Tomás S. Vives Antón

Nota: Este archivo abarca los artículos publicados por el autor desde el 1 de Julio de 2008. Para fechas anteriores realice una búsqueda entrecomillando su nombre.

La dignidad de todas las personas

Desde la promulgación del Código Penal de 1995, que algunos llamaron el Código Penal de la democracia, se le han incorporado una serie de reformas variopintas con un denominador común: la constante elevación, directa o indirecta, de las penas privativas de libertad. La culminación de ese proceso es la llamada “prisión permanente revisable”, que el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados describe y justifica en los siguientes términos:

“La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles, que, además, sean percibidas como justas.…  Seguir leyendo »

La reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Del Río v. España, que declara contraria a los artículos 7 (principio de legalidad penal) y 5 (legalidad de la detención) del Tratado de Roma la llamada doctrina Parot, ha sido objeto de un recibimiento hostil por parte de nuestros políticos.

Todos nuestros políticos parecen lamentarla, aunque reconocen que el Estado español está obligado a cumplirla. La alegría con que fue recibida la susodicha doctrina y lo mucho que fue ensalzada no permitían esperar otra cosa. ¡Por fin!, parecían pensar sus defensores, ¡por encima de la tosca letra de la ley el Tribunal Supremo había encontrado un brillante modo de hacer justicia!…  Seguir leyendo »

El diario EL MUNDO, en su edición del día 18, informa de un acuerdo de los partidos mayoritarios para introducir en la LOTC un precepto que regule la duración del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, habida cuenta de los significativos retrasos que se han registrado últimamente en los tramos correspondientes al Congreso y al Senado. El nuevo precepto, aprobado ya en el Senado por todos los grupos, precisaría que del mandato de nueve años que establece la Constitución ha de descontarse el tiempo que los órganos encargados de designar a dichos magistrados tarden en hacerlo. De ese modo, parece que podrán paliarse las malas consecuencias de los retrasos en los nombramientos.…  Seguir leyendo »

1. Los hechos. En la página 12 del diario EL PAÍS del 11 de marzo de 2010, bajo un titular que decía literalmente «Trillo acusa de injerencia a la portavoz del Poder Judicial», se relataba que ésta, Gabriela Bravo, había declarado en un desayuno informativo que «como jurista», estaba «absolutamente en contra» de la propuesta del PP de introducir la cadena perpetua revisable en el Código Penal. Para el portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, esas declaraciones constituían «una injerencia intolerable» por parte del Poder Judicial. Hasta aquí los hechos que originan esta reflexión. Creo que vale la pena analizar ese incidente, aparentemente nimio, para poner al descubierto algunas de las actitudes que, con más frecuencia de la que sería deseable, imposibilitan el diálogo político.…  Seguir leyendo »