Carmen Royo Jiménez

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El ejercicio del poder por los jueces responde a la racional presunción de que disponen de una especial capacidad para interpretar los valores públicos contenidos en textos dotados de autoridad y resolver los conflictos que se les presentan. Pero su legitimidad no solo depende del cómo se les atribuye competencia para ejercerlo sino, de forma prioritaria, del cómo se ejerce. El déficit originario, y cuasi irreductible, en cualquier sistema político avanzado, de legitimación democrática de los jueces traslada el problema de la legitimidad a la necesidad de que aquéllos cumplan con un riguroso cuadro de condiciones legitimantes. La demanda social de justicia no se satisface solo porque se decida sobre el caso sino porque se decida bien, con buenas razones, explicadas y explicables, y, además, en un tiempo razonable.…  Seguir leyendo »