Balance positivo de la reforma fiscal

Frente a lo que se ha venido apuntando en los últimos días sobre la timidez de las medidas que tiene previsto introducir próximamente el Gobierno central con ocasión de la reforma fiscal, y mediante una primera evaluación del paquete de medidas presentadas, sin embargo no nos resistimos a romper una lanza a favor de la importancia de los anteproyectos de las leyes de distintos impuestos que serán objeto de aprobación en los próximos meses con efectos desde el 1 de enero del 2015.

Así las cosas, existe un número importante de medidas que tienen vocación de reducir la presión fiscal de los contribuyentes a la vez que suponen una apuesta firme por la equidad en materia, fundamentalmente, de política social; a saber, reducción importante de IRPF para las rentas medias y bajas (exoneración de la obligación de presentar la declaración del IRPF para rentas inferiores a 12.000 euros y bajada de la presión fiscal en este impuesto para más de un 70% de los contribuyentes en nuestro país cuyas rentas sean inferiores a 24.000 euros), así como un guiño para las unidades familiares en general (al incrementarse el mínimo vital desde los 5.150 euros actuales hasta los 5.550), y en particular, para las familias numerosas y personas con discapacidad al prever la introducción de nuevos incentivos fiscales que dulcificarán considerablemente su tributación al implementarse dos nuevas subvenciones fiscales (conocidas técnicamente como impuestos negativos) en la línea de lo que ya existe con la deducción por maternidad a favor de las madres trabajadoras, que como es sabido les permite percibir durante tres años un ingreso periódico de 100 euros mensuales.

Nótese que este tipo de medidas debería tener también como efecto paralelo el favorecimiento del gasto consuntivo del conjunto de los ciudadanos, dinamizando igualmente el ahorro y la inversión en nuestro país. En esta línea, para animar el consumo, cabe destacar entre otras, la reducción del porcentaje en los pagos fraccionados en el IS, y de las retenciones para trabajadores, así como para los autónomos en el IRPF. En este último caso se reducirá del 21% al 19% implementándose esta medida ya desde el próximo 1 de julio, lo que sin duda conllevará a un aumento de la capacidad disponible de los contribuyentes, una vez que con buen criterio se ha descartado nuevas subidas del tipo de gravamen del IVA (pese a las recomendaciones de las Instituciones comunitarias en este sentido).
No debe perderse de vista que una progresiva subida de impuestos no implica necesariamente un incremento efectivo de la recaudación tributaria, pues puede ser un aliciente claro al fraude sobre la base empírica de diversos estudios económicos realizados a principios de los años 80 por el economista norteamericano Arthur Laffer (conocida como curva de Laffer).

FAVORECER LA COMPETITIVIDAD

Un tercer paquete de medidas tiene como aspiración favorecer la competitividad de nuestras empresas manteniendo el tipo de gravamen singular del 15% aprobado en su momento por la ley 14/2013, de emprendedores, a la vez que se reducirá la presión fiscal de forma escalonada de las entidades que están sometidas al tipo general hasta un máximo de un 25%, lo que constituye un hito en la historia del Impuesto sobre Sociedades en nuestro país.

En efecto, el Gobierno actual pretende eliminar la criticada brecha fiscal entre el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades y el tipo real o efectivo al que en realidad tributan las entidades jurídicas (reduciéndose desde el tipo general actual del 30% a un 28% para el año 2015, y a un 25% en el 2016), e introduciéndose asimismo dos nuevos instrumentos jurídicos para favorecer la autofinanciación del tejido empresarial de nuestro país, lo que aplicados ambos incentivos fiscales puede dar lugar a una bajada efectiva de cinco puntos porcentuales en la presión fiscal de las pymes.

Así las cosas, mediante la reserva de capitalización que está vinculada a la reinversión se permite una reducción de la base imponible de un 10%, y a través de la reserva de nivelación (exclusiva esta última para sociedades con una cifra de negocio inferior a 10 millones de euros) cabe la aplicación de una reducción en la base imponible del 10% por un plazo de cinco años. Finalmente, se sigue apostando firmemente por la Investigación y Desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), en aras de que España pueda colocarse a la vanguardia de este sector en los próximos años.

En conclusión, podemos resumir en cuatro los ejes de la tan esperada reforma fiscal: reducción de la presión fiscal para las rentas bajas y medias con la introducción de medidas concretas para favorecer el consumo y la inversión, así como una apuesta firme por la competitividad de nuestras empresas, y una más que necesaria equidad en materia de política social.

Junto a este paquete de medidas tributarias, debe recordarse que se mantiene la tolerancia cero en materia de fraude fiscal, a través de la eliminación de determinadas actividades sometidas anteriormente a la estimación objetiva (conocida más popularmente como módulos) donde desde hace años se ha detectado importantes bolsas de fraude. Además, dichos textos implementan nuevas medidas específicas para avanzar en la persecución del delito fiscal, así como se introduce como novedad la publicación de una lista de deudores morosos a la Hacienda Pública que puede producir un efecto anuncio para navegantes en orden a evitar la comisión de fraude fiscal.

Con estos sabrosos nutrientes cuyo impacto económico de su implementación se ha valorado en 6.700 millones en el periodo 2015-2016 para IRPF y Sociedades, la reforma tributaria se ha salado convenientemente, con lo que a falta de los últimos retoques que se incorporen en el trámite de información pública, queda ya casi lista para que sea horneada en el Congreso de los Diputados. Esperamos que las medidas anunciadas permitan a nuestro país volver a la senda del crecimiento económico y de creación de empleo que nunca por desgracia se debió perder.

Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

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