José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

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El punto ciego de la justicia

El sistema de gobernanza de la justicia en España está inmerso en una profunda crisis institucional, derivada, entre otros factores, de la falta de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha provocado un insólito y anómalo escenario de interinidad y vaciamiento en las principales instituciones judiciales, que afecta gravemente al regular funcionamiento de los juzgados y tribunales.

La ciudadanía observa con creciente inquietud la actual situación de confrontación política que se proyecta al ámbito de la justicia. La división sistémica en el seno del Consejo se traslada a la opinión pública, que tiene la percepción de que la justicia no es imparcial al estar contaminada por la penetración de la polarización política.…  Seguir leyendo »

Eleanor y Franklin Roosevelt. El presidente número 32 de los Estados Unidos y la primera dama e impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Keystone (Getty Images)

Son tiempos inequívocamente convulsos e inciertos, caracterizados por la extensión del temor y la miseria, el retroceso vertiginoso de la democracia y las libertades, en amplias partes del mundo y por la creciente degradación del planeta. También son tiempos profundos para construir un futuro común para la humanidad en términos de esperanza, progreso y prosperidad.

Ciertamente, en muchas regiones del mundo en erupción que conocemos, la vida de numerosas personas se desenvuelve marcada por la pobreza ultrajante, por el retorno del fuego de la ira y el odio, por la frustración, la desolación y la desesperanza.

El autoritarismo subsiste como objeto inamovible, y crece el asedio a los sistemas democráticos, que se ven amenazados por fuerzas disgregadoras, autocráticas y totalitarias, sustentadas en el fanatismo, la demagogia y la polarización extrema.…  Seguir leyendo »

En la actual coyuntura, no resulta ocioso recordar que la concepción de la Constitución como orden fundamental duradero de la comunidad se fundamenta en la idea de limitación del poder, en su dimensión temporal y sustantiva, y en la teoría de los pesos y contrapesos (checks and balances), que delimitan el espacio de actuación de los distintos poderes y que permiten superar equilibrada y racionalmente los eventuales conflictos constitucionales que surjan entre los poderes mediante la intervención del Tribunal Constitucional, garante último del orden constitucional.

Y en estos momentos, en que perdura la situación de bloqueo institucional de la renovación del órgano de gobierno del poder judicial —una vez desbloqueada in extremis la renovación del Tribunal Constitucional, que permite cerrar un escenario convulso e inédito de crisis constitucional—, conviene hacer algunas precisiones en torno al alcance y proyección de la democracia jurídica en nuestra Constitución:

En primer término, comporta que todos los poderes y organismos constituidos al amparo de la Constitución, sin excepción —el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, y los demás órganos de relevancia constitucional— asuman el peso de la responsabilidad de observar la Constitución, de guardarla y hacerla cumplir, para lo que no solo están obligados a actuar con rectitud, a respectar sus aspectos formales y procedimentales, sino también a procurar que sus acciones se ajusten a fin de consolidar un Estado social y democrático de Derecho, promoviendo el bien común y el interés general de la nación.…  Seguir leyendo »

La ética de la responsabilidad de los intérpretes de la Constitución

La labor de los intérpretes de la Constitución está sometida a la observancia inequívoca, contrastada e incondicional de una serie de valores y principios de carácter material o sustantivo, que constituyen la base ideológica del Estado constitucional, y cuyo enunciado está vinculado a la definición de la Constitución que hicieron nuestros constituyentes como “Carta Magna de la dignidad, la concordia civil, la libertad y la justicia social”.

En el preámbulo de la Constitución y en su articulado se proclaman un núcleo de valores, que son expresión del thelos del Estado constitucional, que es el de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, promover el bien común de cuantos integramos la nación y garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo, que configuran el ideario colectivo que compartimos como miembros de la comunidad política surgida de un escenario de libertad al amparo de nuestra Ley Fundamental.…  Seguir leyendo »

Un gobierno de los jueces virtuoso

Desde la perspectiva de la praxis constitucional, el Consejo General del Poder Judicial se ha revelado un órgano incómodo.

La opinión pública percibe al Consejo General como una institución extremadamente politizada, cuya actuación distorsiona la imagen de independencia e imparcialidad que debe caracterizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados.

Distintos especialistas del ámbito académico y también numerosos analistas políticos coinciden en señalar de forma rotunda el fracaso del calificado autogobierno judicial. Objetan tanto la designación de los vocales del Consejo General como aspectos relativos a la determinación de la composición, estructura y organización.

A este escenario de desafección institucional y social contribuye la parquedad e indeterminación de la definición del Consejo General del Poder Judicial como “órgano de gobierno del mismo” que efectúa la Constitución, en la medida que resulta equívoca.…  Seguir leyendo »

La idea constitucional de la justicia

Los jueces españoles reivindicamos la independencia judicial como uno de los valores fundamentales constitutivos del Estado social y democrático de derecho, que debe impregnar, sin mácula alguna, toda nuestra actividad jurisdiccional.

Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, hemos abrazado la independencia judicial como nuestra principal seña de identidad, conscientes de que en un Estado democrático solo jueces independientes e imparciales están legitimados para impartir justicia.

Los miembros integrantes del poder judicial asumimos que la independencia judicial constituye un imperativo constitucional, que comporta que ejerzamos la jurisdicción sometidos únicamente al imperio de la ley.

Sabemos que la independencia judicial resulta incompatible con cualquier tipo de subordinación del juez al poder político o a poderes opacos.…  Seguir leyendo »

La justicia, junto a la libertad, la igualdad y la solidaridad, constituye uno de los pilares basilares constitutivos y legitimadores del Estado constitucional. Es un componente esencial del sistema democrático. La justicia es una virtud privada y una virtud pública, configurada como valor superior del ordenamiento jurídico. Es un derecho fundamental, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a los tribunales de justicia para resolver los conflictos de forma objetiva y racional. La justicia es una aspiración cívica irrenunciable y una exigencia democrática indispensable para asegurar la convivencia social en libertad. La justicia es una institución u organización pública destinada a hacer operativo el valor y la fuerza garantista del Estado de derecho.…  Seguir leyendo »