Luis Rodríguez Ramos

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Estos dos últimos años se han promulgado doce de las cuarenta y cuatro reformas del vigente Código Penal de 1995, siendo especialmente estrepitosas tanto la reforma de las agresiones sexuales o ley del 'solo sí es sí', por su defectuoso 'modus generandi', como la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación, por sumar al mismo motivo su viciada 'ratio essendi'.

Lo noticiable de estas modificaciones no es principalmente lo que tengan de 'legislar para la foto', es decir la habitual improvisación y elusión de informes técnicos preceptivos en la fase de anteproyecto (por no hablar de la aún más olvidada Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación), sino más bien en el segundo caso, la consciente pérdida del bien común como norte de toda ley, su perversión al intentar encubrir un segundo indulto para condenados por malversación más un indulto anticipado para los pendientes de juicio y su instrumentalización como precio de trapicheo de votos entre partidos políticos, objetivos por otra parte muy parcialmente conseguidos.…  Seguir leyendo »

¿Indultos legales inconstitucionales?

El indulto de los sediciosos independentistas y el anunciado para el expresidente de la Junta andaluza José Antonio Griñán han repuesto en el escenario la inveterada institución del indulto y, de paso, también la de su compañera la amnistía, modalidades ambas del ejercicio del 'derecho de gracia'. Se trata de instituciones heredadas de la monarquía absoluta que, en el caso del indulto, el Gobierno gestiona defraudando a la Constitución al incurrir en una escandalosa arbitrariedad encubierta mediante la aplicación de una ley obsoleta.

La amnistía 'olvida' el delito cometido y la correspondiente pena, mientras que el indulto sólo perdona toda o parte de la pena.…  Seguir leyendo »

Tras el anuncio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de que, dentro de sus competencias, va a bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio, se ha producido una reacción inmediata: el Gobierno ha anunciado que se va a establecer un gravamen similar al Impuesto sobre el Patrimonio, del que se deducirá la cuota de éste.

Al margen de otras cuestiones que pueda plantear el nuevo impuesto una vez se conozca, las circunstancias en que se crea el tributo (inmediatamente después del anuncio del presidente andaluz de su intención de bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio); el escaso potencial recaudatorio (llevado al extremo, puede que el Estado no recaude nada si las comunidades autónomas fijan un tipo igual o superior al del nuevo impuesto); y la mecánica de deducción de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio (similar, por cierto, a la que proponía ERC en una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que, según la propia enmienda, pretendía corregir la competencia fiscal a la baja en el Impuesto sobre el Patrimonio), hacen pensar que el gravamen no tiene por objeto contribuir al sostenimiento del gasto público, sino que su fin principal es armonizar la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio en las distintas comunidades, lo que supondría una invasión de competencias por parte del Estado, incompatible con el sistema de financiación autonómica y los estatutos de autonomía.…  Seguir leyendo »

El diputado Alberto Rodríguez ha sido expulsado del Congreso, en ejecución de una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, impuesta por un delito de atentado en estricta aplicación judicial del ordenamiento jurídico, sin que el voto particular de dos magistrados afecte al presente tema. Las circunstancias de este político y los avatares en la resistencia de la presidenta del Congreso, de Unidas Podemos y del propio PSOE a la hora de ejecutar dicha pena, reclaman una serie de reflexiones jurídicas y políticas útiles para entender las actuales disfuncionalidades del Gobierno, de las Cortes Generales y de los partidos políticos.…  Seguir leyendo »

Indulto ¿extravagancia de la Justicia penal?

Jiménez de Asúa, socialista y maestro de maestros penalistas, presidiendo la Comisión parlamentaria que elaboraba la Constitución republicana de 1931, al abordar la regulación del derecho de gracia se declaró «radical enemigo del indulto, de todos los indultos», salvo de los que pida el tribunal sentenciador cuando considere que la pena impuesta, por estar «sometidos únicamente al imperio de la ley», resulte injusta. Con esta reticencia frente a los indultos se consolidó una fórmula extraña, atribuyendo la competencia de indultar al Tribunal Supremo, pero reservando tal prerrogativa al presidente de la República para los delitos de extrema gravedad; además, se prohibieron los indultos generales y se confirió al Parlamento la concesión de amnistías.…  Seguir leyendo »

La actual Monarquía española es constitucional y parlamentaria, muy distinta de las monarquías absolutas del Ancien Régime y de las meramente constitucionales que terminaron con Alfonso XIII. El Rey mantiene el atributo de la inviolabilidad que lleva implícita su inmunidad frente, al menos, su procesamiento en el orden jurisdiccional penal, disponiendo el artículo 56.3 de la Constitución que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, complementando este aserto con la remisión al artículo 64, que prevé el necesario refrendo de todos sus actos constitucionales por otras autoridades del Estado, que asumen las posibles responsabilidades por dichas decisiones.…  Seguir leyendo »

La improvisación y frivolidad intelectual de los políticos expandidas por el altavoz de los medios de comunicación, por desgracia ya habituales, han dado una imagen distorsionada de la llamada prisión permanente, con pocas verdades completas y muchas medias verdades y algunas falsedades. En realidad, la opción posiblemente más razonable sea el mantenimiento de esta pena, pero con reformas importantes, tanto de ésta en sí como de otras penas largas privativas de libertad, por cierto más perjudiciales para el penado que esta novedosa introducida en la modificación del Código penal de 2015. De la misma forma, serían bienvenidas reformas en la Administración penitenciaria, instaurando una efectiva estructura de tratamiento en libertad de los condenados a penas de prisión, cuando estuvieran suspendidas o en ejecución en semilibertad -permisos y tercer grado- o libertad -libertad condicional en el último cuarto de la condena o completa tras el cumplimiento de la pena-.…  Seguir leyendo »

Este miércoles ha declarado el presidente del Gobierno del Estado español en el inacabable acto del juicio oral del Caso Gürtel, y lo ha hecho a petición de ADADE, un despacho de abogados vinculado al PSOE y que ejerce la acusación popular en este procedimiento contra su principal rival, el PP. Ha testificado de modo presencial, ni por videoconferencia, ni por escrito, ni en su despacho de la Presidencia de Gobierno, sino en la Sala a la que han acudido y seguirán acudiendo casi todos los testigos.

Su declaración fue rechazada como prueba por el Tribunal antes del juicio, pero ya avanzado el mismo se declaró pertinente por dos votos a favor y uno en contra de los tres magistrados de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.…  Seguir leyendo »

Para cuándo la segunda revolución de la Justicia

Aunque los políticos no quieran reconocerlo, la verdad histórica es que los siglos XX y XXI han visto nacer y morir multitud de reformas parciales de las leyes reguladoras de la Administración de Justicia, especialmente tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y constatado también que en realidad toda la organización judicial sigue montada sobre los cimientos establecidos por las leyes derivadas de la lejana Revolución de 1868. Hace pues más de un siglo y medio que no se ha procedido a una reformulación de la Justicia española, a pesar de que la sociedad rural y agrícola del XIX, hace ya tiempo que se ha transformado en urbana, industrial y de servicios, se ha integrado en la UE e ingresado en la globalización.…  Seguir leyendo »

Criminalizar el conflicto catalán

La frecuente huida hacia el Derecho penal ante cualquier conflicto, en vez de resolverlo con valentía y tino, ha resonado en las voces que reclaman la criminalización del independentismo catalán y de sus promotores. ¿Tendría algún sentido esta criminalización?

Si el problema es político la solución debería moverse en ese mismo orden, salvo que los hechos obligasen finalmente a la aplicación de la ley penal por ser inequívocamente indiciarios de responsabilidad criminal, pero no antes pues las leyes penales deben interpretarse de un modo estricto, rigiendo el principio de cierre 'in dubio libertas'. El propósito del presente artículo es fijar esta frontera de lo delictivo, no sin insistir en que cualquier otra solución siempre será preferible pues, como decía el penalista alemán Welzel, el Derecho penal tiene guantes de madera y donde pone su mano acaba agravando el problema en vez de solucionarlo.…  Seguir leyendo »

Una Justicia Penal sin maquillajes

Desde los siglos XVIII y XIX la Administración de Justicia española arrastra vicios estructurales propios de un país rural y agrícola e impropios del hoy urbano, industrial, de servicios, europeo y globalizado. La Constitución de 1978 no ha servido para provocar una radical renovación de este servicio público encarnado en el Estado-juez, por omisiones, por inconcreciones e incluso por erróneos contenidos. Se reclama por ello una reforma constitucional, después implementada mediante acciones político legislativas, ajustadas a pautas marcadas por expertos en organización y administración de empresas, pasando a un segundo plano los juristas teóricos y prácticos, sin duda también necesarios.

Bases de la nueva Justicia penal.…  Seguir leyendo »

In memoriam del General Alonso Manglano

Para iluminar las sombras que permanecen en las hemerotecas sobre la figura del general Emilio Alonso Manglano tras su muerte, el autor de estas líneas se siente obligado a evocar algunos recuerdos indeleblemente grabados en su memoria, durante los dos lustros que fue su abogado en todos los procedimientos penales que injustamente padeció, pues las hemerotecas no siempre merecen ser consideradas el principal protocolo notarial de la Historia y sí, en cambio, testimonio de mentiras, chantajes, pasiones e intereses generadores de injusticias.

La primera causa penal en la que fue juzgado dos veces en la Audiencia provincial de Madrid (en mayo de 1999 y en abril de 2005), fue el procedimiento derivado de las grabaciones de escuchas aleatorias de teléfonos móviles en la sede central del CESID –hoy CNI–, grabaciones instadas y conservadas por el teniente coronel Alberto Perote que, tras ser expulsado del Centro, las sustrajo y finalmente entregó al diario de Madrid que, al publicarlas, generó la inmediata prisión preventiva y la condena del exespía en un procedimiento penal militar en el que asumió su defensa un abogado, cuyo nombre se omite por haber fallecido, que también era letrado de confianza de otro personaje de relieve.…  Seguir leyendo »