Soledad Murillo de la Vega

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En 2004 formé parte del gobierno que promulgó La leley orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antes de la ley, las Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas tenían sus datos, pero no de una manera global capaz de visibilizar la gravedad de la situación, como recordaban las organizaciones de mujeres ante el intolerable número de víctimas. Solo en 2013 fueron 71.

De las consultas mantenidas con distintos profesionales, la queja unánime fue la falta de estructuras. Por ello, se crearon juzgados especializados, una fiscalía de violencia contra la mujer, unidades de violencia provinciales. El objeto de la ley se centró en los delitos cometidos dentro de las relaciones sentimentales, al entender que en ellas se reproducen situaciones de indefensión, especialmente cuando alguien pretende ejercer el poder en nombre del amor, disciplinando aptitudes que reclamen un mayor grado de autonomía personal, lo que se interpreta como una severa deslealtad a la pareja.…  Seguir leyendo »

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Cualquier persona que piense en las Administraciones Públicas las valora en función de los trámites que le relacionen con Tráfico, Hacienda, Seguridad Social, terminales de una maquinaria que sirven para identificar los ministerios de los que dependen. Mientras que otros ministerios que no afectan a nuestra vida administrativa corren el riesgo de percibirse menos útiles para la ciudadanía.

Tal y como parece ser el caso del Ministerio de Igualdad, una extravagancia del Gobierno. Lo lamentable es que al finiquitarlo se ha dado la razón a quienes depreciaban sus funciones.

No había sesión parlamentaria sin sórdidas críticas sobre algunos ministerios, pero con reglas de juego distintas: en unos casos la demanda era el cambio de sus responsables, pero aquí la regla era absoluta: suprímase.…  Seguir leyendo »

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Una forma de indagar el grado de implantación democrática de un país estriba en preguntarse por los derechos que disfruta su ciudadanía. En 1967, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que se institucionaliza como Comité CEDAW en 1979. Surge así un instrumento internacional de vigilancia sobre esta materia, ante el cual los Estados que forman parte de Naciones Unidas deben presentar a examen sus leyes.

Si lo que mejor define la categoría de derechos humanos es su universalidad, lo que evidencia su grado de aplicación reside en la legislación, en especial, en los artículos de sus respectivos códigos penales, porque en ellos se refleja lo que cada país tipifica como delito.…  Seguir leyendo »