Gemma Pinyol-Jiménez

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En muchos países, la securitización de las migraciones —entendiendo así el convertir a las mismas en un fenómeno percibido como amenazador por buena parte de la ciudadanía— ha derivado en una fortificación de sus fronteras, una externalización de su control y un incremento de los espacios de vulneración de derechos de las personas que se mueven. Sin restar importancia a la gestión fronteriza, ha supuesto privarnos de los debates apremiantes que deberíamos estar teniendo sobre las políticas de inmigración y asilo en la UE.

Apremiantes no porque haya una crisis migratoria, sino porque hay una crisis política y de gestión que ha encontrado en las migraciones un catalizador de profundas desafecciones surgidas durante la crisis económica.…  Seguir leyendo »

En 1997, en el marco del proceso de negociación del Tratado de Ámsterdam, el Gobierno español intentó endurecer los supuestos del acceso al derecho de asilo en la Unión Europea. Se quería evitar que un nacional de la UE pudiera pedir asilo en otro estado de la UE, para evitar que se repitieran casos como los presuntos colaboradores de ETA que habían solicitado asilo en Bélgica para evitar la extradición. La propuesta se paralizó, entre otros, por la preocupación de Amnistía Internacional o ACNUR, que temían que no se protegiera suficientemente el riesgo individual de un ciudadano UE a ser víctima de violaciones de derechos humanos en su país.…  Seguir leyendo »