Francisco Sánchez

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Asumir que la relación entre España e Iberoamérica y el Caribe es una de las prioridades de la acción exterior española es una idea tan generalizada entre la élite política española, que pocos son capaces de explicar los términos de beneficio mutuo de esa relación geoestratégica. Se trata ya de un lugar común, y por ello no nos preguntamos siquiera el por qué y, sobre todo, el para qué.

La falta de reflexión previa hace que afloren más disensos que consensos cuando los actores políticos y sociales plantean líneas programáticas o acciones concretas a realizar. Un ejemplo: Venezuela. La carencia de objetivos y contenidos claros se hace evidente en los momentos de formación de los nuevos gobiernos, cuando aparecen las divergencias sobre dónde ubicar a la región en el organigrama del ministerio encargado.…  Seguir leyendo »

El Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU explicita que, sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Estas variables suponen limitaciones políticas evidentes al desarrollo y al propio funcionamiento democrático en algunos países de América Latina. En ellos, y pese a la mejora en sus condiciones económicas fruto del auge de las materias primas, ocurren cada vez más conflictos internos que requieren la intervención de agentes exteriores que medien o arbitren, debido a la imposibilidad de sus élites e instituciones de procesarlos.

En esas circunstancias, el Gobierno de España, motu proprio o por impulso de organizaciones políticas o de la sociedad civil, local o del país en crisis, suele ser propuesto como uno de los potenciales mediadores, sin llegar a concreciones exitosas.…  Seguir leyendo »