Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo

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Delitos contra la Constitución: rebelión y sedición

La respuesta penal a actos dirigidos a independizar una parte del territorio de cualquier país es, como en toda Europa, absolutamente necesaria, aunque no suficiente. La política ha de tener su papel, tal como lo tuvo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución o con la desarrollada hasta ahora por el actual Gobierno de España con políticas y medidas eficaces y con la apertura al diálogo sin condiciones previas y dentro de la Constitución. El otorgamiento del indulto por el Gobierno de España ha sido la decisión más valiente, y trascendente preludio de soluciones duraderas.

Desde esa positiva valoración en términos generales de lo realizado por nuestro Gobierno debe interpretarse mi discrepancia con la proposición de ley que se debate estos días suprimiendo el delito de sedición y modificando levemente el ya existente de desórdenes públicos que reduce las penas de inhabilitación para las autoridades que incurran en él.…  Seguir leyendo »

Concluidos en noviembre de 2018 los cinco años de mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que establece la Constitución, el PP, tan pronto como pasó a la oposición, bloquea hasta hoy —durante tres años y medio ya— el nombramiento del nuevo CGPJ. Altera así el normal funcionamiento de las instituciones, logrando que el actual Consejo caducado haya continuado, hasta abril de 2021, haciendo los nombramientos para órganos judiciales que hubieran correspondido al futuro CGPJ.

Repite lo mismo que hizo, tras perder las elecciones de 2004, permitiendo al anterior Consejo —designado bajo la mayoría absoluta del PP— continuar dos años haciendo nombramientos que no le tocaban.…  Seguir leyendo »

Constitución y amnistía: a fuer de memoria y no contra memoria

Acabar con lo que llaman impunidad de los crímenes del franquismo derogando la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 es una propuesta de Esquerra Republicana (ERC). Su consecuencia objetiva, al margen de la intención subjetiva de sus promotores, es cuestionar la legitimidad de nuestra Constitución y de sus presupuestos fundacionales. Tal propuesta exige recordar los motivos de la amnistía e indagar el porqué de proponer ahora su derogación. Los artículos de Santos Juliá, cuya lucidez añoramos, en estas páginas sobre la cuestión nos ayudan a entenderlo.

Cualquier ciudadano en una democracia tiene derecho a discrepar de la amnistía de 1977, como de cualquier decisión, pero también tiene la obligación de que la discrepancia se funde en razones que prueben su superioridad sobre aquellas que la justificaron.…  Seguir leyendo »

Montesquieu construyó la doctrina de la separación de poderes en páginas insuperables en El espíritu de las leyes (Libro XI capítulos IV y VI), cuyas reflexiones sobre la justicia siguen teniendo valor.

El jurista de Burdeos descubre su concepto del poder judicial al rechazar rotundamente la posibilidad de que pudiera ejercerse por un “Senado” o cuerpo permanente. Serían personas extraídas del pueblo en determinadas épocas del año con duración limitada y para el exclusivo y concreto objeto o asunto encomendado.

Se oponía a que lo que llamaba el “terrible poder de juzgar” se vinculase con un determinado “estamento”, corporación, casta o “profesión”.…  Seguir leyendo »

El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP

La forma de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la duración de sus mandatos se dirige a asegurar que su “composición refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”, como estableció el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 108/1986. Esa finalidad de reflejo del pluralismo —que expresa la quintaesencia de la organización del CGPJ— ha quedado arruinada cuando en dos ocasiones, al llegar al término de su mandato, un partido político con minoría de bloqueo tras perder unas elecciones se niega a renovar el CGPJ con los más fútiles pretextos (se tiene minoría de bloqueo cuando sin tener mayoría su participación es imprescindible para conseguir los tres quintos de los votos de las Cámaras).…  Seguir leyendo »

Rompiendo el consenso constitucional

Jamás en nuestra historia constitucional se había permitido “suspender” determinados derechos fundamentales por motivos ajenos al orden público y la seguridad del Estado. Sólo bajo la dictadura de Franco (sin Constitución, ni garantía de derechos fundamentales) la Ley 45/1959 de Orden público (LOP59) quebró nuestra tradición constitucional en ese punto al incluir por primera vez en el estado de excepción, además de los exclusivos supuestos vinculados estrictamente con el orden público, los de “calamidad, catástrofe o desgracia pública” (artº 25.1).

El debate de nuestra Constitución (CE) se inició cuando todavía estaba vigente esa LOP59 y todos los partidos manifestaron expresa y unánimemente su firme voluntad de acabar con esa ampliación de supuestos del estado de excepción a pandemias y catástrofes naturales o industriales que violaba lo que había sido nuestra constante tradición constitucional.…  Seguir leyendo »

Gracia y justicia

La ley de 1870 sobre ejercicio del derecho de gracia prohíbe expresamente como regla general la concesión de indultos a los reincidentes. Ello parece coherente con la consideración que la norma da al arrepentimiento al que el tribunal sentenciador debe prestar especial atención en su informe al Gobierno sobre el indulto. La reincidencia en la comisión de un segundo delito de la misma naturaleza sería la prueba misma de la falta de arrepentimiento; también de que la función de prevención y rehabilitación de la pena no habría tenido éxito.

Sin embargo, el siguiente artículo tercero de la misma ley, vigente también sin desmayo desde 1870, levanta esa prohibición general de indultar a los reincidentes en el concreto caso de algunos delitos como la rebelión o la sedición a los que se remite expresamente.…  Seguir leyendo »

Espíritu constitucional y pluralismo

La confrontación de propuestas para la resolución de los problemas de un país forma parte de la esencia del pluralismo, valor fundamental de toda democracia. Nada que reprochar, por eso, al calor que se ponga en la defensa de las propias posiciones. Sin embargo, hay momentos y retos en la vida de un país que exigen buscar un mínimo común para edificar sobre él las bases de un futuro compartido para que éste pueda continuar siendo plural y diverso. Así ocurrió en nuestra Transición, en la que, por enfrentadas o incompatibles que fueran o hubieran sido las posiciones respectivas, se construyó la democracia al esforzarse todos en encontrar puntos de apoyo comunes sobre los que construir aquel presente y un futuro en el que el pluralismo siempre estuviera garantizado.…  Seguir leyendo »

La tentación libertaria en la sociedad digital

El ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél ha desencadenado numerosas y, con frecuencia, violentas protestas. El rapero ha sido condenado en dos sentencias. En la primera, a dos años de cárcel (suspendiéndose su ingreso en prisión por ser la primera vez) por enaltecimiento del terrorismo por letras de canciones y tuits justificando, entre muchas otras cosas, concretas acciones de tiros en la nuca. Es la segunda condena, a nueve meses y un día por enaltecimiento del terrorismo, confirmada en mayo de 2020, la que determina su ingreso en prisión por condena a nueve meses por enaltecimiento del terrorismo, aparte de penas de multa por injuriar a instituciones y a la Corona.…  Seguir leyendo »

El 16 de marzo de 2016, el presidente Obama eligió para el Tribunal Supremo (TS) a Merrick Garland, un magistrado centrista de enorme reputación. El Partido Republicano en el Senado se negó a considerar siquiera su confirmación alegando que al presidente solo le quedaban ocho meses de mandato y no debía proponerle para un cargo que en Estados Unidos es vitalicio. Ese carácter vitalicio no hace desaparecer las preferencias ideológicas de los magistrados, pero la Constitución americana considera que asegura su independencia respecto de los partidos políticos. La propuesta del presidente era completamente legal y el designado reunía de modo ejemplar las condiciones requeridas.…  Seguir leyendo »

La primera vez

Había inquietantes señales de que algo podía acabar mal bajo la demagógica y populista presidencia de Trump. El asalto al Capitolio propiciada por el presidente ha desbordado los peores pronósticos. La pregunta pertinente es cuándo comenzó a incubarse la furia destructora y cómo fue posible. La pertinencia deriva de que también a este lado del Atlántico —y en el mundo en general— percibimos señales de que la democracia se enfrenta a dificultades de nuevo signo, desconocidas desde el final de la segunda guerra mundial.

Es necesaria una reflexión sobre lo que nos pasa y considerar actitudes, conductas y comportamientos que, aunque hoy todavía puedan parecer inocentes, no auguran nada bueno para el futuro si conducen a debilitar la democracia.…  Seguir leyendo »

Abracadabra

El auto de la sección 8ª del TSJ de Madrid denegando la ratificación de las medidas adoptadas por Orden 1273/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (OCSCM) deja clara una cosa: que la OCSCM no ha invocado la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Es decir, si la hubiera invocado el TSJ tendría que haber ratificado la Orden.

Se trata, por tanto, de una omisión de la OCSCM y no parece que pueda considerarse como olvido intencionado. Hay que recordar que las declaraciones de actuaciones coordinadas declaradas por el Ministerio de Sanidad han de ser ejecutadas por las comunidades autónomas en ejercicio de sus propias competencias.…  Seguir leyendo »

Rompiendo el espejo

Los padres constituyentes (diputados y senadores) que aprobaron la Constitución consideraron imprescindible el estado de alarma para afrontar catástrofes naturales o industriales y epidemias según dejaron claro en los debates de la época. Quisieron que en el propio texto de la Constitución (artículo 116) quedase recogido de forma expresa que la declaración del estado de alarma correspondía en exclusiva al Gobierno por un plazo de 15 días. Y también de forma expresa que su prórroga solo sería posible si el Congreso de los Diputados la autorizaba. Con ello se corresponsabilizaba al Congreso —eventualmente con diputados de la oposición— en la lucha contra la pandemia.…  Seguir leyendo »

Los hechos revelados recientemente sobre el rey emérito merecen rechazo y condena por parte de la ciudadanía, aun con las cautelas derivadas del limitado conocimiento que hoy tenemos de los mismos y a reserva de lo que pueda conocerse. Ello con independencia de que en el plano jurídico no se evidencie que haya realmente una conducta delictiva o de que, de existir, concurriera alguna causa que impida perseguirla. En su dimensión política tales revelaciones empañan el nombre del rey emérito respecto a la conducta que se le atribuye. Pero en todo lo demás —en el balance de su decisiva contribución a la democracia, a la reconciliación de las dos Españas, a la expulsión de los demonios ancestrales presentes en la historia de nuestro país y a tantos logros nunca conseguidos en nuestra historia— los hechos son los que son y no podrán negarse nunca.…  Seguir leyendo »

La aversión europea al estado de excepción

Ningún país europeo de nuestro entorno está aplicando el estado de excepción o equivalentes en su alcance y significado. Francia ha prescindido de las medidas de excepción previstas en su Constitución (artículo 16). Por simple decreto del presidente de la República de 16 de marzo, invocando el Código de Salud, se han impuesto medidas de confinamiento de personas en sus domicilios salvo en limitados casos previstos por el decreto.

El Conseil d’État, en su dictamen de 18 de marzo, apoyaba un proyecto de ley del Gobierno —aprobado posteriormente el 23 de marzo por las Cámaras— creando el estado de urgencia sanitaria.…  Seguir leyendo »

Límite y restricción, no suspensión

No ha sido en primera instancia la reciente declaración del estado de alarma, sino un hecho de la naturaleza desbocada, el coronavirus, el que ha determinado una alteración profunda de los límites ordinarios de nuestros derechos de libre circulación y desplazamiento y los demás derechos que de ellos derivan. Los ha alterado al poner por delante una obligación ineludible: la de no hacer daño a los demás. El viejo principio romano de no hacer daño al otro (el alterum non laedere de Ulpiano) continúa explicando muchas cosas, como esta mutación de los límites de nuestros derechos fundamentales provocada directamente por un hecho de la naturaleza.…  Seguir leyendo »

Estado de alarma y lealtad

Desde hace 40 años está establecido en la Ley Orgánica 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES en lo sucesivo) que en el estado de alarma “los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares” (artículo 9). El Real Decreto 463/2020, declarando el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por la Covid-19 se ha limitado en su artículo 5.1 a reiterar y reproducir esa previsión de la LOAES.…  Seguir leyendo »

Sobre la reforma del Código Penal

Ninguno de los Códigos Penales que en España ha habido desde 1822 ha definido el golpe de Estado como delito con ese mismo nombre. Los nombres han sido diversos —delitos contra la forma de gobierno o delito de rebelión—, pero nunca golpe de Estado. A falta de su definición legal, contamos con dos acepciones del Diccionario del español jurídico de la Real Academia de la Lengua que recoge el concepto vulgar o popular: “Destitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político” y “Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”.

Esa definición se corresponde cabalmente con el delito de rebelión que todas las fuerzas políticas —incluidas CiU, el PNV y ERC— aprobaron en las reformas del Código Penal (CP) hechas por las Leyes Orgánicas 2/1981, de 4 de mayo (dos meses después del 23-F) y 14/1985 (casi cinco años después del 23-F).…  Seguir leyendo »

Respetar la constitución y las leyes

Ha sido ejemplar la sentencia de 19 de diciembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó e inhabilitó al president Torra por desobediencia al resistirse a retirar símbolos de opciones partidistas durante las elecciones generales de abril de 2019. Ejemplar, pues el deterioro tan inmenso causado al prestigio de una institución como la Presidencia de la Generalitat que es de todos los catalanes, al ponerla al servicio de la opinión de solo una parte, no podía quedar sin respuesta. No la encontró ni en el Govern ni en los partidos que lo sostienen; ni siquiera en el Parlament, que con su silencio asumió el deterioro no ya de la Presidencia, sino de la Generalitat misma.…  Seguir leyendo »

Inmunidad y presunción de inocencia

La sentencia del pasado 19 de diciembre del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) con una doctrina llena de confusión.

1. La violación del Derecho de la UE por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La primera confusión proviene de que la sentencia no aplica el artículo 9 del Protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, que dispone que tales inmunidades son las “reconocidas a los miembros del Parlamento de su país”; en nuestro caso en la Constitución (CE) que establece que la inmunidad de diputados y senadores consiste en que “no podrán ser inculpados, ni procesados, sin la previa autorización de la Cámara respectiva” (art.…  Seguir leyendo »