Carlos Castresana Fernández

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Parece que PP y PSOE se han puesto por fin de acuerdo en una propuesta que quieren promover conjuntamente durante esta legislatura: reformar íntegramente el proceso penal atribuyendo la responsabilidad de la investigación a los fiscales, limitando todo lo posible las acusaciones populares y estableciendo reducidos límites temporales para la instrucción de las causas.

El modelo propuesto no es, a primera vista, esencialmente diferente del que funciona en muchos países democráticos, y el objetivo de dotar a España de un proceso penal rápido, eficiente y garantista es muy loable. Observada con detenimiento, sin embargo, la propuesta no resulta nada prometedora: es voluntarista, está muy alejada de la realidad de nuestros juzgados y fiscalías, y se diría que ha sido concebida más con el designio de limitar el descrédito que las causas judiciales de corrupción están causando a los partidos proponentes, que con el de proteger los intereses generales de los españoles.…  Seguir leyendo »

El grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de los Diputados avanza una reforma de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial que desnaturaliza y prácticamente erradica de nuestro ordenamiento jurídico la jurisdicción universal, el mecanismo a través del cual los tribunales españoles pueden atribuirse competencia y perseguir crímenes de carácter internacional cometidos fuera del territorio español.

La reforma culmina otra anterior de 2009, que ya operaba un reduccionismo incompatible con algunos principios elementales del derecho internacional equiparando lo universal a lo español. Ahora, prácticamente, incluso lo español desaparece. En adelante, los jueces y fiscales españoles nos ocuparemos de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, y punto.…  Seguir leyendo »

El drama de las ejecuciones hipotecarias, que se han cobrado ya varias vidas y amenazan el bienestar y el futuro de 350.000 familias españolas, tiene que terminar.

Las disposiciones de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que regulan los préstamos hipotecarios y su ejecución en caso de impago son normas especiales, pero no tanto como para que no deban ser interpretadas, como todas las demás, a la luz de la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas.

Mientras el Gobierno y los grupos parlamentarios deshojan la margarita de las reformas legislativas, invito a los jueces a reconsiderar la interpretación de las normas vigentes a la luz de algunos postulados básicos del ordenamiento jurídico.…  Seguir leyendo »