Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo

Nota: Este archivo abarca los artículos publicados por el autor desde el 1 de Marzo de 2008. Para fechas anteriores realice una búsqueda entrecomillando su nombre.

Abracadabra

El auto de la sección 8ª del TSJ de Madrid denegando la ratificación de las medidas adoptadas por Orden 1273/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (OCSCM) deja clara una cosa: que la OCSCM no ha invocado la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Es decir, si la hubiera invocado el TSJ tendría que haber ratificado la Orden.

Se trata, por tanto, de una omisión de la OCSCM y no parece que pueda considerarse como olvido intencionado. Hay que recordar que las declaraciones de actuaciones coordinadas declaradas por el Ministerio de Sanidad han de ser ejecutadas por las comunidades autónomas en ejercicio de sus propias competencias.…  Seguir leyendo »

Rompiendo el espejo

Los padres constituyentes (diputados y senadores) que aprobaron la Constitución consideraron imprescindible el estado de alarma para afrontar catástrofes naturales o industriales y epidemias según dejaron claro en los debates de la época. Quisieron que en el propio texto de la Constitución (artículo 116) quedase recogido de forma expresa que la declaración del estado de alarma correspondía en exclusiva al Gobierno por un plazo de 15 días. Y también de forma expresa que su prórroga solo sería posible si el Congreso de los Diputados la autorizaba. Con ello se corresponsabilizaba al Congreso —eventualmente con diputados de la oposición— en la lucha contra la pandemia.…  Seguir leyendo »

Los hechos revelados recientemente sobre el rey emérito merecen rechazo y condena por parte de la ciudadanía, aun con las cautelas derivadas del limitado conocimiento que hoy tenemos de los mismos y a reserva de lo que pueda conocerse. Ello con independencia de que en el plano jurídico no se evidencie que haya realmente una conducta delictiva o de que, de existir, concurriera alguna causa que impida perseguirla. En su dimensión política tales revelaciones empañan el nombre del rey emérito respecto a la conducta que se le atribuye. Pero en todo lo demás —en el balance de su decisiva contribución a la democracia, a la reconciliación de las dos Españas, a la expulsión de los demonios ancestrales presentes en la historia de nuestro país y a tantos logros nunca conseguidos en nuestra historia— los hechos son los que son y no podrán negarse nunca.…  Seguir leyendo »

La aversión europea al estado de excepción

Ningún país europeo de nuestro entorno está aplicando el estado de excepción o equivalentes en su alcance y significado. Francia ha prescindido de las medidas de excepción previstas en su Constitución (artículo 16). Por simple decreto del presidente de la República de 16 de marzo, invocando el Código de Salud, se han impuesto medidas de confinamiento de personas en sus domicilios salvo en limitados casos previstos por el decreto.

El Conseil d’État, en su dictamen de 18 de marzo, apoyaba un proyecto de ley del Gobierno —aprobado posteriormente el 23 de marzo por las Cámaras— creando el estado de urgencia sanitaria.…  Seguir leyendo »

Límite y restricción, no suspensión

No ha sido en primera instancia la reciente declaración del estado de alarma, sino un hecho de la naturaleza desbocada, el coronavirus, el que ha determinado una alteración profunda de los límites ordinarios de nuestros derechos de libre circulación y desplazamiento y los demás derechos que de ellos derivan. Los ha alterado al poner por delante una obligación ineludible: la de no hacer daño a los demás. El viejo principio romano de no hacer daño al otro (el alterum non laedere de Ulpiano) continúa explicando muchas cosas, como esta mutación de los límites de nuestros derechos fundamentales provocada directamente por un hecho de la naturaleza.…  Seguir leyendo »

Estado de alarma y lealtad

Desde hace 40 años está establecido en la Ley Orgánica 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES en lo sucesivo) que en el estado de alarma “los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares” (artículo 9). El Real Decreto 463/2020, declarando el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por la Covid-19 se ha limitado en su artículo 5.1 a reiterar y reproducir esa previsión de la LOAES.…  Seguir leyendo »

Sobre la reforma del Código Penal

Ninguno de los Códigos Penales que en España ha habido desde 1822 ha definido el golpe de Estado como delito con ese mismo nombre. Los nombres han sido diversos —delitos contra la forma de gobierno o delito de rebelión—, pero nunca golpe de Estado. A falta de su definición legal, contamos con dos acepciones del Diccionario del español jurídico de la Real Academia de la Lengua que recoge el concepto vulgar o popular: “Destitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político” y “Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”.

Esa definición se corresponde cabalmente con el delito de rebelión que todas las fuerzas políticas —incluidas CiU, el PNV y ERC— aprobaron en las reformas del Código Penal (CP) hechas por las Leyes Orgánicas 2/1981, de 4 de mayo (dos meses después del 23-F) y 14/1985 (casi cinco años después del 23-F).…  Seguir leyendo »

Respetar la constitución y las leyes

Ha sido ejemplar la sentencia de 19 de diciembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó e inhabilitó al president Torra por desobediencia al resistirse a retirar símbolos de opciones partidistas durante las elecciones generales de abril de 2019. Ejemplar, pues el deterioro tan inmenso causado al prestigio de una institución como la Presidencia de la Generalitat que es de todos los catalanes, al ponerla al servicio de la opinión de solo una parte, no podía quedar sin respuesta. No la encontró ni en el Govern ni en los partidos que lo sostienen; ni siquiera en el Parlament, que con su silencio asumió el deterioro no ya de la Presidencia, sino de la Generalitat misma.…  Seguir leyendo »

Inmunidad y presunción de inocencia

La sentencia del pasado 19 de diciembre del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) con una doctrina llena de confusión.

1. La violación del Derecho de la UE por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La primera confusión proviene de que la sentencia no aplica el artículo 9 del Protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, que dispone que tales inmunidades son las “reconocidas a los miembros del Parlamento de su país”; en nuestro caso en la Constitución (CE) que establece que la inmunidad de diputados y senadores consiste en que “no podrán ser inculpados, ni procesados, sin la previa autorización de la Cámara respectiva” (art.…  Seguir leyendo »

Tras muchos años de difundirse noticias sobre fraudes en los programas de ayudas sociolaborales en Andalucía la opinión pública esperaba que se aclarase su alcance y el castigo a los directos causantes de esos concretos comportamientos fraudulentos. La sentencia sobre los ERE en Andalucía no se refiere, sin embargo, a ninguno de esos casos concretos. Inútil buscar en sus casi 2.000 páginas una referencia a esos divulgados casos de amigos, vecinos o parientes que, merced a las manipulaciones de quienes tenían a su directa e inmediata disposición los fondos públicos, recibieron ayudas sin derecho alguno; menos referencias todavía a una supuesta red clientelar que la sentencia ni menciona.…  Seguir leyendo »

En la reciente sesión de investidura, el candidato Pedro Sánchez propuso una reforma constitucional del artículo 99 de la Constitución sobre el sistema de designación del presidente. También Pablo Casado se ha manifestado proclive a la reforma, aunque con alcance distinto.

En esas condiciones no habrá demasiados problemas en lograrla. Hoy, solo con los votos de los dos partidos mayoritarios, no faltan más de 20 escaños en el Congreso para llegar a los tres quintos que el artículo 167 CE exige para una reforma constitucional no agravada. Sin problemas en el Senado para tal reforma. En caso de segundas elecciones, si ambos partidos aumentasen escaños como algunas encuestan pronostican, dicho porcentaje será superado.…  Seguir leyendo »

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) de 2012 atribuye al Congreso y al Senado el poder de aprobar o rechazar conjuntamente los objetivos de estabilidad y deuda pública que le proponga el Gobierno; lo que se viene llamando popularmente “techo de gasto” o “senda de déficit”.

La previsión contenida en el artículo 15 de esa ley es, sin embargo, nula por violar el principio de separación de poderes, por desbordar el ámbito reservado a la ley orgánica e infringir el principio democrático esencial de la regla de la mayoría y las relaciones entre las Cámaras.

Separación de poderes y techo de gasto.…  Seguir leyendo »

La sesión del Parlament del 6 y 7 de septiembre consumó un atentado contra el Estatuto de Cataluña y los reglamentos de la Cámara, pero sobre todo constituyó una violación de los principios y la esencia de la democracia. Dos hechos de esas sesiones —y de la del 10 de octubre— merecen ser destacados. El primero tiene que ver con que las dos leyes aprobadas en dichas sesiones se promulgan —por primera vez desde el nacimiento de la autonomía hace 38 años— sin hacerlo en nombre del Rey. Nunca durante estos años han dejado de promulgarse las leyes por el presidente de la Generalitat en nombre del jefe del Estado.…  Seguir leyendo »

Una salida digna para resolver el problema creado en Cataluña consistiría en encauzar por vías constitucionales el mandato que sus promotores pretenden deducir de la movilización ciudadana —que no referéndum— del 1 de octubre: la Constitución reconoce sin límite alguno al Parlamento de Cataluña (artículo 166) el derecho a iniciar el proceso de reforma constitucional.

Al ejercer su derecho a poner en marcha el proceso de reforma el Parlament no tiene la última palabra en cuanto a su resultado final, pero sí la primera, y la iniciativa de abrir el debate en un espacio nuevo, sin necesidad de mediaciones, diálogos y buenos oficios y como una iniciativa de reforma constitucional.…  Seguir leyendo »

Pasados treinta y cinco años desde que se aprobó la Constitución, hay suficiente experiencia como para saber cuáles han sido los puntos débiles del modelo territorial implantado en España, cuáles sus virtudes y en qué medida ha servido para resolver las tensiones nacionalistas que en nuestra historia han determinado la descentralización del poder.

El presente trabajo se redactó en diciembre de 2012 para su publicación en una obra colectiva que después de varios retrasos quedó finalmente abandonada. Ello no obstante su contenido sigue siendo pertinente en el momento actual, a los fines de subrayar las potencialidades que el modelo de descentralización política tiene, con o sin reforma constitucional.…  Seguir leyendo »

La cerrazón y el victimismo

Si se toma como referencia de la voluntad de los catalanes el contenido del Estatuto que aprobaron en referéndum, esa voluntad tendría encaje, en muy buena parte, en el modelo territorial español sin necesidad de modificar la Constitución, aunque adoptando determinadas medidas que lo hicieran posible.

En otra parte, sin embargo, sería necesario acometer reformas constitucionales para dar acogida a tal voluntad.

Si eso es así, como lo han puesto de manifiesto muchos expertos, quienes pongan obstáculos a buscar soluciones al pleno despliegue y reconocimiento de esa voluntad de los ciudadanos de Cataluña, deberán reconsiderar sus posiciones si pretenden seguir hablando en su nombre o en el de los intereses de España.…  Seguir leyendo »