Manuel Aragón

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Parlamentarismo presidencialista

Parlamentarismo presidencialista es un oxímoron, porque combina dos términos de significado opuesto. Pues bien, ese oxímoron se ha instalado en nuestra realidad política, contradiciendo a la Constitución, que establece un régimen parlamentario y no presidencialista. Es cierto que nuestro sistema constitucional hace tiempo que se está desvirtuando o, más directamente, falseando por obra de una práctica discordante con lo que la Constitución dispone. Son muchos los ejemplos que cabría citar y que están poniendo en grave riesgo el correcto funcionamiento de nuestro Estado democrático y social de derecho. Pero quiero detenerme ahora sólo en uno: la deriva presidencialista del jefe del poder ejecutivo, que se considera, y al que muchos consideran, como «presidente de España», con craso olvido de que España no es una república, ni menos aún, una república presidencialista.…  Seguir leyendo »

El Tribunal Constitucional cumplió con la sentencia sobre el estado de alarma

Aunque con retraso, criticable por la excepcional importancia del asunto, el Tribunal Constitucional al final cumplió con su deber de hacer prevalecer la Constitución. La sentencia dictada sobre el estado de alarma, sin ser perfecta, ninguna lo es, ha sido, a mi juicio, acertada, porque pone de manifiesto un modo fiel de ejercer la función de supremo intérprete y defensor jurídico de la Constitución que el Tribunal tiene atribuida. Porque la sentencia no es, como algunos han dicho, erróneamente, una sentencia “de la mayoría” de los magistrados, sino del propio Tribunal, de la misma manera que las leyes no son “de la mayoría” de los diputados o senadores, sino de las Cortes Generales, aunque, por tratarse de órganos colegiados, sus decisiones se adopten, obviamente, por mayoría.…  Seguir leyendo »

¿Alarma o excepción? La función del Tribunal Constitucional

Ante la proximidad de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración del estado de alarma efectuada en marzo de 2020, se han esgrimido en los medios de comunicación determinadas razones en favor o en contra de la posición adoptada por el ponente de esa sentencia, que entiende que se suspendieron derechos fundamentales y, por ello, que lo preceptivo, a tales efectos, debiera de haber sido acudir al estado de excepción y no al de alarma.

Lo primero que llama la atención es el uso, nuevamente, de la filtración, algo que tanto daño ha hecho al Tribunal en ocasiones anteriores. Es lamentable que una actuación tan reprochable no haya sido cortada de raíz, por ejemplo, decidiendo una inmediata deliberación y votación de la sentencia para evitar, al menos parcialmente, los fines indeseables que toda filtración persigue.…  Seguir leyendo »

Se puede reformar la Constitución pero no destruirla

Con ocasión de la polémica actual sobre los indultos y sobre los temas a tratar en la mesa de negociación mediante la cual el Gobierno pretende encausar el llamado problema catalán (que es, más exactamente, el problema creado por el nacionalismo catalán) ha vuelto a surgir, una vez más, la apelación al derecho de autodeterminación. A esos efectos no está de más recordar una obviedad y reflexionar sobre algo que, a algunos, les parece menos obvio.

Que en nuestro actual ordenamiento constitucional no tiene cabida el derecho de autodeterminación de una parte de la comunidad política es algo claro, según lo ha reiterado el Tribunal Constitucional.…  Seguir leyendo »

No voy a referirme aquí a los muchos problemas que plantea la reciente declaración, por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del estado de alarma, entre ellos la dificultad, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de decretar un estado de alarma de ámbito nacional que, sin embargo, lo que hace es delegar (dentro de unos límites, claro está) en las comunidades autónomas el dictado efectivo de las medidas a adoptar, dando lugar a una especie de estados de alarma de “declaración autonómica por delegación”, que no concuerda con lo previsto en nuestro ordenamiento constitucional y legal, aparte de que podría originar una variedad de medidas territorialmente desconectadas.…  Seguir leyendo »

Cuando en 1985 se reformó el Consejo General del Poder Judicial atribuyendo también a las Cortes Generales la elección de los 12 miembros correspondientes a los jueces y tribunales, el Tribunal Constitucional lo avaló en una discutida sentencia en la que advertía, no obstante, acerca de los problemas que ello podría generar. Y eso que aquella reforma exigía que la elección parlamentaria de los 12 miembros lo fuera por la misma mayoría, tres quintos, que la Constitución había previsto para los ocho restantes. Me atrevo a afirmar que si no hubiera sido así el Tribunal la habría anulado por entenderla inconstitucional.…  Seguir leyendo »

Hay que tomarse la Constitución en serio

En estos días desgraciados, en los que estamos sufriendo una horrorosa pandemia, con sus inevitables y muy graves consecuencias personales, sanitarias, sociales y económicas, creo que se está descuidando algo por completo fundamental, como es el exacto cumplimiento de la Constitución. No me refiero solo al mal ejemplo que se ha venido dando de un formato de ruedas de prensa presidenciales o ministeriales difícilmente concebibles en cualquier país democrático, problema que ya parece, afortunadamente, resuelto; ni tampoco al inadecuado lenguaje del presidente del Gobierno en sus últimas comparecencias televisadas, utilizando un tuteo paternalista al dirigirse a los ciudadanos y proclamándose, literalmente, de manera poco conciliable con la realidad de nuestro sistema institucional, como “el representante” o “el máximo representante” de “la nación en su conjunto”, cuando resulta que a la nación la representan únicamente las Cortes Generales, como bien dice la Constitución, y al Estado, como también la Constitución manda, solo lo representa el Rey.…  Seguir leyendo »

La legitimidad de origen de la monarquía, como forma política en la que un rey es el jefe del Estado, proviene del regular acceso hereditario a la Corona. Esa característica es genuina e indisociable de la monarquía. Sin embargo, en la monarquía parlamentaria, que es la única fórmula que hace compatibles monarquía y democracia, esa legitimad dinástica, que tiene sus virtudes en cuanto a la estabilidad estatal, va acompañada, necesariamente, de otra legitimidad de origen, de tipo indirectamente democrático: la que se deriva de estar prevista en una Constitución emanada de la voluntad popular, que ha descargado de poderes autónomos al rey y únicamente le ha confiado una función de auctoritas de carácter simbólico y moderador amparada en su obligada neutralidad política y su exclusivo servicio a los intereses generales.…  Seguir leyendo »

Nuestra monarquía ha venido desempeñando, desde hace 42 años, una función crucial para el establecimiento y la vigencia efectiva del sistema constitucional. Además de la actuación decisiva de Don Juan Carlos en el proceso de transición del régimen franquista a la democracia y de su valiosa contribución, a lo largo de su reinado, en la tarea colectiva de lograr que la sociedad española alcanzase, como así ha sido, altas cotas de bienestar y progreso en coherencia con su organización institucional como Estado social y democrático de derecho, otro de los buenos servicios que la monarquía nos ha prestado ha sido el de la normalidad con que se produjo la sucesión en la Corona.…  Seguir leyendo »

Que el sistema político español tiene graves problemas parece cierto. Que esos problemas quepa remediarlos a través de una reforma de la Constitución ya no lo es tanto, por dos razones: ni el derecho puede resolverlo todo ni es claro que todos esos problemas deriven de una defectuosa regulación constitucional que deba corregirse. Es posible que algunos puedan verse aliviados por cambios en la Constitución, otros sólo requieran de meras reformas legales, otros no habrá reforma constitucional que los resuelva, y todos precisen, más aún que de soluciones jurídicas, de una profunda transformación de la práctica política.

Por lo que se refiere a la actual debilidad de nuestras instituciones democráticas, erosionadas en su legitimación como consecuencia de una amplia desafección ciudadana, un problema que no es únicamente español, pues lo compartimos con otros países organizados bajo el mismo modelo de Estado democrático de derecho, sus causas no proceden, a mi juicio, de la Constitución, sino de un mal funcionamiento de los partidos políticos y probablemente también de una legislación electoral que no propicia la cercanía entre representantes y representados.…  Seguir leyendo »