Bonifacio de la Cuadra

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La deriva soberanista que se respira desde hace meses en Cataluña, a propósito del reclamado “derecho a decidir”, es una muestra palpable del creciente deterioro del consenso constitucional conseguido hace 36 años, en el que fue pieza clave el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades. Es lamentable que lo entonces pactado por el poder constituyente, en circunstancias políticas hostiles, no sea desarrollado coherentemente varias décadas después por el poder constituido, cuando ya desaparecieron aquellas circunstancias (aunque traten de abanderarlas cada día los cornetas del apocalipsis).

La actitud de Mariano Rajoy, su Gobierno y su partido apela a la negatividad que logran extraer del texto constitucional, sin utilizar las vías que abre para el diálogo y la negociación, que seguramente ni siquiera exigiría la posible reforma de la Ley Fundamental, más necesaria de actualizar en otros aspectos.…  Seguir leyendo »

Los partidos políticos, “instrumento fundamental para la participación política”, según el artículo 6 de la Constitución, están concebidos con gran libertad de actuación, “dentro del respeto” a la Norma Suprema, y con una condición: “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Es una obviedad constitucional, pero muy atinada, porque la historia de los partidos —muy bien recibidos, tras la larga etapa franquista de prohibición— ha derivado hacia una prevalencia de los aparatos sobre la militancia y los votantes. Hay una pugna por la obtención del poder por el poder, más que por su administración equitativa, y una tendencia a utilizar el partido para colocar adictos en organismos llamados a ser imparciales, más que para implicar en la democracia a los ciudadanos.…  Seguir leyendo »

La decisión de la juez argentina María Servini de Cubría de ordenar la detención preventiva de dos españoles para, mediante su extradición a Buenos Aires, tomarles declaración indagatoria sobre las torturas que, según numerosos denunciantes, les infligieron durante el franquismo, cuenta con la oposición de la fiscalía española, contraria a la normal tramitación de la querella argentina, en el ejercicio de la jurisdicción universal frente a delitos de lesa humanidad. Desde que el 14 de abril de 2010 se produjeron las primeras denuncias en sede judicial argentina, el ministerio público español, constitucionalmente obligado a “promover la acción de la justicia”, ha tratado de neutralizar el intento de las víctimas del franquismo de obtener reparación respecto a los graves crímenes de que fueron objeto entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.…  Seguir leyendo »

Las tribulaciones que los dos grandes partidos están experimentando a cuenta de la corrupción —especialmente el PP, con esa bomba de relojería que se llama Luis Bárcenas, ni siquiera soportable por abogados sensatos— dejan en un segundo plano las atrocidades que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está perpetrando. No conforme con querer modificar la ley del aborto para impedir que las embarazadas sean asediadas por “determinadas estructuras” abortistas, con imponer tasas judiciales que desanimen a los recurrentes, o con la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, se ha embarcado en una misión mucho más grave: liquidar el Poder Judicial, ya maltrecho por el juego político de PSOE y PP, pero con posibilidades de ser revitalizado, en lugar de dinamitado, como parece preferir el ministro.…  Seguir leyendo »

La Marca España, promovida por el Gobierno del PP, con pretensiones entre mercantilistas y patrioteras, está por los suelos en un ámbito mucho más determinante para una democracia: el respeto a los derechos humanos y la prevalencia de valores jurídicos constitucionalmente superiores, como la libertad y la justicia. Una muestra será la decisión final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, sobre la vulneración española del derecho, establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a no ser condenado con “una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción fue cometida”.

El mismo Tribunal Constitucional (TC) que seguramente recibirá el varapalo judicial europeo —tras haber rechazado en 2009 el amparo que se le pidió, carente, según dijo, de relevancia constitucional— sigue haciendo méritos para recibir más reproches jurídicos: el TC ha decidido mantener en la cárcel a Arnaldo Otegi, tras haber permanecido cerca de cuatro años en prisión, en cumplimiento de una condena de seis años y medio por el inverosímil delito de colaboración con banda armada, mediante su liderazgo en Sortu, legalizada y activa en favor de “la definitiva y total desaparición” de ETA, sin “precio político” alguno.…  Seguir leyendo »

La Monarquía parlamentaria que la Constitución de 1978 estableció como “forma política del Estado español” ha entrado, 35 años después, en un indisimulable declive. El mero transcurso del tiempo opera contra una institución carente de justificación democrática originaria, más aún si durante ese periodo va perdiendo fuerza la explicación de que se implantó para salvar la coyuntura histórica del posfranquismo. A la vez, las miserias de la Corona -como estructura de poder asentada en torno a una familia y a las conductas personales de sus miembros, nunca elegibles- afloran ante el pueblo español, en el que se residencia la soberanía nacional, según la misma Constitución.…  Seguir leyendo »

A mis amigos de Europa Laica en Valencia, Granada y Úbeda

Cuando millones de católicos se encuentran a la espera del “habemus papam”, precedido de la fumata blanca, que será la señal de que el cónclave cardenalicio ha elegido al sucesor de Benedicto XVI, es lógico que exista incertidumbre sobre la orientación que asumirá el nuevo papa. Los creyentes, y quienes no lo somos también, tenemos derecho a preguntarnos hacia dónde conducirá el nuevo sumo pontífice a una Iglesia milenaria, esparcida por todo el mundo y que, aparte de los servicios religiosos que administra a sus fieles, ejerce una influencia poderosa en la humanidad del siglo XXI.…  Seguir leyendo »

La conversación entre don Juan Carlos y Jesús Hermida difundida el 4 de enero del nuevo año, con formato aparente de entrevista televisiva de un periodista al Rey, ofreció muestras de que la democracia que el Monarca contribuyó a traer y que fue ratificada en referéndum en 1978 por personas de la generación del Rey y de Hermida no está adaptada a las nuevas generaciones. Tampoco cumple un requisito básico: la equiparación de todos los ciudadanos desde la perspectiva de género, es decir, mediante la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres.

La preferencia ciudadana hacia la Monarquía, que todavía en 1998 era de un 72%, frente a un 11% para la República, en 2012 descendió al 53% y 37%, respectivamente.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho un buen trabajo —tardío, pero cierto— al interpretar que son acordes con la Constitución los matrimonios entre personas del mismo sexo. La decisión ha sido novedosa, porque no se ha atenido a la literalidad de las palabras del texto constitucional ni al significado que los constituyentes quisieron darle en 1978, sino a la necesidad de adaptar a la realidad del siglo XXI una institución como la matrimonial, anclada en el pasado y poco receptiva al valor constitucional básico de la igualdad.

En aras de ese valor de la igualdad, las mujeres constituyentes lograron incorporar al artículo 32, que regula el derecho al matrimonio de “el hombre y la mujer” (no se decía el hombre “con” la mujer, pero solo se contemplaba la unión entre personas de sexos diferentes), que se contrajera “con plena igualdad jurídica”.…  Seguir leyendo »

Tras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres, llama la atención la progresiva presencia de la mujer en el deporte —incluidos algunos éxitos sonados—, del que históricamente ha permanecido excluida, como de tantas otras ocupaciones atribuidas en exclusiva a los hombres. Siendo por el momento lógica la práctica deportiva separada de uno y otro sexo, la experiencia de muchas separaciones forzadas entre hombres y mujeres permite presagiar, por el momento como una utopía, un futuro de deporte mixto, como en tantas otras actividades de la vida.

Un ejemplo de segregación por razón de sexo es el que viene practicándose en España en algunos colegios, la mayoría vinculados al Opus Dei, que tratan de justificarlo en unos supuestos mejores rendimientos académicos de niños y niñas por separado, dato no consistente, según explicó en 2011 la revista Science.…  Seguir leyendo »

Las reacciones generadas por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que el 10 de julio último condenó por unanimidad a España por aplicar la denominada doctrina Parot, han puesto una vez más de manifiesto la confusión entre el papel democrático que corresponde al Estado de derecho y el ejercicio de la venganza en la persecución del delito. El Tribunal parte de que los beneficios penitenciarios vigentes cuando la etarra Inés del Río delinquió venían reduciéndole el máximo de 30 años de prisión, hasta que en 2006 el Tribunal Supremo ordenó que se descontaran del total de las penas impuestas, más de 3.000 años de cárcel.…  Seguir leyendo »

El espectáculo ofrecido a la ciudadanía, en plena crisis económica, por los detalles que se han ido conociendo de la conducta de Carlos Dívar, como presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a costa del erario público, más allá de la exhibición de caradura del máximo mandatario judicial, denota el desgobierno en que permanece, desde su cúpula, la Administración de Justicia. Sin embargo, son demasiados los que se lamentan de la mala “imagen” de la justicia que este episodio ha mostrado, propicios a tapar la pura y dura “realidad”.

La dimisión de Dívar —que debió acompañarse por la de los vocales que, con una escenificación menos esperpéntica, también se beneficiaron de la famosa semana caribeña— pone fin, esperemos, a unos hechos que nunca debieron producirse.…  Seguir leyendo »

El Estado de las autonomías que estableció la Constitución de 1978, tras casi 40 años de franquismo centralista, ha tenido un desarrollo distinto en las diferentes “nacionalidades y regiones”, a las que nuestra Ley Fundamental “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía”. Las nacionalidades históricas —preferentemente Euskadi y Catalunya— jugaban con ventaja en ese proceso, hasta que Andalucía, invocando no la historia, sino directamente la Constitución y la voluntad de sus ciudadanos, alcanzó el máximo nivel de autonomía, no tanto para mirarse su ombligo identitario como para mejorar la situación del pueblo andaluz y desarrollar su modelo desde la izquierda.…  Seguir leyendo »

A María Izquierdo Rojo, promotora de este artículo

De los tres poderes del Estado clásicos en una democracia, mientras el legislativo y el ejecutivo se configuran como unas Cortes Generales elegidas por sufragio universal, en un caso, y un Gobierno que cuenta con la confianza de la mayoría parlamentaria, en el otro, la Constitución española de 1978, que curiosamente solo denomina con la expresión "poder" al judicial, atribuye el ejercicio de ese poder a "jueces y magistrados". La ausencia de legitimidad electiva de origen de unos profesionales, individualmente considerados, erigidos en titulares de un poder del Estado, exige algún modo de legitimación democrática de ejercicio.…  Seguir leyendo »

Al cumplirse el 33º aniversario de la aprobación, en referéndum, de la Constitución de 1978, conviene señalar que la plasmación que entonces se hizo de las reglas del juego democrático, se merece una reforma. El transcurso del tiempo y la necesidad política de que las nuevas generaciones se impliquen en la Ley Fundamental que aprobaron sus padres o sus abuelos favorece esa reforma, para reparar anacronismos, subsanar omisiones, configurar instituciones, modificar preceptos hoy innecesarios o insuficientes. La Constitución portuguesa de 1976, aprobada tras la revolución de los claveles, lleva ya siete reformas.

Cierto es que, tras los resultados electorales del 20-N, que han incrementado abrumadoramente el poder político de la derecha, no sería procedente revisar el núcleo esencial de la Constitución, porque resultaría contraproducente con la voluntad, expresada en su Preámbulo, de "establecer una sociedad democrática avanzada".…  Seguir leyendo »

No hay, que yo sepa, estudios sociopolíticos sobre la contribución de la autocrítica a la democracia, acaso por la ausencia del material necesario para el imprescindible trabajo de campo. Pero el sentido común indica que se trata de una herramienta valiosa, por cuanto denota un reconocimiento de los errores, defectos o maldades propias, esencial para subsanarlos, corregirlos o superarlas, así como para que la ciudadanía tenga una percepción más atinada de la realidad.

Ahora bien, ¿sería concebible que ETA hubiera acompañado el anuncio del "cese definitivo de su actividad armada" con un relato autocrítico? Sería una muestra súbita de democracia, tras casi medio siglo de terror, que no resultaría creíble.…  Seguir leyendo »

El consenso entre los dos grandes partidos estatales para la reforma exprés de la Constitución no ha sido la única sorpresa veraniega para los sufridos militantes de izquierda. La actitud de sumisión con que esos dos mismos partidos, encabezados por los titulares de las más altas representaciones del Estado, recibieron y agasajaron a Benedicto XVI, con motivo de su asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), produjo perplejidad entre la militancia del PSOE, que comprobó cómo sus líderes rendían pleitesía al Papa no como fieles privadamente sumisos, sino desde sus responsabilidades políticas, a la búsqueda de votos entre los fieles de esa confesión religiosa.…  Seguir leyendo »

Alfredo Pérez Rubalcaba, tras su proclamación, el 9 de julio último, como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones legislativas, puso de manifiesto que en España los socialistas se identifican siempre como tales, mientras que los políticos de derechas eluden reconocer esta identidad ideológica. Fue una observación oportuna e inteligente, que guarda relación con la decisiva aportación de los socialistas a nuestra actual democracia y que venía como anillo al dedo al contenido regeneracionista que dio a su exposición, más pedagógica que mitinera, lo que le permitió prescindir del fácil recurso de atacar a los políticos del PP, no "enemigos" del PSOE, sino sus "adversarios", precisó.…  Seguir leyendo »

La simpatía social suscitada por las movilizaciones del 15-M (uno se resiste a denominarlas Movimiento, de infausta memoria) es la respuesta adecuada a una protesta, liderada por los jóvenes, con aportaciones de veteranos, cansados de la hegemonía de los partidos políticos y de la falta de soluciones para los problemas que aquejan a los ciudadanos. El modo como se ha materializado esa protesta, pacífica y asamblearia, potenciada por Internet y sus redes sociales, ha dejado en un segundo plano la aportación que el 15-M significa para el sistema político y ha planteado la hipótesis, plausible pero fallida, de si entrañaba un reforzamiento para la maltrecha izquierda.…  Seguir leyendo »

La equiparación jurídica del hombre y la mujer ha avanzado en España en los últimos años, pero la meta de la necesaria igualdad entre los dos sexos está todavía lejos. El mandato constitucional es, sin embargo, inequívoco cuando prohíbe la discriminación por razón de sexo y ordena a los poderes públicos (artículo 9.2) "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (...) sean reales y efectivas", así como "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".

Una prueba de la resistencia política general a avanzar en esa línea de equiparación la ofreció el Parlamento Europeo, al que le costó el 13 de marzo de 2002 aprobar una resolución sobre Mujeres y fundamentalismo, de la que fue ponente la entonces eurodiputada socialista española María Izquierdo Rojo.…  Seguir leyendo »