Jordi Nieva Fenoll

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Empieza a abrirse camino una voluntad mayoritaria de poner fin a la contienda del 'procés'. Lentamente comienza a haber menos actores que quieran seguir a la greña, y ello es positivo aunque novedoso. Se detecta un consenso implícito acerca de que uno de los principales problemas del contencioso es la judicialización de la política catalana, aunque existe una explícita desorientación sobre cómo intentar ponerle fin.

Unos proponen una actitud menos punitiva de la Fiscalía. Otros una reforma del delito de sedición en el Código Penal. Algunos argumentan que ayudaría una mutua asunción de culpas, tal vez por lo que tienen en común ambos bandos: haber dejado en mal lugar a las leyes, con una voluntad política u otra.…  Seguir leyendo »

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el proceso contra los líderes independentistas descarta el delito de rebelión.

Afirma que la violencia detectada fue demasiado escasa como para conseguir los fines de usurpación del poder del Estado propios de una rebelión, dado que el Gobierno nunca perdió el poder sobre todo el aparato administrativo, político, policial y militar del Estado, ya que todo el procés en realidad fue una tremenda y absurda mentira que jamás tuvo ni eficiencia ni probablemente intención de alcanzar sus supuestos objetivos independentistas. Y todo ello en mi opinión es completamente cierto.

Sin embargo, se condena a los acusados por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación.…  Seguir leyendo »

Se ha suscitado una polémica entre juristas que, tras mucho tiempo de suceder lo contrario, no parece sesgada por la ideología de cada uno, sino que por fin se plantea en términos estrictamente jurídicos. Que dure.

La polémica consiste en lo siguiente: se parte de la base de que un diputado –o senador– posee una serie de privilegios que son a la vez garantías de que el poder judicial y el poder ejecutivo no interfieren en la labor política de un legislador. Esas garantías consisten, brevemente, en que la Policía no pueda detener a un diputado salvo en caso de flagrante delito o con una orden judicial, y en que en caso de detenerlo en esos supuestos, la Policía lo entregue inmediatamente a la autoridad judicial sin que pueda custodiarlo en dependencias policiales salvo que sea inevitable.…  Seguir leyendo »

En ocasiones parece imposible juzgar objetivamente una decisión judicial. En casos como la prisión provisional de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez existe tal carga emotiva e ideológica en los hechos que hay que ser especialmente cautos a la hora de valorarlos 'en caliente', desde uno y otro lado. El hecho es que desde hace bastante tiempo existe una potente movilización ciudadana en Catalunya en pro de su independencia. Y hasta los pasados días 6 y 7 de septiembre, dicha movilización, salvo en momentos muy puntuales, no había trascendido del ámbito reivindicativo para situarse en el terreno de la desobediencia, lo que infelizmente ocurrió en los días señalados, como reconocieron los autores de las leyes que entonces se aprobaron.…  Seguir leyendo »

Vivimos una época en la que están saliendo a la luz pública maniobras económicas de nuestros representantes políticos que indignan -aunque nunca lo suficiente- a la ciudadanía. No se trata de algo nuevo, aunque sí es bastante novedoso que se descubran tales hechos y que se investiguen, juzguen y condenen.

Sea como fuere, esta entrada del proceso penal en la alta política ha vuelto a poner sobre el tablero una vieja cuestión que va reapareciendo cada cierto tiempo pero que nunca se acaba de resolver: cómo denominamos al sujeto que puede llegar a ser juzgado. El listado de términos en el vocabulario popular y técnico-jurídico es muy extenso.…  Seguir leyendo »

Nadie duda de que la regulación de las escuchas telefónicas es insuficiente, lagunosa y confusa. Así se lo ha recordado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al legislador español, sin que este haya hecho absolutamente nada durante décadas. También el Tribunal Constitucional ha puesto en cuestión esta situación legal, aun sin atreverse a llegar a la que habría de ser la necesaria consecuencia final de esa insuficiente regulación: la inconstitucionalidad del deficiente artículo 579 de la ley de enjuiciamiento criminal por no cumplir con lo previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y es que si el Tribunal Constitucional llegara a esa conclusión, deberían anularse prácticamente todas las escuchas telefónicas ordenadas en España hasta el momento, con la consiguiente nulidad de condenas que ya son firmes.…  Seguir leyendo »