José Martín Ostos

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Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos.

I. La condena al diputado Alberto Rodríguez tiene su origen en una patada que en el año 2014 (hecho probado, según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) dio a un agente de policía durante una manifestación en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Con tal motivo, un juzgado canario instruyó diligencias penales, llegando a dictar auto de apertura de juicio oral. Bajo otras circunstancias, el asunto habría sido juzgado en aquella isla, sin que la noticia alcanzara mayor difusión.

Sin embargo, más tarde, Alberto Rodríguez resultó elegido miembro del Congreso de los Diputados, paralizándose el procedimiento penal.

Las actuaciones, pues, se remitieron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente en las causas contra diputados y senadores (artículo 71.3 de la Constitución Española).…  Seguir leyendo »

I. Dentro de la necesaria separación de poderes, toda sociedad organizada como Estado dispone hoy día, al menos, de una asamblea o cámara para el debate y la aprobación de las leyes que han de regir la convivencia entre sus nacionales.

Quedan atrás épocas históricas en las que los pueblos eran gobernados solamente por una persona, una familia o un grupo social, aunque, en ocasiones, se acompañasen de un órgano constituido por miembros de confianza para su asesoramiento o consulta no vinculante.

Por otra parte, no auguramos un fructífero futuro para el modelo legislativo de corte totalitario basado en un partido excluyente, que elimina toda discrepancia y que subsiste gracias a una férrea disciplina.…  Seguir leyendo »

Por una Fiscalía independiente

I. Todavía no se ha logrado un consenso definitivo en torno a la institución del Ministerio Fiscal, que ha sido calificada en ocasiones como compleja, ambigua e, incluso, artificial. Creada en su día para la defensa de los intereses del Fisco, y tras numerosas reformas especialmente a partir de la codificación, la Fiscalía ha llegado a desempeñar un relevante papel político en las relaciones entre el Poder ejecutivo y la Administración de Justicia, tanto por su naturaleza (medio gubernamental para el cumplimiento de las normas, persecución de los delitos y promoción de la pronta justicia), como por su organización (unidad de criterio y dependencia jerárquica) y, también, lógicamente, por sus funciones (aumento de nuevas competencias: defensa de los más vulnerables, vigilancia de los procedimientos, de la legalidad, de la independencia de los tribunales, etcétera).…  Seguir leyendo »