Las andanzas de los nietos de Fidel Castro, todos forrados, demuestran que el abuelo utilizó la revolución para amasar un gran patrimonio familiar.
Uno de ellos, Sandro Castro, no pudo evitar colgar en las redes sociales su paseo por La Habana a 140 kilómetros por hora en su lujoso Mercedes. Su texto: “Porque nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, ¿me entienden?”.
Se le entiende todo. Como a otro nieto, Tony Castro, cuando se exhibe en su yate o de compras por Madrid. El salario medio en Cuba ronda los 30 dólares al mes.
Que los Castro se hicieran millonarios con el poder no debe sorprender. Es habitual entre los popes izquierdistas latinoamericanos que no pueden explicar su enriquecimiento si no es gracias a la política. Es el caso de la familia Kirchner y de muchos de sus ministros, dos de ellos condenados por corrupción.
O el de los mandatarios de la dictadura chavista de Venezuela, cargados de dólares en medio de un mar de miseria que ahoga a los venezolanos. Esos que, según el ahora moderado Íñigo Errejón, comen tres veces al día.
Lo cierto es que las conexiones de las izquierdas españolas con esta gente son inquietantes.
En esta relación, destaca la trayectoria del exjuez Baltasar Garzón. Bien conocidas son sus minutas abultadas para la defensa de izquierdistas enriquecidos. El prestigio se lo ha ganado con su carrera de juez estrella internacional.
Garzón se ha desplazado desde su imagen de santón de la justicia universal a la mucho más rentable de apóstol del lawfare, ese cuento que consiste en montar un chiringuito muy rentable sobre la base de una supuesta persecución de jueces y periodistas fachas a líderes progresistas. A Lula, Correa, Maduro y los Kirchner les perseguirían, arguye, no por enriquecimiento ilícito, sino por ser de izquierdas, y digan lo que digan las pruebas judiciales.
El pasado día 17, el Tribunal Supremo de Cabo Verde sentenció a favor de conceder la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, acusado de ser el testaferro de la familia de Nicolás Maduro y de lavar cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción.
¿Quién se ha encargado de su defensa? Baltasar Garzón.
Como antes se hizo cargo Garzón de la de ‘El Pollo’ Carbajal, también demandado por la justicia estadounidense por razones similares. En el caso de este general chavista, sabemos por escritos de la empresa encargada del pago que la minuta ascendió, al menos, a 1,85 millones de euros. Le contrataron, explican, por “su relevancia internacional adquirida en la defensa de la justicia universal”.
Pero con el caso Saab, Garzón ha tenido muy mala suerte. Le asignaron la función de presionar a un pequeño país utilizando sus contactos internacionales.
Pero el minúsculo Cabo Verde es universalmente reconocido como un Estado de derecho en el que rige el imperio de la ley. De hecho, en el prestigioso ranking de The Economist figura en los primeros puestos, al nivel de Francia o Bélgica. En mala hora se le ocurrió repostar su avión en este archipiélago al supuesto testaferro de Maduro. Durante nueve meses de procedimientos, los jueces caboverdianos le han dado una lección tras otra de independencia judicial al exjuez español.
Como en otros casos, su técnica se ha basado en presentar a este acusado de gravísimos delitos al servicio de la dictadura venezolana como una víctima de la persecución política. Pero ni el truco de convertir a Saab en embajador de Venezuela ante la Unión Africana (para buscar su inmunidad diplomática), ni el intento de amedrentar con la insostenible competencia de un tribunal internacional, ha impresionado a los dignos magistrados de Cabo Verde, apelación tras apelación.
Garzón no habría metido tanto la pata si hubiera leído los indicadores del Banco Mundial (Worlwide Governance Indicators, 2015). Esos en los que se lee que el pequeño país de Cabo Verde destaca por su control de la corrupción, el imperio de la ley o el buen gobierno.
Los intentos de desprestigiar a la justicia de Cabo Verde para evitar la extradición de un personaje como Saab producen vergüenza ajena. Como sus declaraciones a la periodista Patricia Janiot en Univision cuando esta, perpleja al ver cómo alguien con imagen de juez defensor de los derechos humanos coopera con Maduro, le preguntó si consideraba al régimen una dictadura o una democracia.
Garzón le respondió que “Venezuela tiene su propio sistema político, como Estados Unidos u otros”.
En fin, son sólo negocios
Las peligrosas conexiones de Baltasar Garzón deben ponerse en perspectiva en esa España sanchista en la que él y su compañera Dolores Delgado, la fiscal general, pueden condicionar la política judicial del Gobierno. De hecho, más que el ministro del ramo. Especialmente, a la hora de influir en nombramientos de los centros decisivos de la judicatura y la fiscalía, favoreciendo a las asociaciones afines. Como se ha visto, por ejemplo, con los últimos nombramientos de fiscales de Sala.
Que quienes representan al 10% copen el 50% de los puestos. Ese es el objetivo.
A los millonarios de izquierda no les conviene la separación de poderes. Cristina de Kirchner se lo explicaba así a los jueces argentinos: “¿Por qué nos vamos a dejar gobernar por un sistema de Montesquieu de hace 300 años?”.
En la Venezuela con la que trata Garzón son más expeditivos y directamente han obligado al exilio a los miembros del Tribunal Supremo que no controlaban. Cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, abrió en 2017 una investigación sobre los negocios de Álex Saab, al que defiende Garzón, tuvo que escapar del país para proteger su vida.
Lo que preocupa ahora a quienes se han enriquecido cooperando con la dictadura chavista es que el testaferro sea entregado a la Fiscalía de Estados Unidos. Porque saben qué significa allí ser un testigo protegido. Muchos en España no estarán tranquilos ante la información que pueda proporcionar alguien como Saab. ¿Cuántos han hecho dinero gracias al petróleo de sangre robado a un pueblo venezolano en situación desesperada?
Conocer qué personajes de la dictadura venezolana están detrás de la compañía aérea Plus Ultra y quiénes aquí intentan entregarles 53 millones de euros ayudaría a desvelar las conexiones españolas con ese régimen criminal. Con el paso del delcygate al plusultragate se da un gran salto en el conocimiento de los contactos entre el chavismo y el sanchismo. ¿Hará algo la Fiscalía?
Los millonarios de la izquierda, que sólo pueden explicar su patrimonio por su conexión con la política, se han convertido en un problema serio de credibilidad para la opción socialdemócrata.
El intelectual de izquierda Tony Judt (Algo va mal, 2010) retrató bien a quienes utilizan estandartes progresistas como tapadera para hacerse ricos. “Les gusta el dinero” sentenciaba. Y describía cómo se convirtieron en una carga para el futuro del centroizquierda. Representan un fraude político para millones de electores. No hay regeneración posible sin librarse de ellos.
Jesús Cuadrado Bausela es geógrafo, exdiputado del PSOE y militante de Ciudadanos.