Cándido Conde-Pumpido

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Los procesos tramitados en la jurisdicción penal son más del doble que los de las demás jurisdicciones juntas. En todas se han aprobado normas procesales de nueva planta, mientras los procesos penales siguen una normativa del siglo XIX y se rigen por un modelo inquisitivo anacrónico, abandonado en la mayor parte del mundo, que provoca retrasos en la instrucción, sobrecarga el trabajo de los jueces y limita los derechos de los ciudadanos.

La errónea decisión de prescindir del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), elaborado con gran esfuerzo y depurada técnica durante la anterior legislatura, para iniciar desde cero un proyecto distinto de reforma integral, provocó el lamentable efecto de dejar indefinidamente sin resolver la imprescindible sustitución del modelo inquisitivo por el acusatorio.…  Seguir leyendo »

Es muy probable que el ministro Manuel Alonso Martínez jamás imaginara, al presentar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que su previsión de que España algún día llegaría a estar en condiciones de dar otro paso hacia un proceso penal verdaderamente moderno, basado en la óptima protección de los derechos y garantías, se hiciera esperar casi 130 años.

El obstáculo argumental esgrimido como arma disuasoria contra cualquier conato de reforma ha sido siempre el mismo: que la asunción por el Ministerio Fiscal de la tarea de dirigir la investigación, como ocurre en todo el mundo, es imposible en nuestro país porque la «vinculación» entre el fiscal general del Estado y el Gobierno impide la debida imparcialidad del Ministerio Público a la hora de abrir, conducir o cerrar los procedimientos.…  Seguir leyendo »

Hace pocas semanas se celebró en Seúl (Corea) la IV Cumbre Mundial de Fiscales Generales organizada por Naciones Unidas. En ella se sucedieron las intervenciones de los representantes de los ministerios públicos que desempeñan un papel más relevante en el actual marco global de lucha contra el delito. Todos, sin excepción, como viene sucediendo desde hace años, coincidimos en reconocer como objetivo esencial e inaplazable la progresiva integración y el refuerzo de la cooperación entre los distintos sistemas jurídicos. Creemos que solo por esa vía será posible salvaguardar el respeto a la ley y, por tanto, la seguridad de los ciudadanos en un mundo que, gracias a la tecnología aplicada a las comunicaciones y los transportes, ya no tiene fronteras para el crimen.…  Seguir leyendo »