José Luis Díez Ripollés

Nota: Este archivo abarca los artículos publicados por el autor desde el 1 de Marzo de 2008. Para fechas anteriores realice una búsqueda entrecomillando su nombre.

En situaciones extremas como la actual pandemia, la demanda de que los expertos pasen a un primer plano tiene una fuerte acogida social. Esta exigencia se enmarca en un contexto de profunda preocupación por el bajo nivel argumental del debate público en España. No han faltado recientemente contribuciones en este diario que han manifestado esa inquietud. Pienso que una de las principales causas de la degradación del debate público tiene que ver con el excesivo protagonismo que en él se atribuye a nuestros representantes políticos. Estos han colonizado la esfera pública hasta límites poco saludables para nuestra democracia.

El papel distorsionador que una parte de nuestros políticos desempeña en este asunto es fácilmente apreciable estos días con motivo del análisis crítico de las medidas adoptadas para luchar contra la covid-19.…  Seguir leyendo »

España posee una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, lo que en realidad también quiere decir del mundo. Ello no nos ha de hacer olvidar que tenemos que mejorar bastante la persecución de ciertos delitos, entre los que destacan los relacionados con actividades empresariales o con la corrupción pública y privada. Y que se han de proseguir los esfuerzos, en gran medida exitosos, contra la delincuencia terrorista, de tráfico ilegal de personas y mercancías, o de género, entre otros.

Pero, si nos preguntamos por cuál es el verdadero asunto político-criminal pendiente de resolver en España y que nos diferencia de otros países de nuestro entorno, la respuesta es fácil.…  Seguir leyendo »

El ‘no es no’

La actual configuración de los delitos sexuales solo puede entenderse desde la radical transformación que experimentaron con motivo del cambio registrado en las costumbres sexuales en las últimas décadas del siglo XX. Se descartó como interés social a proteger una determinada moral sexual y se puso en primer plano la protección de la libertad sexual individual. Los delitos contra la honestidad pasaron a ser los delitos contra la libertad sexual y el nuevo Código Penal de 1995 constituyó uno de los mejores exponentes, imitado por otros ordenamientos, de esa orientación. Este enfoque, sin embargo, pronto se cuestionó por sectores sociales conservadores, quienes ya desde 2003 y con una notable aceleración en los últimos tiempos consiguieron, con mucha frecuencia aprovechando sucesos mediáticos, que se produjeran sucesivas y rigurosas reformas que han terminado desnaturalizando la estructura original de estos delitos.…  Seguir leyendo »

Si la endogamia universitaria merece ser calificada de corrupción, nuestras universidades están lejos de promover la superación de ese fenómeno. Más bien parece que pretenden consolidarlo, con la ayuda del ministerio competente. Entiendo por endogamia universitaria una asignación de plazas de profesor guiada de forma predominante por la pertenencia previa del candidato a la plantilla de la correspondiente institución, por encima del mérito y capacidad de los posibles concurrentes.

Con aparentes buenos propósitos, ministerio y universidades están estructurando un sistema de reclutamiento del profesorado claramente clientelar. Este fenómeno, ya antiguo, se ha acelerado tras la aprobación en 2015 de una modificación de la ley de universidades, y la proliferación en las universidades de los denominados procesos de promoción interna de sus profesores a funcionarios.…  Seguir leyendo »

Mi admirado Fernando Savater ha publicado recientemente en este diario unas reflexiones, Fuera del área, a propósito de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. En ellas aporta unos argumentos dignos de análisis. Me propongo opinar sobre algunos de los más relevantes.

Sostiene Savater que los beneficios penitenciarios no deben operar de la misma manera en asesinos condenados a miles de años que en aquellos cuya condena no llega tan lejos. Hay que precisar que nadie es condenado a miles de años, sino a un máximo, hoy en día, de 40 años. El Derecho Penal, sensatamente, supone que los asesinos no van a vivir más allá de lo normal.…  Seguir leyendo »

La nueva reforma del Código Penal impulsada por el Partido Popular constituye un nuevo y magnífico ejemplo de la legislación penal compulsiva que padecemos desde hace algo más de quince años. Con ella, el nuevo Código Penal de 1995 habrá sido sustancialmente modificado en veinticinco ocasiones, a un promedio de una reforma y media por año. Será además una de las más ambiciosas, como las varias que tuvieron lugar en 2003 y 2010.

Sin embargo, no parece que existan necesidades político-criminales nuevas que aconsejen introducir doscientas modificaciones legislativas en un código que tiene 639 artículos, cuando en la reforma de 2010, de cuya entrada en vigor aún no han transcurrido 28 meses, se procedió a realizar 169 modificaciones.…  Seguir leyendo »

La propuesta de introducir una pena de prisión perpetua o permanente revisable supone, en primer lugar, reforzar la llamativa excepción que supone, entre los países de nuestro entorno cultural, el sistema de penas español. Es sabido que nuestra tasa de encarcelamiento es la más alta de toda Europa occidental, y ya supera a unos cuantos países de Europa oriental, siempre más proclives a abusar de la pena de prisión. Esos números tan elevados no son producto de una elevada tasa de criminalidad, la cual se mantiene tradicionalmente en los niveles más bajos de Europa occidental, a su vez una de las regiones con menos criminalidad del mundo.…  Seguir leyendo »

Recientes acontecimientos han puesto nítidamente de relieve las carencias de gestión de la Administración de Justicia, vinculadas ciertamente a una deficiente organización y a un escaso aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles, sin olvidar tampoco el papel que juegan determinadas rutinas judiciales. Como era de esperar, el debate subsiguiente ha girado en torno a cómo mejorar la gestión del servicio público que es la Administración de Justicia.

A mi juicio, sin embargo, el inaplazable debate sobre la modernización de la justicia penal presupone tener claros previamente cuáles han de ser los objetivos a conseguir por la jurisdicción penal. Porque si los objetivos trazados son inalcanzables, difícilmente las mejoras de gestión permitirán lograrlos.…  Seguir leyendo »