En 1999, veinte años después de las primeras elecciones municipales democráticas, los ayuntamientos españoles habían realizado ya una ingente tarea de modernización de nuestras ciudades y pueblos. No obstante, durante los 12 años siguientes crearon casi un cuarto de millón de empleos nuevos, ampliando sus plantillas en torno al 50%. Hoy, la lucha contra el déficit público y el deterioro de sus finanzas han interrumpido ese crecimiento y sitúan a los gobiernos locales recién constituidos ante un escenario de restricciones que por fuerza afectará a la amplitud y profundidad de su cartera de servicios.
La actitud al uso sería abordar resignadamente la cirugía, lamentar su inevitabilidad, justificarla ante la ciudadanía como secuela de la crisis o de las penurias heredadas, y expresar la esperanza de volver a los viejos buenos tiempos cuando escampe. Cabe contar con la beligerancia de la oposición -de un signo u otro- criticando los recortes, calificándolos de antisociales, atribuyéndolos a la ideología o incapacidad de quienes gobiernan y poniendo a estos a la defensiva. ¿Les suena?
Sin embargo, otra actitud y otro discurso son posibles. Su hilo conductor sería el del retorno a lo básico, y asumiría la tarea de revisar la oferta de políticas y servicios públicos con un doble objetivo: aumentar sus niveles de equidad y coste-efectividad (crear el máximo valor por cada euro invertido) y mejorar la calidad del gasto público local, deteriorada por el crecimiento descontrolado, la dispersión y la falta de foco que crearon los años de la burbuja. Este enfoque implica la crítica y reorientación de algunos elementos que han caracterizado la acción de gobierno en bastantes municipios.
Para empezar, habría que diferenciar entre gobierno y gasto. Un gobierno local fuerte, como el que necesitamos, se ve obligado a intervenir en áreas que, como la inmigración o la promoción económica, por poner dos ejemplos, van más allá de sus competencias obligatorias.
Pero eso no implica que deba asignar sistemáticamente partidas importantes de sus presupuestos a parcelas de política pública que corresponden a otros niveles de gobierno. Gobernar no es solo gastar. Es también ordenar, regular, fiscalizar, promover, influir, impulsar, concertar, facilitar, mediar. Las dimensiones reguladora, pedagógica y relacional del gobierno local son partes esenciales de su misión en las sociedades actuales. Tan importantes o más que remodelar el espacio urbano, construir equipamientos o producir servicios.
Es el momento de volver a poner en el centro de la acción municipal los servicios obligatorios en su ámbito de responsabilidades y considerar con cuidado los casos en que conviene asignar recursos a otras actuaciones. Y estas decisiones debieran adoptarse de forma abierta y deliberativa, ya que constituyen el núcleo de la política local. Una selección austera, rigurosa y transparente de las prioridades habría evitado dos deformaciones bien conocidas. La primera, la generación sostenida de déficit, que algunos pretenden justificar hablando de la obra realizada y quejándose de las deficiencias -ciertas, por otra parte- de la financiación local, como si lo uno o lo otro hicieran admisible el transferir la deuda a las generaciones futuras. La segunda, el uso del urbanismo como fuente de financiación adicional, que ha favorecido la expansión desordenada de muchos municipios y ha sido fuente de no pocas corruptelas.
El retorno a lo básico no debe anclarse en un relato resignado y defensivo. Por el contrario, cobra sentido en el marco de un discurso regeneracionista que recupera la austeridad y el rigor como virtudes republicanas inherentes al buen gobierno. Tampoco implica sucumbir a un sesgo economicista o neoliberal. Es más bien la política de disparar a todo lo que se mueve la que enmascara prioridades, vuelve insostenibles los derechos colectivos básicos y acaba por privilegiar a los grupos sociales que consiguen una amplificación mayor de sus demandas, ya sean estas razonables o simplemente ruidosas.
Nada hay más antisocial que la dispersión y el despilfarro. Volver a lo básico permite, entre otras cosas, situar en el foco de la política local la protección de los más vulnerables, tantas veces relegada cuando cualquier ocurrencia parecía posible y legítima.
Diríamos en términos empresariales que el escenario económico impone a los gobiernos locales la tarea de redefinir su modelo de negocio. Es tiempo para reducir costes, pero sobre todo es tiempo para la estrategia. Lo primero exige una gestión operativa competente, austera y orientada a la eficiencia. Lo segundo, liderazgos responsables, con aliento reformador y con visión de largo plazo. Los municipios que cuenten, en sus ayuntamientos, con ambos tipos de capacidades, afrontarán lo que queda de la crisis en mejores condiciones.
Francisco Longo, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade.