Patricia Goicoechea

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La inminente reforma del Código Penal tiene —desafortunadamente— puntos comunes con la reforma aprobada hace apenas dos años: las dos afirman ser las más duras de la democracia y las dos dicen responder a acontecimientos sociales significativos. Se apunta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto que la reforma responde a “la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de justicia”. Afirmación esta no exenta de ironía cuando, precisamente, se están tomando medidas que no consiguen sino todo lo contrario, tales como la extraordinaria subida de las tasas judiciales, la práctica anulación de los turnos de oficio, la eliminación de los Servicios de Orientación Jurídica, o los recortes en el funcionariado.…  Seguir leyendo »