Ignacio González Vega

Nota: Este archivo abarca los artículos publicados por el autor desde el 1 de febrero de 2009. Para fechas anteriores realice una búsqueda entrecomillando su nombre.

Han transcurrido más de treinta y cinco años desde que la entonces Jueces para la Democracia decidiera constituirse en asociación independiente sobre la base del modelo de juez constitucional. Tras la aprobación de la Constitución de 1978 y el final de la dictadura franquista se reclamaba un nuevo tipo de juez, capaz de expresar una sensibilidad diferente, de “asumir con rigor una concreta responsabilidad histórica: la de abrir el derecho a los nuevos principios que la Constitución expresa”, señalaba su documento fundacional.

Frente a quienes sostenían que el texto de la recién aprobada Constitución era una mera declaración programática, carente de valor efectivo, siguiendo el mismo patrón de las Leyes Fundamentales del régimen franquista, esta asociación judicial defendía su eficacia directa.…  Seguir leyendo »

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un oxímoron es una figura literaria consistente en “una combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en un silencio atronador”. La pena de prisión permanente revisable, introducida a nuestro sistema penal en el año 2015, responde exactamente a esa definición.

Empezaremos diciendo que todas las reformas al Código Penal de 1995, el denominado “Código Penal de la democracia”, que son variadas y numerosas, han tenido como denominador común un incremento constante de las penas privativas de libertad. Paradójicamente, España cuenta con uno de los índices más bajos de criminalidad en los países del entorno europeo (el tercero más bajo después de Portugal y Grecia) y sin embargo nuestro Código Penal es de los más duros en la regulación de las penas privativas de libertad.…  Seguir leyendo »

Un día como hoy, en 1983, se constituía la asociación profesional Jueces para la Democracia. Anteriormente, bajo la dictadura franquista, se contaba con la experiencia de Justicia Democrática, organización que buscaba afanosamente un espacio cultural en el que pudieran convivir el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre con un compromiso firme con los valores democráticos.

Ya en los primeros años de la transición, en un contexto de corporativismo imperante en la judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos del régimen, no por residuales menos resistentes, Jueces para la Democracia surge reivindicando un poder judicial auténticamente independiente del ejecutivo y sometido al control de la opinión pública, con un modelo constitucional de juez comprometido con la realidad social.…  Seguir leyendo »

Recientemente la Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE, figurando España como el séptimo Estado donde menos jueces hay por habitante y como el tercero donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente, tras Eslovaquia y Bulgaria. Hasta un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala”. Cabe destacar que, según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

Las sorprendentes revelaciones conocidas en los últimos días a raíz de las investigaciones judiciales en curso sobre casos de corrupción política ponen en evidencia que estamos ante algo más que una mera percepción.…  Seguir leyendo »

Quien fuera ministro de Justicia en Alemania en la República de Weimar y un jurista comprometido en la búsqueda constante de la justicia, Gustav Radbruch, señalaba que lo que debemos dar a nuestra sociedad no es un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal.

En España, el legislador acomete la reforma del Código Penal en materia de orden público, complementada con el proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana, en la línea, ambos textos, del llamado “derecho penal de la peligrosidad”. La seguridad se erige en una categoría prioritaria en la política criminal, como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance.…  Seguir leyendo »