José Miguel Soriano

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Han transcurrido algo más de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 5/2020 que establecía importantes modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria, tiempo suficiente para constatar que las novedades introducidas, con la mejor de las intenciones, no están contentando a ninguno de los operadores de la cadena, arrojando inseguridad jurídica a partes iguales a productores y distribuidores. Y es que, pretendiendo procurar igualdad negociadora, equidad en las relaciones y un más justo reparto de costes, como adelanto de la transposición de la Directiva comunitaria 2019/633, sobre prácticas comerciales desleales, introduce modificaciones de profundo calado que por contra no se acompañan de la claridad y certidumbre que requieren cambios y exigencias tales como que "cada operador de la misma -cadena- deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto" so pena de importantes sanciones económicas y reputacionales.…  Seguir leyendo »