Juan Antonio Lascuraín

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El Código Penal reserva la calificación de violación a la imposición de una relación sexual con penetración mediante violencia o intimidación (art. 179). Creo que buena parte de las airadas reacciones populares contra la sentencia de La Manada no provienen de qué consideraron los jueces que había sucedido ni de las penas de nueve años de prisión que decretaron para los acusados, sino de que se denominara a lo acaecido como “abuso sexual” y no como “violación”. Como nos muestra sobre todo la poesía, las palabras no son solo un frío mecanismo de comunicación conceptual sino un privilegiado instrumento para entender y expresar nuestras emociones.…  Seguir leyendo »

Las concurridas manifestaciones contra la sentencia condenatoria de los cinco miembros del grupo que se autodenominaba La Manada son la dolida expresión de repulsa de la más frecuente expresión de la violencia grave de género: la violencia sexual de los hombres contra las mujeres. Sus voces predominantemente femeninas son continuación del mismo coro de futuro que se expresó el 8-M por una sociedad igualitaria. Tan respaldables son por ello como poco razonables como crítica a una concreta sentencia y a los tres concretos magistrados que han decidido acerca de la concreta responsabilidad penal que se deriva de la concreta conducta de los cinco concretos acusados.…  Seguir leyendo »

Al calor de la conmoción que suscita la posible violación y asesinato de Diana Quer el Gobierno propone aumentar los delitos castigados con pena de prisión permanente revisable, contando quizás con que en este momento puede parecer insensible o insensata cualquier oposición a su proyecto y a la cadena perpetua en sí. Sabido es, sin embargo, que la tribulación no es buena ocasión para la mudanza. No lo es para una cuestión de justicia que exige racionalidad, templanza y olvido del rédito partidista: la de cómo reaccionar frente a los peores crímenes.

Ni la más severa de las penas imaginables puede enmendar el pasado.…  Seguir leyendo »

En una conferencia sobre política criminal, sobre lo que se debe penar y con qué penas, un alumno me espetó si acaso el homicidio o la violación eran de derechas o de izquierdas: “Lo que está mal debe castigarse. Y punto”. Quizá estaba un poco espeso ese día, porque lo que precisamente trataba de explicar es que determinar lo que está mal y cómo debe castigarse es una cuestión organizativa y valorativa, y por lo tanto política. Que para el Código Penal no es indiferente que legislen unos u otros; que no vale el despectivo lema del 15 M relativo a que los dos grandes partidos son, por malos, iguales; que no pasa con las penas lo que según algunos sucede con la economía: que no hay apenas sitio ya para la política estatal.…  Seguir leyendo »

La cultura de la calidad trata de llegar también a las leyes. Con ahínco en los últimos tiempos, la teoría de la legislación intenta que los instrumentos que ordenan nuestra convivencia y garantizan nuestra libertad sean el fruto de una deliberación informada en torno a sus objetivos y a sus inevitables costes. No se trata sin más de dictar reglas con fines más o menos loables, sino de dar con los cauces que aseguren una reflexión plural y sosegada y una ponderación de lo que se gana y lo que se pierde con la norma. Porque las moscas se pueden matar también a cañonazos y los remedios pueden ser peor que las enfermedades.…  Seguir leyendo »

La impetuosa subida de impuestos a las grandes fortunas en una economía globalizada, el sostenimiento de los sindicatos por las solas cuotas de sus afiliados o el sistema electoral de proporcionalidad estricta son algunas ideas cuya posible dulzura inicial tiende a diluirse en mayor o menor medida en el café caliente de una deliberación sosegada. Creo que a este grupo pertenece también la cadena perpetua en cuanto pena de prisión que se impone a los condenados por los delitos más graves y que no permite su liberación ni antes de un determinado momento (25, 28, 30 o 35 años en la propuesta que acaba de aprobar en el Parlamento), ni en cualquier caso si se considera que el penado puede cometer nuevos delitos (si no existe «un pronóstico favorable de reinserción social»).…  Seguir leyendo »

Creo que Isabel Pantoja no debería estar en la cárcel. Y estoy seguro de que algunos lectores estarán arqueando las cejas ante esta opinión. ¿No se trata acaso de una persona condenada a dos años de prisión? ¿No es lo propio de un Estado de Derecho el que las penas se cumplan? Las cosas son un poco más complejas cuando se trata de ejecutar penas privativas de libertad: de meter a la gente en la cárcel. Y lo son porque lo que resulta en realidad complejo es lo que pretendemos con las penas. Perseguimos tanto desalentar a los que puedan estar pensando en cometer un delito como reafirmar en su opción a los buenos ciudadanos que no se plantean dedicar sus energías a fastidiar a los demás.…  Seguir leyendo »

De un modo poco certero pero muy expresivo, suele decirse que el Código Penal es la Constitución en negativo. No solo porque protege lo que esta proclama, sino también porque es en el castigo donde se retratan los pueblos. Ningún ejercicio del poder público transmite mejor los valores de una sociedad que los delitos y las penas: que la selección de las conductas que considera intolerables y el modo de reacción frente a ellas. Esta fragilidad constitucional de las normas penales no parece sin embargo haber sido debidamente percibida por el proyecto de reforma del Código Penal que se está debatiendo en el Parlamento y que, si esta deliberación no lo remedia, supondrá un severo empobrecimiento del Código en lo que más debe importar: los valores constitucionales de los que nos enorgullecemos.…  Seguir leyendo »

Una cosa es que una norma penal sea constitucional y otra muy otra es que además sea buena: que sus previsiones y su aplicación vayan a tener más efectos positivos que negativos y que en ese sentido vayan a mejorar el mundo. Sin embargo, el debate prelegislativo sobre la introducción en nuestro Derecho de la cadena perpetua no solo se ha centrado en su tolerabilidad para nuestros valores básicos de convivencia, sino que tiende a identificar la respuesta positiva a esta cuestión con su justicia: si la nueva pena es constitucional, es buena. Y ahí termina la reflexión; donde normalmente debería comenzar.…  Seguir leyendo »

Lo primero que habría que consensuar es la necesidad misma de consenso, estrategia política con tan buena prensa como peligro para la lícita competencia de las alternativas en juego y para el legítimo desarrollo de la que tiene el apoyo mayoritario. Más que una panacea, el consenso es un potente antibiótico que debe ser administrado con cautela, solo cuando el tipo y la gravedad de la enfermedad lo requiera. Y la regulación penal de la interrupción voluntaria del embarazo lo requiere: en una sociedad democrática consolidada no puede ser que una determinada conducta salte de derecho a delito y viceversa cada ocho años, máxime cuando lejos de tratarse de un comportamiento excepcional en un área de convivencia muy específica se refiere a un entorno de decisión tan frecuente, personal y trascendente como es el embarazo, que afecta prioritariamente a un sector de la población determinado por su sexo y en el que manifiesta su interés la sociedad entera.…  Seguir leyendo »

Cada vez que se comete un crimen horrendo nos volvemos a preguntar qué hacer para impedir su repetición, si la disuasión del delito es toda la posible, si no habrá penas más duras que nos preserven de tan estúpida crueldad. Deseamos incluso borrarla del pasado. Si no su daño, ya irreversible, sí al menos su injusticia, castigando a su autor con una severidad paralela a la del delito.

Sin embargo, no somos ni dioses ni delincuentes. Ni podemos eliminar el delito con la pena, pues no hay alquimia que reste el injusto del pasado con la justa imposición de un mal, ni podemos prevenir el crimen de cualquier manera.…  Seguir leyendo »