Autoritarismo judicial y ciencia política

La política española ha regalado al mundo algunas voces de extendido uso internacional como liberal, guerrilla o pronunciamiento, por citar las más conocidas. La última creación del ingenio español es la expresión autoritarismo judicial. Este innovador concepto se ha acuñado en estos últimos meses por quienes se sienten injustamente perseguidos por los tribunales españoles tras haber protagonizado algunos de los momentos estelares del procés. Tal concepto está teniendo fortuna también entre aquéllos que, sin compartir la deseabilidad de la independencia de Cataluña, estiman que aquí hay un conflicto político que debe resolverse exclusivamente mediante la negociación política y sin que intervengan los tribunales en la persecución de unas conductas que, según ellos, sólo muy forzadamente habrían incurrido en ilicitud penal. Unos y otros creen que la intervención de los tribunales en este conflicto sería una demostración de la baja calidad democrática del Estado español o incluso, para los más osados, del carácter autoritario de un régimen como el nuestro sólo en apariencia democrático. En realidad, piensan ambos grupos, estas personas que sufren hoy la persecución judicial se han limitado a permitir que los catalanes hagan algo tan democrático como votar en un referéndum de autodeterminación.

Autoritarismo judicial y ciencia políticaMuchos de los columnistas de este periódico han debatido tanto la cuestión de si existe o no un derecho de autodeterminación de un territorio que forma parte de un Estado democrático como la de si los líderes del Gobierno autonómico catalán y de las organizaciones sociales que prepararon el referéndum han podido cometer algún grave delito que justifique su situación de prisión provisional. Dejo por tanto estos temas de lado para centrarme en el último episodio del supuesto autoritarismo judicial que afecta ahora a quienes formaron parte de la sindicatura electoral designada por el Parlamento de Cataluña para, teóricamente, garantizar el buen desarrollo de la votación y que estaba compuesta por cinco miembros: tres juristas y dos politólogos.

Como es sabido, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona les acusa de sendos delitos de desobediencia y de usurpación de función pública por haber ignorado las decisiones del Tribunal Constitucional que primero suspendieron y luego declararon ilegales los actos del Parlament mediante los que se convocó el referéndum. De hecho, los miembros de la sindicatura siguieron actuando como tales hasta que dimitieron cuando el Constitucional les advirtió que les impondría una multa a cada uno de ellos de 12.000 euros por cada día que prosiguieran en el ejercicio de sus funciones como síndicos.

Esta acusación ha motivado que círculos cercanos a los afectados hayan promovido una campaña nacional e internacional de recogida de firmas en su apoyo ante una acción de la Fiscalía que tachan de "espuria" y que obedecería únicamente a "motivos políticos", dado que estos cinco juristas y politólogos se limitaban a realizar una actividad profesional "mandatados legalmente" por el Parlament para "garantizar que el referéndum se realizara de forma justa e imparcial". De este modo, su enjuiciamiento supondría una "persecución de los derechos democráticos y civiles básicos en España", lo que les lleva a expresar su firme condena ante la "ilegalidad de encarcelar a alguien por sus ideas políticas". Esta petición de apoyo ha circulado especialmente en los ámbitos profesionales a los que pertenecen los cinco procesados y, en particular, en las redes de profesionales de la ciencia política consiguiendo que muchos politólogos ajenos a la causa independentista hayan expresado su respaldo, incluyendo a algunas asociaciones nacionales como la norteamericana, la canadiense o la británica y sin que la española haya dicho nada. Desde luego, puesto en los términos de la referida carta, es decir, interpretando el procesamiento como una persecución política a quien se ha limitado a realizar una actividad profesional, se hace difícil sustraerse a mostrar el apoyo a los afectados y la repulsa a los autores de tal persecución. Sin embargo, a quienes se dedican profesionalmente al análisis de la política, como es el caso de los politólogos, se les debería pedir más que simplemente se dejen arrastrar por una primera impresión suministrada por quien es parte activa en un conflicto.

Hay tres grandes motivos para desmontar la ingeniosa y absurda tesis del autoritarismo judicial que tantos politólogos han suscrito aunque no sean partidarios del independentismo en Cataluña. El primero tiene que ver con los hechos y éstos son muy claros. Los síndicos no están siendo procesados por desarrollar actividades profesionales o por sus ideas políticas. Lo están porque presuntamente han cometido un delito de desobediencia al ignorar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y otro de usurpación de función por desempeñar unas tareas para las que dejaron de estar autorizados en el momento en que este tribunal declaró ilegales las leyes que condujeron a la convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O. Es evidente que los acusados tienen todo el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si estiman que sus derechos fundamentales han sido vulnerados sin que en las instancias previas españolas se haya corregido tal situación.

La segunda razón para rechazar la tesis del autoritarismo judicial tiene que ver con la función que desempeñan los tribunales en una democracia. Como decía al principio, algunos creen que detrás del procés sólo hay un conflicto político que debe resolverse políticamente sin que convenga su judicialización. Es inobjetable que esta tensión en la que se ha instalado la vida española tiene un claro origen político. Sin embargo, los líderes independentistas fueron tan lejos como para aprobar una legislación que incumple manifiestamente el orden constitucional y el propio Estatuto de Autonomía. Aunque fueran de farol (Ponsatídixit) y no retiraran las banderas españolas de los edificios oficiales tras la proclamación de la república catalana que fue suspendida a continuación, actuaron al margen del orden constitucional y, en esas circunstancias, viviendo como vivimos en un estado de derecho, la actuación de los tribunales es inevitable. Como señalara Kennedy en un famoso discurso, "en una democracia los ciudadanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla, porque en un gobierno de leyes, y no de hombres, nadie, por muy prominente o poderoso y ningún motín callejero por más violento o exaltado, tiene derecho a desafiarlas". Es decir, un Estado democrático sólo puede mantenerse si hacemos política en el Derecho, incluso contra el Derecho, pero no al margen del mismo.

Cabría aún un motivo para mantener la tesis del autoritarismo judicial. Puede ser que lo anterior no se aplique a España porque nuestro país no sea realmente un Estado democrático de derecho, sino algún tipo de democracia defectuosa o de régimen autoritario. Algunos politólogos españoles no independentistas han señalado que la calidad de las instituciones políticas se ha reducido tanto que apelar a la solidez de la democracia española para justificar la persecución penal de las conductas de los independentistas procesados es simplemente un estallido de nacionalismo español. Reconociendo el deterioro institucional, llegar a la conclusión de que España no es ya un Estado democrático de derecho me parece asombroso. Basta leer el último y muy crítico informe de GRECO (enero 2018) sobre los problemas de la independencia judicial en España para no caer en posiciones tan extremas como absurdas. Ahí se sostiene que, si bien hay demasiada injerencia política en el nombramiento del CGPJ y no existen criterios objetivos para el acceso a los altos tribunales, "no cabe duda alguna de la alta calidad de jueces y fiscales en España y de su sólido espíritu de servicio público y dedicación". Qué gran decepción se llevaría Juan Linz si pudiera leer y escuchar las afirmaciones de algunos de sus actuales colegas de profesión.

Fernando Jiménez Sánchez es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia.

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