Por José María Ridao, diplomático (EL PAÍS, 19/03/03):
La repentina conversión de la amenaza contra Sadam Husein en un ultimátum a Naciones Unidas, según ha sucedido tras la reunión de Bush, Aznar y Blair en las Azores, tiene la triste virtud de haber dejado al descubierto las verdaderas intenciones de estos tres promotores del nuevo orden, apenas disimuladas desde los inicios de la crisis: la guerra que se disponen a librar en los próximos días tendrá a Irak por teatro de operaciones, pero su objetivo último se cifra en la legalidad y las instituciones internacionales. Considerándolas un estorbo para un proyecto político que convierte una amenaza exterior en argumento para liquidar los derechos civiles en el interior, la actual Administración norteamericana está arrastrando al país más poderoso de la Tierra, y con él a un aliado tradicional y, además, a un espontáneo, a ese terreno sin retorno en el que la defensa de la democracia significa su destrucción, y las invocaciones a la libertad, la mejor manera de amordazar y sojuzgar a los ciudadanos.
Si esta escalofriante inversión de los valores ha prosperado hasta el extremo de que el mundo se dispone a precipitarse en una guerra guiado por quienes aseguran sin rubor esforzarse por la paz, ello se debe a que, conmocionados ante el inconfundible espectáculo que ofrecen los sentidos, incrédulos ante la progresiva consolidación de las evidencias, nos resistimos a llamar por su nombre al monstruo que podría estar desperezándose en el centro del escenario en el que habíamos vivido hasta ahora, y que no nos resulta en absoluto desconocido. Si, como han sugerido en más de una ocasión los líderes reunidos en las Azores, imaginando reforzar la legitimidad de su comportamiento, nos situáramos en la altura del año fatídico de 1933, ¿estaríamos seguros del lado en el que habría que colocar a un país cuyo presidente resultó elegido mediante un turbio proceso judicial, celebrado bajo irresistibles presiones, en un Estado dirigido por un miembro de su familia? ¿Ubicaríamos sin ninguna dificultad en el campo de los demócratas a un gobierno que mantiene centenares de desaparecidos en razón de su origen o su credo, que establece limbos judiciales para practicar la tortura y facilitar la detención indefinida, que consideró y tal vez aprobó el establecimiento de una oficina de desinformación pública, que suspendió las garantías ciudadanas en virtud de una ley patriótica, que creó un superministerio de Seguridad Interior para ejercer un férreo control sobre sus propios ciudadanos? ¿Consideraríamos como adalid indiscutible del sistema de libertades, de nuestro sistema, a quien, decidido a terminar con un dictador, presenta contra él una batería de pruebas a sabiendas de que son falsas y, desvelada la argucia, arremete contra la institución internacional que se resiste a convalidarla en lugar de asumir el coste político de su mentira?
La pauta de acción acordada en las Azores -movilizar a la comunidad internacional ante el supuesto bloqueo que padece el Consejo de Seguridad- no tiene por fundamento un análisis de la realidad, sino tan sólo la consigna de desfigurarla para mejor ocultar el propio fracaso y, a la postre, dar un barniz de legitimidad a una agresión armada que, no por llevarse a cabo contra un régimen abominable, deja de ser una agresión armada. Así se entiende que Bush, Aznar y Blair proclamen con insistencia la irrelevancia de una institución no porque lo sea, sino porque ellos, y en ocasiones con no poca arrogancia y malas artes, no han sido capaces de conseguir el apoyo mayoritario a su visión tras varios meses de denodados intentos. Contemplada desde esta óptica la evolución de los acontecimientos recientes, el regate final de invocar a la comunidad internacional frente a las Naciones Unidas -por lo demás, paralela a la que practican esas minorías políticas alucinadas que, en el ámbito interior, y por lo general pistola en mano, invocan al pueblo frente al Parlamento-, ¿es resultado de la debilidad de las instituciones o, por el contrario, de su solidez frente a la peligrosa aventura de arrogarse en nombre de las grandes palabras -el bien, la libertad, la democracia- representaciones colectivas que no se tienen? ¿Es resultado de la inanidad de la ley o, por el contrario, de las dificultades del país más poderoso de la Tierra y dos de sus aliados, tanto para acomodarla a sus respectivos intereses como para actuar al margen de ella?
La guerra que está en vísperas de ser desencadenada dejará sin duda maltrecha una legalidad y unas instituciones internacionales a las que debemos décadas de precaria estabilidad, y en las que confiábamos pese a todo para seguir aproximándonos al viejo sueño de un mundo más justo o, al menos, a un mundo en el que no cualquier causa, no cualquier pretexto, sirviera para amparar el sacrificio de inocentes. Pero ésta es sólo la segunda de las consecuencias de esta guerra, la que se obstinan en repetir sus partidarios, la que esgrimen incluso como admonición contra quienes les reprochan su inexplicable propósito, que nos puede abocar hacia el desastre. La primera consecuencia, la que se oculta tras la retórica empleada en las Azores, la que puede acabar marcando el resto de nuestras vidas y las vidas de las generaciones que nos sigan, es que un país contra cuya fuerza nada podrá en mucho tiempo la razón, ha preferido colocarse en el terreno de la ilegalidad para hacer que prevalezcan sus puntos de vista y sus intereses. Así, los juicios políticos sobre la irrelevancia de Naciones Unidas no son, sin más, juicios políticos; son, por el contrario, un eufemismo para ocultar que el Gobierno de la única superpotencia del planeta ha decidido erigirse en ejecutor de la condena que él mismo ha dictado contra el sistema internacional, desafiándolo a través de su inmenso poderío.
Digan lo que digan los promotores del nuevo orden, es posible albergar numerosas dudas acerca de que la escalada bélica en la que están embarcando al mundo reproduzca la admirable actitud de las potencias democráticas frente a la amenaza totalitaria de los años treinta, y no sólo porque esas comparaciones constituyen la mejor prueba de que no se han comprendido las lecciones del pasado. A juzgar por los signos que se desprenden de la política interior de los Estados Unidos, del recelo y hasta el desprecio que exhiben hacia la legalidad y las instituciones internacionales, de la perversión del lenguaje que están llevando a cabo, el reparto de papeles en el teatro de la historia podría haber empezado a experimentar un vuelco de insondables dimensiones, y del que la reciente reunión en las Azores no sería más que un primer e inquietante síntoma necesitado de urgente desmentido. Un vuelco que, de estar en efecto produciéndose, afectaría a la mayor parte de los principales actores internacionales, con la sola excepción de España. Bajo los renovados designios de grandeza adoptados por José María Aznar, bajo el mesiánico propósito de "salvar a las Naciones Unidas" -según declaró a los periodistas en el trayecto de regreso de la cumbre-, nuestro país habría vuelto a tropezarse con la fatalidad que parece marcar su sino en los momentos cruciales, conduciéndolo siempre al mismo lugar y siempre de la mano de los mismos: el lugar en el que nos instaló una estirpe de gobernantes que creíamos extinta, empeñados en el propósito de que España no dejase nunca de ejercer, fuese cual fuese la circunstancia y la bandera, como deslumbrante, imperecedera, divina luz de Trento.