Joan Ridao

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Días de furia en el Congreso

Las buenas formas han desaparecido más que nunca del Congreso, donde cada día son más frecuentes los insultos, provocaciones y descalificaciones infamantes, con la violencia de género, ETA o Cataluña como trasfondo. También a raíz de la controversia de estos días, acerca de una de las cuestiones capitales en nuestro Estado constitucional contemporáneo: la relación entre la representación popular y la justicia constitucional. Pero esa es otra cuestión. Sea como fuere, esa falta de decoro no solo mina el prestigio de la institución, sino también de la política, una de las actividades que goza de menor estima y crédito social. Pero no es producto de la mala educación de sus señorías, pues incluso algunas alardean de su superioridad moral e intelectual, sino una manifestación más de la extrema polarización social y de la emergencia de la ultraderecha de Vox.…  Seguir leyendo »

La Mesa del Congreso ha rechazado tramitar una propuesta del PNV para limitar la inviolabilidad del Rey, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta crítica decisión plantea dos cuestiones muy relevantes para el Estado de derecho: primero, si el órgano de gobierno de una Cámara puede hurtar a los representantes de la ciudadanía la posibilidad de debatir una reforma legal con el pretexto de su inconstitucionalidad; segundo, si cabe hoy día una inviolabilidad universal del Monarca que abrace tanto al ámbito privado como al del ejercicio de su cargo.

La primera cuestión, el alcance de las funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias por parte de las Mesas parlamentarias no es inédita, pero ha aflorado con crudeza a raíz de la reciente doctrina del Constitucional sobre la tramitación por el Parlamento de Cataluña de algunas iniciativas conectadas con el proceso soberanista, y al parecer se ha extendido como la pólvora a la praxis del Congreso de los Diputados con la inadmisión en términos absolutos de algunas proposiciones de ley en los últimos tiempos.…  Seguir leyendo »

Tras las revelaciones de la ministra Margarita Robles, habrá que ver si el Gobierno sigue confiando en la investigación interna del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o en la comisión de secretos del Congreso como cortafuegos del incendio provocado por el espionaje con el programa Pegasus. Hasta ahora, el valladar del Ejecutivo ha sido que los servicios de inteligencia desempeñan su labor con información clasificada como secreta. Pero ello no convierte al CNI en una organización secreta, sino que maneja secretos. Tampoco con licencia para delinquir. Además, se halla sometido a una panoplia de controles legales de modo que, aunque se invoque como un mantra la franquista ley de secretos oficiales de 1968, esa anacrónica regulación debe conciliarse con el hecho de que la ley del CNI de 2002 lo somete a control parlamentario y judicial, y que otras leyes lo constriñen a otros controles, empezando por el control ejecutivo, el del Gobierno y el interno del propio centro.…  Seguir leyendo »

Aunque no puede hablarse de que haya habido nunca una edad de oro del parlamentarismo en España, es indudable el insólito nivel de degradación alcanzado por el Legislativo actual. Más allá del grotesco episodio de la votación de la reforma laboral (por sus derivadas, y no tanto por el error humano o mecánico de que se trate), lo cierto es que desde hace tiempo el Parlamento no viene ejerciendo con normalidad ninguna de las funciones de actualización de la voluntad constituyente que tiene encomendadas según la Constitución.

Así, pese a que, como único órgano con legitimidad democrática directa, el Parlamento debería situarse en el centro de la vida política, su reciente ejecutoria demuestra que ostenta un rol que oscila entre ser una caja de resonancia del Gobierno, sin relevancia en la toma de decisiones, o el vehículo de algunas minorías para torpedear cualquier iniciativa política del Ejecutivo, con el menoscabo que supone para el funcionamiento del sistema democrático.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional y su parva renovación

Ya hace unos días que hubo acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, aunque sea con candidatos con marcado perfil político y lejos de la paridad deseable. Continúa el trágala del PP ante un PSOE ávido de alcanzar acuerdos para desbloquear las altas instituciones. Y se prevé su elección por el Congreso de los Diputados para la semana próxima tras salir airosos del hearing que tuvo lugar en la Comisión Consultiva de Nombramientos para evaluar su idoneidad. A la vista de la polémica precedente, esta vez sus señorías han guardado las formas y no han descuidado preguntar a los nada atribulados postulantes por su afinidad política, como aconteció en 2010 en el Senado, que aprobó al candidato y a la postre presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, en 10 minutos y entre halagos, sin que a nadie se le ocurriese preguntarle por su dilatada militancia en el PP.…  Seguir leyendo »

Decía el constitucionalista alemán Konrad Hesse que la vigencia efectiva de una Constitución requiere de la voluntad constante de los implicados a la hora de realizar sus mandatos (la “voluntad de Constitución”). Exactamente lo contrario de lo que acontece cada vez que el Partido Popular (PP) —el más constitucionalista de la clase— pasa a la oposición y bloquea la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya lo hizo Mariano Rajoy en 2004 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y lo vuelve a hacer ahora Pablo Casado con el Gobierno de coalición social-podemita. Este bloqueo —para alargar los efectos de una mayoría absoluta que no existe en el Parlamento desde 2015— es un evidente caso de lawfare —para decirlo como se estila ahora—, pues se utilizan indebidamente los procedimientos establecidos para dar una apariencia de legalidad tal que hasta la propia Comisión Europea (CE) parece persuadida de que asistimos a un caso como el de Polonia o Hungría.…  Seguir leyendo »

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 14 de julio pasado sobre el primer estado de alarma esgrime que las restricciones a la movilidad impuestas durante la primera ola de la pandemia transgredieron la limitación de los derechos fundamentales y constituyeron una suspensión de los mismos, lo que hubiera tenido mejor encaje en el estado de excepción antes que en el estado de alarma.

El TC llega a este pronunciamiento sin excesivos razonamientos, sin embargo, lo que sin duda será una fuente de incertidumbre y de nuevos litigios. En efecto, una vez leída con detenimiento la sentencia, lo primero que llama la atención es que la teoría de la suspensión de derechos, por contraposición a la limitación o a la afectación de los mismos legitimada por el estado de alarma se aplica de forma un tanto discrecional.…  Seguir leyendo »

Habrá que esperar hasta el 23 de septiembre para ver si es posible la formación de un Gobierno en España. Por lo pronto, una de las principales lecciones que puede extraerse es que la investidura fallida de Pedro Sánchez ha evidenciado, una vez más, las dificultades para formar Ejecutivos de coalición después de 40 años de democracia. Estas son, sin duda, tributarias de la falta de acomodo al tránsito entre el bipartidismo y un sistema de partidos fragmentado, de la aparición de nuevos actores —y con ello una compleja y nueva red de relaciones interpartidistas e interpersonales—, así como de la decisiva, aunque no insólita, interacción de la arena política estatal con la catalana.…  Seguir leyendo »

La dificultad para alcanzar pactos para la elección de alcaldes por mayoría absoluta en primera votación y la endeblez que supone la elección en segunda del cabeza de lista más votado ha traído nuevamente a colación la posibilidad de que el sistema electoral contemple una segunda vuelta o ballotage, característico de los sistemas presidencialistas, como remedio para afrontar situaciones de compleja gobernabilidad, pero también, sin duda, para apartar el amargo cáliz de las arduas y enojosas negociaciones para la formación de coaliciones. En parecido sentido, pueden recordarse las un tanto vaporosas propuestas que PSOE y PP hicieron ya hace algún tiempo para bonificar con una prima de concejales las opciones mayoritarias, hasta completar la mayoría absoluta, en línea con lo sugerido por el Consejo de Estado en su informe sobre la reforma electoral (2009).…  Seguir leyendo »

La Audiencia Nacional viene de juzgar al rapero Valtonyc por supuestas calumnias e injurias a la Corona y por enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas como autor de canciones en las que se afirma «el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello» o «pierdo los papeles y en cuarteles grito gora ETA». La fiscalía ha solicitado un total de 11 años de prisión a un acusado que ha argumentado que sus letras están plagadas de metáforas, algo plausible atendiendo a su condición de músico y poeta.

Por otra parte, el Tribunal Supremo acaba de condenar a un año de prisión a César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo, por hacer chistes negros (algunos archiconocidos) sobre Carrero Blanco, el mismo día, por cierto, que la nieta de este sucesor del dictador Franco publicó una carta (Enaltecimiento del mal gusto) donde, además de exculpar al cantante de Def con Dos, denuncia el exceso de celo de la justicia por proteger a quienes no se sienten atacados.…  Seguir leyendo »

Acabamos de saber que España repitió en el 2016 su peor resultado histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), situándose en el puesto 41 sobre 167 países, entre Costa Rica y Georgia. Recientemente, fruto de la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la propia TI ha visto la luz un ranking con el número de acusados ​​y/o procesados, el de procedimientos judiciales y sentencias recaídas en casos de corrupción que afectan a políticos y funcionarios públicos: prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, tráfico de influencias o despilfarro de recursos públicos. Los datos de este repositorio se extraen de los órganos judiciales y del Registro de Penados y del número de presos preventivos.…  Seguir leyendo »

Hace unas pocas semanas abogábamos en este medio (Los Ayuntamientos que nos esperan, 17.04.2015) por un régimen presidencialista para la elección de los alcaldes. En síntesis, vinimos a proponer una reforma del sistema electoral local para habilitar una elección simultánea, pero separada, de los concejales del plenario y de la alcaldía (eventualmente, a doble vuelta) de los Ayuntamientos; reforma que, como es natural, debería ir acompañada de una modificación armónica de la arquitectura institucional del régimen local. Por lo demás, decíamos, esa posibilidad no se halla exenta de encaje constitucional: aunque no es muy conocido, el artículo 140 de la Constitución (CE) prevé la elección directa, por parte de los vecinos, de los titulares de las alcaldías, como forma de aproximar la designación del máximo poder ejecutivo local a la expresión de la voluntad de la ciudadanía.…  Seguir leyendo »

Las más recientes encuestas y el resultado de las elecciones andaluzas han ratificado la impresión generalizada de que el próximo arco político español va a experimentar una fragmentación sin precedentes. Por de pronto, todo apunta a una mayor atomización política, gracias en buena parte a la conocida emergencia de Podemos, pero también a la más reciente tendencia alcista de una opción como Ciudadanos, no tan novedosa, pero igualmente percibida como alternativa al tradicional escenario bipartidista. Así pues, parece indudable que estas circunstancias van a tener una amplia extensión institucional debido al abigarrado ciclo electoral al que estamos a punto de asistir, y en el que, a excepción de los Parlamentos de Galicia y el País Vasco, van a renovarse todas las restantes Cámaras de representación política.…  Seguir leyendo »

Hay cierta recurrencia estos días a la hora de decir que España no es Grecia. Y es lo cierto. Aunque no tanto como para pensar que el espejo helénico es tan refractario que nada de lo que ha acontecido en ese país pueda influir en nuestro futuro. Sin duda la crisis del sistema político y partidario español es la madre de todos los problemas actuales de España. Pero, no se olvide, la crisis económica y los reiterados episodios de corrupción son en parte derivadas de una misma patología estructural: los manejos propios de una gobernanza telúrica y opaca que rige nuestro destino en lo económico, y el autoritarismo postdemocrático que exhiben la mayoría de nuestros partidos políticos, que han centrifugado la voluntad popular del proceso decisional, y se han convertido en auténticas máquinas de provisión de cargos y de competir electoralmente.…  Seguir leyendo »

Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales, a decir de algunas encuestas, además de que, sin llegar al extremo de otros países europeos donde, por idénticos motivos reverdece el populismo, la xenofobia o el nihilismo, emergen opciones políticas de nuevo cuño. Asistimos, pues, a una insólita crisis de legitimidad de las instituciones políticas y representativas.…  Seguir leyendo »

Como decía acertadamente Javier Tajadura en estas mismas páginas, la desafección hacia el sistema institucional se ha trocado en un amplio cuestionamiento de nuestro modelo de democracia representativa. Y en buena parte, esta crisis de legitimidad es debida al funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, que siguen ostentando un papel hegemónico y asfixiante, diseñado en pleno posfranquismo, por razones obvias. Pero también a la creciente colonización que estos mismos partidos hacen de las instituciones. No hay más que observar los nombramientos que se han producido en algunos de los más altos órganos de la justicia ordinaria y constitucional o de otros órganos constitucionales o reguladores.…  Seguir leyendo »

Las investigaciones sobre las obras del AVE Madrid-Barcelona han destapado el volumen de los sobrecostes que la Administración paga por la obra pública en España. Al parecer, el Ministerio de Fomento ha abonado hasta 10.000 millones de euros en los últimos seis años. Y ello es así porque en los concursos públicos el peso de la propuesta económica continúa siendo un factor demasiado importante a la hora de evaluar las distintas opciones. Lo cual hace que las empresas lleguen a formular ofertas que, caso de verificarse su ejecución, las constriñe a trabajar a precio de coste. Claro está que esto no acontecería si no fuera porque se acepta la práctica habitual de que aquellas, a través de modificados y otros añadidos, acaban consiguiendo ampliaciones que les permite obtener finalmente los beneficios esperados.…  Seguir leyendo »

Hay quien piensa que el problema de la corrupción concierne exclusivamente a la justicia. El reclamo de la justicia sirve para que algunos corruptos descarguen su conciencia y hagan ver incluso que el orden se restablece. Sin embargo, una sociedad con una corrupción estructural como la nuestra no va a poder tener nunca una justicia del todo imparcial y eficaz. Sería antisistema. Una justicia así requeriría mayor prevención. Por definición, la mayoría de casos de corrupción, consistentes en sobornos y comisiones, no pueden probarse porque no hay evidencias fáciles. Y, claro está, lo que no está probado, no existe.

Quizás si redujésemos la ambición de los objetivos, esto es, dotando a la Administración de justicia de mayores medios, análogos por ejemplo a los de la Agencia Tributaria, la justicia podría coadyuvar más y mejor en la ardua tarea de combatir la corrupción.…  Seguir leyendo »

Con indudable lucidez, el filósofo burgués y posmaterialista del 68 francés, luego convertido en paladín de la causa sarkozysta, André Glucksmann, señaló que si el combate en el siglo XX había sido entre democracia y totalitarismo, en el siglo XXI el antagonismo es entre democracia y corrupción. Algo hay de exageración en esta aseveración, sobre todo en el actual contexto de aguda crisis económica, donde la jerarquía de inquietudes sociales pasa ante todo por llegar a fin de mes u obtener un empleo. Sin embargo, también algo hay de razón en todo ello, además de que corrupción y crisis económica van de la mano.…  Seguir leyendo »

Sabido es que ante unas elecciones, los partidos políticos derrochan sus mejores energías en conseguir recursos financieros para realizar sus campañas. Como ha hecho notar el historiador Niall Ferguson, el coste de éstas representa el clásico ejemplo del “dilema del prisionero”: si los adversarios cooperan, se puede llegar a acuerdos para limitar el gasto, evitando onerosos costes e innecesarias servidumbres. Sin embargo, suele pasar que la tentación de no colaborar es muy grande, a la espera de que los beneficios de alzarse con el triunfo superen los costes de la campaña. Para ello, los partidos deben obtener financiación y espacios donde desarrollar sus campañas.…  Seguir leyendo »