José Jiménez Villarejo

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En los debates sobre el programa con que se presentará el Partido Popular a las próximas elecciones generales ha sido propuesta la inclusión en el Código Penal de la cadena perpetua. No sé si finalmente la propuesta figurará en el programa, pero, sea cual sea la decisión que se adopte, creo necesario hacer una reflexión sobre lo que sería un gravísimo retroceso en nuestro ordenamiento jurídico.

Basta recordar que la cadena perpetua, aun habiendo subsistido formalmente en el Código Penal de 1870, desapareció en la práctica penitenciaria con aquel texto, puesto que se establecía que los condenados a penas perpetuas serían indultados a los 30 años de cumplimiento de la condena, a no ser que por circunstancias graves el Gobierno no los considerase dignos del indulto, facultad esta última apenas utilizada por los Gobiernos de la época.…  Seguir leyendo »

No sé si habrá muchos ciudadanos en este país tan asombrados como yo ante el sesgo que ha tomado últimamente el debate público sobre el terrorismo de ETA y la política a seguir para combatirlo. Lo primero que resulta asombroso es que el debate se haya intensificado precisamente ahora, cuando hace tiempo que la sociedad española no sufre un atentado terrorista. Sabemos, por supuesto, que ETA no ha desaparecido y que existen individuos dispuestos a realizar atentados. Pero su existencia se conoce porque son detenidos antes de que puedan llevar a cabo sus criminales propósitos. En las portadas de los medios de comunicación, sin embargo, reaparece el tema con un relieve inusitado.…  Seguir leyendo »

No creo que pueda ponerse en duda la rapidez y eficacia con que actuó el Gobierno de la nación en las horas que siguieron al colapso de la navegación aérea provocado por los controladores el día 3 de este mes. Se discute por algunos, en cambio, la corrección jurídica de las medidas adoptadas para hacer frente a la situación creada por el colapso. La discusión tiene sumo interés porque, habiendo sido la primera vez que sufre nuestra sociedad una agresión de tal naturaleza, también es la primera vez que se ha declarado uno de los estados de emergencia previstos en el artículo 116 de la Constitución Española (CE), lo que implica la inevitable novedad de los problemas que arrastra dicha declaración.…  Seguir leyendo »

El acoso judicial a Baltasar Garzón -creo sinceramente que así puede ser definido lo que está sucediendo a este magistrado- ha suscitado, dentro y fuera de nuestra sociedad, perplejidad primero e indignación después. Uno y otro sentimiento se han manifestado en diversos ámbitos y su expresión alcanzó quizá singular resonancia en el acto celebrado el pasado día 13 en la Universidad Complutense. Lo que allí se dijo -y lo que no se dijo pero ha sido imaginado por algunos- ha provocado una avalancha de reacciones contrarias. Algunas de ellas se han situado en el campo del insulto soez o de la amenaza apenas velada, pues se ha llegado a insinuar que los nuevos cachorros del franquismo pueden volver a las andadas de sus mayores.…  Seguir leyendo »

Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.

La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.…  Seguir leyendo »

El propósito del Gobierno de sustituir, en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el sistema de indicaciones incorporado al Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985 por el de plazo ha provocado una fuerte reacción en los medios más conservadores -significadamente en la Conferencia Episcopal- que parece rebasar el rechazo al sistema anunciado y propugnar la vuelta a la vieja legalidad que definía como delito cualquier supuesto de aborto provocado.

La reacción tiene algo de sorprendente. La aplicación de la norma en que se establecieron los casos de aborto no punible ha sido en estos años relativamente pacífica, aunque no han faltado actuaciones, algunas violentas, de los grupos "provida", y la Conferencia Episcopal, por su parte, no ha perdido ocasión de condenar la restricción que supuso la LO 9/1985 para la protección penal de la vida humana en formación.…  Seguir leyendo »

Entre los textos aprobados en el reciente Congreso del PSOE, figura uno titulado Derecho a una muerte digna, en el que se hace constar la aspiración de los congresistas a que ese derecho sea reconocido en la legislación estatal. La aspiración se sitúa en dos niveles en los que la exigencia tiene una distinta intensidad y a los que se asigna una urgencia igualmente diversa.

En primer lugar, se afirma desde ahora, y con absoluta rotundidad, el derecho a recibir cuidados paliativos de calidad en la fase final de la vida, que se concreta en el respeto al testamento vital si existiere y, en todo caso, en la administración del adecuado tratamiento contra el dolor y el rechazo voluntario de los tratamientos que sólo mantienen la vida biológica y producen sufrimientos innecesarios en los pacientes y sus familias.…  Seguir leyendo »

La sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa incoada por el salvaje crimen del 11-M ha sido ejemplar desde más de un punto de vista, por lo que la reacción que merece no es sólo la del simple acatamiento. Hay que felicitarse además por su pronunciamiento. Ante todo, por el hecho de que ha resuelto en un plazo razonable un caso de extraordinaria complejidad de cuya solución estaban pendientes todos los ciudadanos y especialmente las víctimas del atentado. En segundo lugar, porque ha puesto fin a un largo período de incertidumbre artificialmente creado pero no por ello menos socialmente intolerable.…  Seguir leyendo »

En el artículo publicado en este periódico el día 5 de este mes con el título La Corona y la libertad de expresión, mi buen amigo el profesor Joan Queralt ha tenido la gentileza de comentar uno mío publicado el mes pasado en estas mismas páginas. Dice el profesor Queralt que le causa cierta desazón disentir de mi criterio en un tema sobradamente conocido: el de la calificación jurídica que merece la portada de una revista que ya no precisa ser citada. A mí también -y seguramente con mayor razón- me inquieta no coincidir con él. Pero el afecto y respeto intelectual que le profeso me impulsan a volver sobre el tema, aunque no desde la perspectiva de la libertad de expresión, sino desde la elegida por el profesor Queralt, que es la naturaleza y el sujeto pasivo del delito de injuria.…  Seguir leyendo »

Desde que el fiscal y un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional adoptaron determinadas decisiones a raíz de la publicación en una revista de un dibujo y un comentario alusivos de forma denigrante a los Príncipes de Asturias, no han sido demasiados numerosos los análisis de los hechos desde una perspectiva estrictamente jurídica. Una perspectiva que no es por cierto inútil y que, por lo pronto, permite a un viejo jurista entrar en el debate diciendo que la actuación del fiscal y del juez ha consistido simplemente en la aplicación de las leyes haciendo de ellas una interpretación absolutamente razonable.…  Seguir leyendo »

El día 12 de este mes de junio, durante el desarrollo del juicio oral en que se depuran las responsabilidades penales derivadas de la matanza del 11-M, se produjo un incidente entre el presidente del tribunal y una fiscal que me siento obligado a comentar. Difícilmente me pueden ser ajenas las relaciones entre jueces y fiscales. Es inevitable que pese sobre mí el hecho de que fui fiscal durante más de treinta años y magistrado cerca de dieciocho. Desde ahora adelanto que la noticia de lo ocurrido me ha llegado a través de los medios de comunicación, si bien la visión de las imágenes y la audición de las palabras por la televisión pueden haber completado lo que he leído en la prensa y aproximar mi conocimiento de los hechos al de un testigo presencial.…  Seguir leyendo »

La locura colectiva que parece haberse apoderado de un sector importante de la sociedad española a raíz de la concesión a De Juana Chaos de un régimen de prisión atenuada en la ejecución de la última sentencia dictada contra él, concesión acordada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ratificada por el juez competente y asumida por el Gobierno, aconseja en mi opinión repasar la breve historia del proceso que concluyó con la citada sentencia. Comencemos por el antecedente inmediato del proceso.

De Juana Chaos cumplió, según tengo entendido, en agosto de 2005 las penas que se le impusieron en varias sentencias de la Audiencia Nacional por múltiples delitos de asesinatos y de otra índole.…  Seguir leyendo »

Ciertas actuaciones judiciales recientes han sido recibidas con protestas públicas inmediatamente denunciadas como ataques a la independencia judicial, quizá porque se supone que ésta correría peligro si los jueces cayeran en la tentación de someterse a los deseos de los protestatarios. Es curioso que no se haga la misma denuncia cuando, tras la comisión de un delito resonante, una turba pide venganza a las puertas del juzgado o cuando personas con capacidad para influir en la opinión pública anuncian que nadie entendería una futura resolución judicial distinta de la que esperan.

Sin embargo parece oportuno decir, para tranquilidad de todos, que el valor de la independencia judicial no sólo está proclamado en la Constitución y garantizado en la Ley, sino efectivamente vigente en los juzgados y tribunales.…  Seguir leyendo »