidir si a determinadas personas acusadas de ciertos hechos se les absuelve o se les condena por esos hechos y, en este último caso, a qué pena o penas se les condena.…  Seguir leyendo »

«Es la primera vez que ante la ruptura de una tregua, un partido político sale criticando al Gobierno». Con estas palabras, pronunciadas en el Senado, el señor Zapatero faltó por enésima vez a la verdad. Y lo hizo de manera patente, porque, sin ir muy lejos hacia atrás, la ruptura de la anterior «tregua» etarra en tiempos del señor Aznar originó una catarata de duros ataques y agrias acusaciones al Gobierno procedentes del partido que hoy dirige el señor Zapatero. Ahí están las hemerotecas para quien lo dude.

El actual Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno se equivoca, también por enésima vez, al pretender que los ciudadanos culpen al PP de la ruptura por ETA de su «tregua permanente».…  Seguir leyendo »