Pedro Crespo Barquero

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Obviamente, la primera obligación de los fiscales es cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo, está cuajando en las fiscalías la sensación raramente unánime de que no vamos a poder cumplir una norma que nos afecta de lleno: la que desde el 7 de diciembre pretende limitar la investigación judicial de los delitos —incluidos los procesos iniciados con anterioridad— a un máximo de seis meses, que en los casos complejos pueden ampliarse a 18, prorrogables por igual tiempo.

En principio, tanto la declaración de “complejidad” como la prórroga solo pueden ser acordadas si el fiscal lo solicita, aunque “excepcionalmente” el juez puede fijar un nuevo plazo máximo sin límite alguno, a petición del fiscal o cualquiera de las partes.…  Seguir leyendo »

Los dos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaban de hacerse públicos pretenden coser un enésimo parche a la ley procesal penal vigente desde 1882. Ciertamente incorporan aportaciones necesarias y largamente esperadas. Sin embargo, entre sus novedades destaca, por su particular dimensión mediática, la introducción del término “investigado” o “encausado” para designar, según grado de progresión del procedimiento judicial, a los hasta ahora imputados.

En estos tiempos de proliferación del eufemismo adscrito a lo políticamente correcto, se trata de superar el consabido efecto estigmatizador del término “imputado”, evitando que esa situación procesal sea percibida por la opinión pública como una condena anticipada.…  Seguir leyendo »