Jesús Lahera Forteza

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En un tiempo las cosas estaban claras en materia de protección social. Se trabajaba —porque se tenía capacidad para ello— o se recibía protección —porque no se podía trabajar—. Lógicamente, la incompatibilidad entre protección y trabajo era regla general. Lo contrario supondría admitir una contradicción: trabajaba quien no podía hacerlo. Situaciones diferenciadas, reguladas por legislaciones —laboral y seguridad social— complementarias y excluyentes. Este esquema tradicional apoyó la construcción del Estado de bienestar, modelo de éxito y de larga vida, fundamentalmente en Europa occidental.

Los tiempos cambian. Mayor esperanza y calidad de vida y descenso de la natalidad conforman un escenario demográfico marcado por el envejecimiento (estresado por la próxima jubilación de los baby boomers).…  Seguir leyendo »

El principal objetivo de la reforma laboral es reducir la alta temporalidad de nuestro mercado de trabajo, lo que exigía dos operaciones complementarias. Por un lado, estrechar los márgenes de la propia temporalidad a sustituciones de trabajadores y circunstancias de producción, derogando el contrato temporal de obra o servicio. Por otro lado, ampliar los espacios de la contratación indefinida, sin alterar los costes indemnizatorios extintivos, mediante un flexible contrato de trabajo fijo discontinuo capaz de absorber buena parte de la reducida temporalidad. La innovadora regulación del fijo discontinuo es, por ello, la clave de bóveda de la reforma de la contratación laboral porque determina la frontera de la circunstancia productiva temporal y atrae prestaciones antes ejecutadas con contratos temporales.…  Seguir leyendo »

Tras la reforma laboral de 2012, la transición desde un modelo de autorización administrativa de despidos colectivos a un sistema de control judicial está originando algunas disfunciones que explican la nueva modificación de esta importante materia.

Por un lado, la documentación propia de un procedimiento administrativo se ha trasladado a lo que es ahora una consulta sindical con decisión de la empresa, de tal manera que los jueces están aplicando técnicas de control exhaustivo de los documentos más propias de un acto administrativo que empresarial. Por otro lado, el conflicto de intereses entre la empresa y los representantes de los trabajadores que antes decidía la Administración Pública se ha trasladado a los jueces, erigidos a veces en árbitros de controversias tras las consultas, más allá de la solución del estricto conflicto jurídico.…  Seguir leyendo »