Julio Banacloche

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Hablar de un estado de alarma que se prolongará durante seis meses es una contradicción en sus propios términos. El estado de alarma, por su misma configuración constitucional, ha de ser breve y limitado, al menos en el tiempo. Según el art. 116.2 CE, debe durar un plazo máximo de 15 días, y cabe prorrogar «dicho plazo» –no un plazo de mayor duración– con la autorización del Congreso. Es decir, que en ningún caso se puede prorrogar por más días de esos 15, y en buena lógica no permitiría encadenar una prórroga tras otra. Esto se deduce claramente de lo dispuesto para el estado de excepción (art.…  Seguir leyendo »

Uno de los principales problemas que se plantean en aquellas sociedades que han sufrido un régimen dictatorial y avanzan hacia un sistema democrático es el de cómo afrontar el tratamiento jurídico-penal de las personas que han cometido graves delitos durante los años previos al cambio de modelo político. Estas personas suelen ser, por un lado, algunas autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que abusan de su posición y cometen delitos contra la vida, la libertad, la integridad física y moral; y, por otro, activistas de la oposición (o paramilitares pro Gobierno) que, para el logro de sus objetivos, recurren a atentados, secuestros, extorsiones y daños contra las personas y bienes.…  Seguir leyendo »

EL TC ha dictado una sentencia que declara conforme al texto constitucional la reforma del artículo 92 LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), cuya aprobación fue objeto de polémica, especialmente en los sectores nacionalistas. En ella se permitía al propio TC acordar medidas dirigidas a asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, como la suspensión de funciones a la autoridad o cargo público que las incumpliera hasta que se verificara lo acordado, o la solicitud de colaboración al Gobierno en la ejecución de lo decidido. El principal motivo esgrimido en el recurso presentado por el Gobierno vasco para afirmar la inconstitucionalidad de la norma era que, a su parecer, con ella se alteraban el sistema de justicia y el equilibrio de poderes contenidos en el texto constitucional, al permitir al TC adoptar medidas de naturaleza política disfrazadas de actuaciones de ejecución.…  Seguir leyendo »