Esta cuestión afecta a la misma raíz espiritual de nuestra sociedad. La cultura, la política y la religión están implicadas inexorablemente en ella. Hay que comenzar enumerando tres preguntas fundamentales previas: ¿Cuáles son el sujeto, los contenidos y el contexto histórico de la educación? ¿Quién y dónde se educa al hombre como persona, como ciudadano, como posible creyente? Hasta ahora los educadores eran personas e instituciones con nombre y rostro (madre, familia, escuela, grupo, iglesia...). Hoy educan los poderes anónimos que constituyen la sociedad. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado ante la actual situación de anomia y desinterés social en los alumnos?
La segunda pregunta son los contenidos de la educación escolar. ¿Qué se debe y se puede enseñar en las instituciones escolares? La respuesta parece clara: aquellos que decantados a lo largo de la historia han alcanzado un consenso universal entre los humanos respecto de su eficacia trasformadora (ciencia y técnica), respecto de la relación social (derecho), respecto de nuestra trayectoria en lugar y tiempo (ciencias sociales e historia), respecto de los problemas fundamentales como seres con sentido y esperanza (filosofía, ética, religión). Esta es la condición esencial: tales saberes tienen que ser universales, no particulares, no propios de un grupo social, de un partido político o de una comunidad religiosa. No todo lo que se puede enseñar, se puede enseñar en la escuela.
Tercera cuestión: la educación no acontece en un vacío de ideas, esperanzas, temores o sospechas sino en un contexto muy concreto donde vigen unas aspiraciones y se rechazan unos proyectos a la vez que se anhelan otros. La educación se encuentra hoy en Europa afectada por desafíos culturales, sociales y religiosos: la confrontación con la diversidad, la debilitación del sentido jurídico, la pertenencia nacional entre la indiferencia y el nacionalismo... El Islam es sólo el botón de muestra. Lo que está ocurriendo en Francia, Inglaterra y Alemania nos obliga a repensar las relaciones entre política, cultura y religión. Todo esto hace especialmente significativa la "Educación para la Ciudadanía".
¿Cuáles han sido las reacciones ante esta asignatura impuesta por el Gobierno? Son tres: la que defiende la asignatura y el programa con que el Ministerio la propone; la que rechaza asignatura y programa; la que acepta la asignatura pero propone modificación o cambio de programa. ¿Cuáles son las razones aportadas por cada uno de estos grupos? Quienes la defienden afirman que la educación debe ser integral y no sólo aprendizaje de conocimientos y destrezas; por ello es esencial una educación en valores. La escuela tiene que ser beligerante ante la violencia, la desigualdad social, la discriminación. El Estado tiene la responsabilidad y por ello el derecho y el deber de crear los medios para conseguir tal fin. Reclaman una asignatura especial porque la trasversalidad se habría demostrado insuficiente. Algunos añaden que hasta ahora en España ha educado la Iglesia y que ahora tiene que educar el Estado.
Quienes rechazan asignatura y programa ofrecen razones diversas. Unos rechazan por principio cualquier asignatura que confiera al Estado la capacidad de trasmitir convicciones últimas de sentido, verdad e identidad. Todos los Estados que han querido imponer una ideología nacional o revolucionaria lo han hecho con sangre y muerte. La memoria de Alemania, Rusia e incluso España está aún muy viva y un sentido de libertad absoluta se vuelve contra todo aquello que sea o se parezca a un adoctrinamiento político. La educación, como el conjunto de palabras, ideas e ideales que confieren último sentido a la vida humana compete a quienes han engendrado a una persona, a la que tienen que habilitar para la existencia no sólo con la capacidad física sino con los recursos intelectuales y morales necesarios para que sea un sujeto en la historia.
Aquí se sitúa también el rechazo de profesionales de la enseñanza, para quienes la materia está heterogéneamente construida con materiales que ya estaban presentes en las asignaturas de Ética, Filosofía, Ciencias Sociales y en la trasversalidad de otras asignaturas. No había demanda social para ella sino que su propuesta surge de un partido que quiere trasvasar su propio proyecto. Se la hace pasar por universal, cuando es particular; el Estado sustituye a las familias y pone a los profesores ante el dilema de rechazarla o de impartir contenidos que violentan su conciencia. Se quita horas a otras materias más importantes. Pero el problema más grave es que, dada la heterogeneidad de materias indicadas en el programa del Ministerio, se mezclan realidades totalmente distintas: las que podrían pertenecer legítimamente a una ética cívica y otras como son "la condición humana", la "identidad personal", "la educación afectivo-sexual", "la construcción de la conciencia moral", que son de otra naturaleza, y sólo pueden ser ofrecidas por quienes tienen la responsabilidad primera, es decir los padres. El Estado podría ofrecerla pero nunca imponerla como obligatoria.
La tercera posición reconoce al Estado la legitimidad para ofrecer esa materia que prepare a los alumnos para existir en sociedad, para que conozcan el entramado de realidades en medio de las que viven y con las que tienen que convivir De mi vieja escuela yo recuerdo todavía un libro: El Ciudadano. Lo que allí se decía nos despertaba el gozo de sabernos protagonistas de un destino y responsables de una situación histórica. Pero, aceptada la legitimidad fundamental, éstos se oponen al programa como totalidad ya que en él se mezclan reales tareas de una educación cívica con cuestiones de mayor calado y que exceden la autoridad del Estado. La primera educación es la de la persona, después la del ciudadano, y luego la de otras actitudes. Lo primero y esencial es la persona; de cómo se comprenda ella a sí misma se deriva incluso la forma de comprender y realizar su ciudadanía. Ésta no monocorde; hay muchas formas de realizarla auténticamente a la luz de la actitud última de cada uno ante la existencia. La ciudadanía no puede ser dictada a nadie por ningún Estado, partido o iglesia.
Los partidarios de esta tercera postura se diferencian a su vez: unos creen posible una refundición del programa, quitando aquellas cuestiones antes aludidas que exceden la competencia del Estado. Porque no vale decir que los textos que ya tenemos no entran a ellas. Aquí, como decía Aristóteles de la filosofía, hay que repetir que ante tales problemas todos tomamos postura: con el silencio o con la palabra, con la afirmación o la negación. Otros, yo entre ellos, consideran que eso no es tan fácil y proponen una solución más radical y objetiva: centrar la materia en el estudio de la Constitución Española, que ofrece todos los presupuestos de ideales, valores, derechos, deberes y responsabilidades del ciudadano, completándola con las Declaraciones internacionales de derechos humanos. Con uno y otro elemento se abarca la doble intención de la materia tal como la ha recomendado la UE y la realizan otras naciones de Europa. Sus contenidos no son particulares ni partidistas, sino universales y normativos.
Ahora surge la cuestión vidriosa: ¿se puede imponer una materia que lleva consigo tales problemas objetivos, que encuentra una nación dividida mitad por mitad, que remeje viejas cuestiones viscerales? Yo veo tres razones para no imponerla y repensar toda la cuestión desde el consenso. En primer lugar la memoria histórica de España: cada vez que se ha impuesto algo semejante, sea en la II República sea en la España de Franco, los resultados han sido nefastos. No valen ni el rechazo irresponsable ni el trágala violento. En segundo lugar la experiencia de un institución tan vieja como la Iglesia en sus concilios desde Nicea (325) al Vaticano II (1962-1965). Para las cuestiones de procedimiento o método se siguió siempre regla de meras mayorías, pero cuanto se trataba de contenidos doctrinales nunca se decidía como obligatorio en la fe algo que no fuera compartido por la inmensa mayoría o casi unanimidad moral. La tercera razón es el ejemplo de las grandes naciones como Alemania, en las que las materias que afectan al fondo del país, como la educación y la política exterior, se consideran cuestiones de Estado y se resuelven por consenso entre los grandes partidos.
Estamos ante un gravísimo desafío moral. Sólo la magnanimidad, el respeto y la generosidad pueden librarnos de este abismo que no se supera con mera matemática democrática. Y las palabras son importantes; las de algún cardenal por un lado, y las de la vicepresidenta y ministra por otro amenazando, no han echado aceite sobre las heridas. Hay que saltar sobre los propios límites, pensar en los destinatarios, en la sociedad entera, en una serena paz del país. Y sobre todo no quedarnos en esta única cuestión dejando en olvido otros grandes puntos negros de nuestro sistema educativo.
Olegario González de Cardedal, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.