El, para muchos, inesperado cese de José María Aznar en la presidencia de honor del Partido Popular, pese a su mantenimiento en el mismo como simple afiliado, suscita, quiérase o no, una inevitable cadena de comentarios y una cierta preocupación en orden a la identidad ideológica y al posicionamiento de esa fuerza política en el seno de la sociedad española.
Hace ya tiempo que el expresidente viene mostrando, de una forma u otra, un cierto alejamiento respecto a la línea política seguida por el partido que dirigió durante bastantes años, lo que, últimamente, tuvo su expresión más sonora al enjuiciar la actitud adoptada por el Gobierno de Rajoy en relación con la autonomía de Cataluña y, más en concreto, las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría sobre ese tema. Resulta manifiesto el desencuentro del anterior presidente con la política adoptada por el Gobierno español respecto a las pretensiones del autonómico catalán y su exigencia de un mayor rigor y autoridad en el tratamiento del nacionalismo que, abiertamente, pretende conseguir la independencia en el seno de la única nación española. En tal sentido, le parece equivocada y notablemente arriesgada la posición adoptada por el Gobierno de Madrid.
No es ningún secreto ya que en el Partido Popular, como en cualquier otro, existen diferentes opiniones en orden a su funcionamiento interno y al desarrollo de las líneas maestras del ideario propio, aun cuando se mantenga la disciplina y adhesión al proyecto de su dirección. En este sentido, cobra un relativo valor la propuesta preparada para el próximo Congreso Nacional a celebrar en el próximo mes de febrero –en el que, por cierto, ya ha anunciado su ausencia el Sr. Aznar– en orden a la presentación de candidaturas a la presidencia del partido, y que establece un sistema de doble vuelta, sin la celebración de primarias, pero que deja en manos, como hasta ahora, de quienes resulten elegidos compromisarios la elección del líder de la formación política. En el seno del propio Partido Popular se han alzado autorizadas voces que piden un mayor grado de participación activa de la militancia en las decisiones básicas que se hayan de adoptar, y que no parece que tengan a día de hoy el suficiente eco.
Con motivo de la decisión ya consumada del expresidente Aznar, tal vez resulte necesario y conveniente un ejercicio de reflexión sobre la necesidad de adecuar la organización interior y las tácticas de actuación del Partido Popular a las exigencias del actual momento político que atraviesa España, que conlleven un mayor grado de efectiva democratización interna con una más intensa y adecuada participación de los afiliados, lo que no tiene que implicar una desviación sustancial del ideario de centro-derecha que debe seguir orientando el comportamiento público de dicha formación política. Es una sólida organización que cuenta en su haber con un importante legado de aportación al sistema democrático y de libertades que implantó la Constitución de 1978 y que debe mantener, por ende, el protagonismo político que vino teniendo desde los tiempos de la Transición de la dictadura al Estado de Derecho que viene rigiendo el destino de España desde hace ya casi cuarenta años. En tal sentido, habrá de hacerse un llamamiento a la sensatez y al buen criterio para evitar algún tipo de resquebrajamiento en la unidad ideológica y de acción política de ese partido en España.
Podría afirmarse que desde el advenimiento de la democracia en España tal vez sea este que se está viviendo uno de los momentos más decisivos para la definitiva configuración y consolidación del Estado de Derecho unido que consagró nuestra Constitución de 1978. Al respecto, no puede ni debe obviarse el cambio generacional operado en nuestra sociedad, al que no ha de cerrarse el paso, sino valorarse como un signo enriquecedor, pero siendo conscientes todos –los nuevos y los viejos– del acervo político-social conseguido desde la instauración de la democracia hasta ahora, que no puede, en forma alguna, tirarse por la borda.
Si se sabe actuar con mesura y equilibrio, no cabe la menor duda de que se habrá de enriquecer la herencia que nos deparó el régimen constitucional de 1978, susceptible, ¡cómo no!, de actualizarse en función de las circunstancias del momento presente; pero si, por el contrario, se actúa de forma desmedida y desproporcionada, el resultado puede ser nefasto para España, con consecuencias imprevisibles. La responsabilidad que incumbe a partidos ya consolidados en la vida política española, como son el popular y el socialista, es enorme, y de su actuación en un momento tan delicado para el porvenir de este país, como es el actual, dependerá, sin la menor duda, la estabilidad de esta nación.
Benigno Varela Autrán, exmagistrado del Tribunal Supremo.