El 16 de julio del año pasado, en la escuela de verano 'Jaime Vera', el secretario de organización del Partido Socialista, José Blanco, sentenció: «Si el proceso (de paz) triunfa será a pesar del PP y si fracasa será por el boicot del PP». Un par de semanas antes, Blanco había calificado al primer partido de la oposición de 'vil', siguiendo en esto la senda de otro secretario de organización -pero éste sólo del Partido Socialista de Euskadi- a quien el PP unos días antes le parecía 'carroñero'. Un mes después, en una entrevista publicada en 'El Diario Vasco' el 23 de julio, el mismo dirigente del PSE añadía: «Será responsabilidad del PP un eventual fracaso del proceso de paz». Preguntado cómo podría Mariano Rajoy deshacer lo que pactase el PSOE con el apoyo de los nacionalistas si el PP volviera al Gobierno, el entrevistado iluminaba su análisis sobre las responsabilidades del PP considerando muy difícil deshacer esos pactos «a no ser, claro, que Mariano Rajoy decidiera poner nuevamente en marcha a ETA». Y, ya en plena canícula, concretamente el 13 de agosto, otro destacadísimo dirigente del socialismo vasco con gran proyección en la política nacional no tenía duda: «El PP apretaría antes el botón para gobernar que el de acabar con ETA».
No se sabe bien cuándo empezó el proceso. Unos dicen que con una comunicación de ETA cuya interpretación certera Rodríguez Zapatero reclamó para sí. Otros lo sitúan en mayo de 2005, cuando el Gobierno del Partido Socialista decidió que lo mejor para acabar con ETA era acabar con el Pacto por las Libertades. El tercer hito de este camino sin dirección lo marca la declaración de alto el fuego de ETA en marzo del año pasado.
Los desmemoriados dijeron que aquella tregua era superior a todas las anteriores porque la banda la había calificado de 'permanente'. Supimos, sin embargo, que la diferencia con la anterior consistía, entre otras, en haber sido negociada previamente por el Gobierno en términos todavía no revelados.
Habíamos creído a Rodríguez Zapatero cuando un mes después de declarada la tregua negaba categóricamente contactos previos con la ilegalizada y disuelta Batasuna. «En absoluto -decía el presidente-. El Partido Socialista no ha mantenido ninguna relación con personas que puedan representar a la extinta Batasuna. No ha habido ni hay relación, ningún diálogo». Lo cierto es que allá por 2002, mientras unos se dedicaban a fortalecer una política de Estado dirigida a privar de toda esperanza a ETA y a todos sus muchos cómplices y beneficiarios, dirigentes socialistas empezaban a jugar con otra baraja ante los interlocutores de ETA y Batasuna con quienes Rodríguez Zapatero negaba, en vano, haber tenido relación alguna.
No contento con eso, Rodríguez Zapatero seguía rompiendo moldes, como exigía su frívolo narcisismo, y aceptaba como novedad decisiva la vieja patraña etarra vuelta a escenificar en Anoeta que no significó otra cosa que ETA consiguiera que este Gobierno hiciera lo que ningún otro había hecho, esto es, vincular el final del terrorismo a una negociación política en torno a las exigencias de ETA, comulgando con las ruedas de molino de una ficticia separación del proceso en dos mesas de negociación.
Otegi -que es hoy el mismo que era hace dos semanas- era entonces para Rodríguez Zapatero un hombre de paz. Exigencias creativas de un proceso basado en la presunta emancipación del brazo político de ETA de los designios de la banda. En realidad ése era sólo uno de los supuestos del proceso. Había otros. Por ejemplo que el presidente del Gobierno contaba con información privilegiada a la que el resto de los mortales no podían acceder y que ninguna condición les hacía merecedores de compartir, ni siquiera la de líder de la oposición. Que Rodríguez Zapatero contaba con las claves de interpretación exacta de lo que pasaba. Que la representación de diez millones de españoles era prescindible. Que aceptar que el proceso exigiría una mesa política era una concesión sin coste. Que Batasuna era un «interlocutor político necesario». Todos los supuestos en los que el proceso pretendía sustentarse se han derrumbado como un castillo de naipes construido desde una arrogancia sin límite.
En las horas posteriores al atentado, el ministro de Interior reprochaba a Mariano Rajoy hablar mucho del Gobierno y muy poco de ETA. Pero es que ETA en esta ecuación es un valor constante y conocido. Es el Gobierno, después de la ruptura del Pacto por las Libertades y el fracaso de su apuesta, la incógnita que debe ser despejada. ¿Volver atrás como si nada hubiera ocurrido? No parece posible. ¿Despachar el asunto con sentidas apelaciones a la unidad? Pero ¿unidad entre quiénes? ¿Incluye esa unidad a partidos como ERC, aliados del Gobierno, desde los que se afirma que «ETA ha puesto más en el proceso»?
La clave para el futuro y el obstáculo más difícil de superar es la profunda sima de desconfianza abierta entre una parte, hoy netamente mayoritaria de la sociedad española, y el Gobierno, en especial su presidente, que reclamó para sí la dirección política del proceso. Más allá de sus errores, la quiebra en la credibilidad de Rodríguez Zapatero parece irreversible en la opinión de muchos ciudadanos. Mientras la supuesta búsqueda de la paz sea la coartada que todo lo justifique, algunos -también ahora- seguirán jugando por debajo de la mesa, harán de su indignación un estado provisional, volverán a decir aquello de que el único comunicado que esperan de ETA es aquél en el que la banda anuncie el abandono de las armas, pero se olvidarán de lo dicho si ETA emite el comunicado que les ofrezca el punto de apoyo necesario para retomar 'el proceso'.
Con su torpe maquiavelismo, Rodríguez Zapatero parecía estar seguro de que el éxito del empeño -cualquiera que fuera el contenido real de ese éxito- convalidaría los medios. El voluntarismo y las recetas de apaciguamiento una vez más han fracasado. No se trata sólo de que el presidente del Gobierno reaccionara al atentado de Barajas decretando simplemente un tiempo muerto en un partido que no quiere dar por terminado. El Gobierno y el Partido Socialista han dedicado sus mayores esfuerzos a cubrir los numerosos flancos abiertos por la gestión del proceso, recordando que sólo ETA es responsable del atentado -no era eso lo que José Blanco y otros pensaban hasta ahora-, para guarecerse bajo el precedente de Aznar en una demostración cada día más patética de debilidad política e incapacidad para explicar sus posiciones en razón de sus propios méritos.
Por mucho que quiera representar el papel de víctima, al Gobierno no se le juzga ni se le critica por el hecho de que ETA haya vuelto a matar sino por sus errores de juicio advertidos hasta la saciedad, por su indiferencia ante la división que ha causado, por el abandono arbitrario de la política más eficaz contra ETA que se ha seguido, por inutilizar los instrumentos políticos que acabaron con la legendaria imbatibilidad de ETA.
Ahora la prioridad para el Gobierno parece obvia. Pero reconstruir el consenso en la política antiterrorista no consiste simplemente en pactar fórmulas retóricas. Significa reconstruir la confianza, ofrecer seguridades, renunciar a agendas ocultas ante ETA, liderar a todas las instituciones del Estado para garantizar la integridad de nuestra democracia, rechazar la tentación de fotos coloristas a costa de minimizar el alcance y la fuerza de los compromisos. Significa ver a las víctimas como lo que son, el gran activo moral de la sociedad en la lucha contra el terrorismo. Significa distinguir entre adversarios y enemigos y saber claramente dónde se encuentran éstos. Significa asumir un compromiso irrevocable con la derrota de ETA, cerrando bajo siete llaves el famoso y estéril punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, de modo que no vuelva a ser la gatera por la que los terroristas escapen al final que merecen -la cárcel- ni se convierta, como ocurre ahora, en una oferta permanente de negociación que ETA puede activar a su antojo con un comunicado.
Bajo los escombros de la T-4 han quedado dos nuevas víctimas del horror y la realidad con la que José Luis Rodríguez Zapatero no debe seguir jugando al escondite. Permítasenos dudar de que el presidente del Gobierno quiera, pueda o sepa acabar con este juego.
Javier Zarzalejos