Tema: Este ARI analiza el escenario político en Bangladesh tras la declaración, el pasado 11 de enero, del estado de emergencia y la cancelación de la convocatoria electoral prevista para el día 22 de ese mismo mes.
Resumen: Este análisis aborda el agravamiento de la crisis política preelectoral que comenzó a finales de octubre de 2006 y que ha terminado con la cancelación de las elecciones a mediados de enero y la instauración de un estado de emergencia. La actual forma de gobierno de transición posee una apariencia civil, pero son pocos los que dudan que tras ella está el ejército. Pese al optimismo dominante de la población, que ve con satisfacción como los grandes líderes corruptos, hasta ahora inmunes, están siendo detenidos, existe alguna incertidumbre sobre cuándo van a tener lugar las próximas elecciones y si será el actual equipo de Gobierno el que garantice las mismas.
Análisis: El 11 de enero de 2007 el presidente y jefe del Gobierno interino de Bangladesh, Iajuddin Admed, imponía el estado de emergencia y el toque de queda (este último finalmente duraría sólo 48 horas) en un intento de frenar la crisis política que vivía el país desde finales de octubre, y que se había agudizado particularmente en los últimos días. Al mismo tiempo, el presidente dimitía de un controvertido cargo de jefe del Gobierno interino –un Gobierno de transición reconocido en la Constitución y establecido para asegurar la neutralidad política durante el período electoral– y nombraba a un sucesor temporal, que sería reemplazado poco después por Fakhruddin Ahmed, que hasta entonces era el gobernador del Banco Central. Con relativa inmediatez se reconstituía un nuevo equipo de asesores, de perfil predominantemente técnico, para ocuparse temporalmente de las distintas carteras ministeriales. Además, el presidente anunciaba la suspensión de las elecciones previstas para el día 22 de enero –y a las que la oposición, encabezada por la Liga Awami, no pensaba presentarse– tras anunciarse en los días anteriores la retirada progresiva de las diferentes misiones extranjeras de observadores electorales.
La polarización política y la actual crisis
Una de las causas del presente impasse obedece a la polarización política entre los principales partidos, la Liga Awami (conocida como Awami League o AL) y el Partido Nacionalista de Bangladesh (comúnmente referido como Bangladesh Nationalist Party o BNP), enzarzados en un juego político de acoso y derribo. Esta polarización ha afectado a todas las esferas institucionales del país, con la excepción, al menos en cierta medida, del ejército, que ha mantenido una discreta postura desde la reinstauración democrática en 1990. La tónica habitual en los últimos 16 años ha sido que cuando una de las fuerzas políticas ha vencido en las elecciones y ha accedido al Gobierno, lo primero que se ha asegurado es el control de toda la administración del Estado, no sólo a través de nombramientos de cargos políticos, sino mediante de la promoción de los afiliados al partido en posiciones clave. Esta práctica ha sido particularmente notoria en los principales órganos judiciales, dependientes del poder ejecutivo. No es extraño que una de las frases más destacadas del nuevo jefe del Gobierno interino haya sido la de indicar que los funcionarios públicos no sirven a un partido político sino al pueblo de Bangladesh. Si bien en 1996 se estableció la figura del Gobierno interino para paliar estas aberraciones, despolitizando el sistema mediante la reasignación de cargos, la persecución de la corrupción, etc., lo cierto es que ahora ha sido cuestionada la propia neutralidad de ese Gobierno de transición.
En ausencia de un consenso mínimo entre partidos sobre la viabilidad del sistema, lo que impera es un juego político que algunos ya tildan abiertamente de democracia gansgter, en la que todo vale para acceder al poder, sin tener en consideración las consecuencias sociales y económicas, así como la imagen internacional del país. Esa dinámica se ha podido ver en hechos como la presunta neutralidad de la Comisión Electoral encargada de llevar a buen término los comicios, cuyo jefe, el juez M.A. Aziz, se negó en su día a abandonar su cargo, pese a haber sido responsable de la elaboración de un nuevo censo electoral claramente inflado. El juez Aziz aceptó en noviembre, como salida de la crisis, dejar temporalmente su puesto, aunque con el giro de los acontecimientos del 11 de enero no le ha quedado más opción que dimitir. Otro destacado ejemplo del juego sucio que ha imperado ha sido la acusación judicial por cargos de corrupción del anterior dictador y líder del Jatiyo Party Hossain Mohammad Ershad, tras su anuncio de unir fuerzas con la alianza encabezada por Sheikh Hasina, de la AL. Ershad había formado parte de la coalición gobernante del BNP en la última legislatura y por ello su decisión de cambiar de aliado constituyó una sorpresa. Hay que tener en cuenta que el Jatiyo Party es la tercera formación política y en ausencia de una mayoría clara de los partidos principales puede dar la llave del poder. En un principio la alianza de la Liga Awami decidió participar en las elecciones, tal como informaba el 25 de diciembre The Daily Star, pero el procesamiento del ex-dictador hizo modificar su estrategia, ya que no podría contar con los 50 escaños que serían disputados por los candidatos del Jatiyo Party.
Desde finales de octubre, Bangladesh se sumergió en un clima de violencia y disturbios en las principales áreas urbanas del país, generando graves daños a la actividad económica (principalmente al sector textil, que supone aproximadamente un 75% de las exportaciones), paralizando temporalmente los centros educativos e impidiendo el desarrollo de la actividad propia de la vida cotidiana de la gente, temerosa de ser afectada por los violentos tumultos. A pesar de que hubo breves treguas motivadas por el tira y afloja entre el Gobierno interino y las dos principales fuerzas políticas, especialmente la AL, las protestas persistieron, incluso cuando a mediados de diciembre el presidente optó por desplegar al ejército. En enero la alianza de partidos liderada por la AL anunció su retirada de los comicios y amenazó con nuevos bloqueos, ante lo cual la única opción que tenía el presidente para frenar el deterioro de la situación en el país era declarar el estado de emergencia. No obstante, cabe destacar el giro que tomaron los acontecimientos y la nueva actitud más conciliadora del presidente, probablemente presionado por el ejército y quizá también por iniciativa propia, tras rendirse a la evidencia de que ir adelante con unas elecciones que serían a todas luces una farsa supondrían un claro revés para la joven democracia de Bangladesh.
El estado de emergencia y la restauración de la normalidad democrática
Tras la declaración del estado de emergencia, Bangladesh se halla con un nuevo Gobierno interino respaldado, entre bastidores, por el ejército. Esta situación, si bien ha traído la calma al país, muy apreciada por los sectores económicos y por una gran parte de la sociedad civil, también ha causado una gran preocupación, dado el recorte de libertades que se ha producido. Durante las últimas semanas se han llevado a cabo importantes redadas anticorrupción que han ocasionado la detención de destacados empresarios y políticos. La más notoria hasta el momento ha sido la que tuvo lugar el pasado 4 de febrero y que concluyó con la detención de 14 altos cargos, entre ellos siete ex-ministros del BNP y de la AL y un cercano aliado del hijo y posible sucesor de Khaleda Zia. Sin duda, estas acciones han tenido un impacto muy positivo en la mayoría de la población, que lleva tiempo viendo con resignación el modo en que determinadas elites del país viven del dinero fácil con total inmunidad. No obstante, también se han producido otras acciones más controvertidas, como la demolición de barriadas urbanas donde vive la población más vulnerable socialmente –bajo el pretexto de su ilegalidad y de ser focos de criminalidad pues están controlados por la mafia local o mustan– o las múltiples detenciones que están ocurriendo sin las mínimas garantías y con claros casos de tortura, que han sido evidenciados mediante fotografías en la prensa del país. Recientemente, una organización local de derechos humanos cifraba el número de detenciones en el último mes en unas 52.000, además de 29 asesinatos.
Existe una significativa presión internacional y de un sector de la sociedad civil de Bangladesh para que se restaure cuanto antes la normalidad política, expresada en la convocatoria de elecciones. El gran problema es cómo afrontar el reto, teniendo en cuenta que el objetivo debe ser la celebración de unos comicios con las debidas garantías de transparencia, circunstancias que no se daban en la fracasada convocatoria electoral. Concretamente hay dos cuestiones relativas a la garantía de los comicios y otra a su viabilidad que hacen difícil que la convocatoria se celebre en un plazo breve. En relación a la garantía de los comicios, en los últimos meses ha habido un gran debate en torno al censo electoral y a las tarjetas de identificación de los votantes. Según denunció en noviembre del año pasado el National Democratic Institute (NDI), el censo estaba claramente inflado, con un exceso en torno a 10 millones de nombres. Aunque el Gobierno interino tomó medidas para resolver el tema, admitía a principios de enero la dificultad de la tarea. Ahora que se ha reconstituido la Comisión Electoral, se espera que se lleve a cabo la corrección del censo, pero se desconoce el posible plazo para la consecución de la misma. Una segunda iniciativa que el nuevo equipo gubernamental pretende llevar a cabo es el suministro de tarjetas de identificación a todos los votantes, una medida que se presenta muy compleja, al menos a corto plazo, dada la limitación de recursos y la burocracia que implica. En cuanto a la viabilidad de la convocatoria electoral también depende en gran medida del clima, pues la llegada del monzón a mediados de año hace impracticable que se celebren los comicios durante esa época, ya que afecta seriamente a las comunicaciones del país, especialmente en las zonas más castigadas del sur.
Otro aspecto que se debe considerar es la duración del estado de emergencia, que según la Constitución es de 120 días cuando hay un parlamento funcionando, pero que cuando éste se halla disuelto, se extiende hasta 30 días después de la reconstitución de un nuevo parlamento (a menos que éste decida su expiración antes de ese plazo) sin especificación de su duración. Esta situación hace pensar que es posible que los comicios aún se puedan demorar algún tiempo, ya que, a tenor de lo expuesto anteriormente, parece difícil que los mismos tengan lugar antes de noviembre de este año. Por ello, algunos de los principales analistas nacionales estiman que la actual situación se pueda alargar más allá del año 2007, el tiempo suficiente para devolver la estabilidad al país mediante el restablecimiento de la neutralidad institucional (es decir, como servicio público y no como feudo personal y político) y la eliminación de la corrupción rampante y del crimen organizado. Siempre cabe la posibilidad, aunque en principio parece bastante remota, de que el ejército asuma formalmente el poder, lo que alteraría considerablemente estos cálculos.
Posibles escenarios futuros
Desde la instauración de la democracia en 1990, los períodos electorales en Bangladesh han sido siempre tensos, especialmente en 1996 cuando hubo dos convocatorias electorales al no participar la oposición de la AL en la primera de ellas. Sin embargo, pese a la excesiva politización de las principales esferas públicas, existe un significativo sector de la sociedad civil que está demandando un nuevo juego político más limpio y transparente, que se centre en cuestiones de buen gobierno y no en personalismos. El fortalecimiento de las instituciones democráticas es esencial para el desarrollo del país, pues sólo así será posible llegar, de modo más equitativo, a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, “los más pobres entre los pobres”.
En las circunstancias actuales, cabe preguntarse si las medidas de “limpieza política” que se están llevando a cabo van a tener un impacto a largo plazo en el buen gobierno del país, puesto que es difícil asegurar que se desmantele todo el entramado de corrupción institucional y social que se ha perpetuado durante varias décadas, sostenido por la mayor parte de los actuales partidos políticos. En tal caso, sería también necesaria una verdadera reforma en los propios partidos y una mayor implicación ciudadana en el proceso electoral, por ejemplo a través de elecciones directas –una medida demandada por varios grupos de derechos civiles–, cuestiones que por ahora no se han considerado.
Además, hay que tener en cuenta otros dos aspectos que afectan al futuro democrático del país: el papel del ejército y la celebración de elecciones libres y con garantías. Con respecto al ejército, su papel en la crisis de enero ha sido valorado positivamente desde una perspectiva interna, aunque la diplomacia internacional ha adoptado una posición más crítica, reiterando que una posible participación del ejército en la política afectaría negativamente a esta institución a nivel internacional, particularmente a su papel en las misiones de paz de Naciones Unidas. Por ahora, el ejército se mantiene como observador de los acontecimientos, si bien respaldando la actual situación y aparentemente sin interés de tomar una actitud participativa. Si finalmente se restaura la normalidad democrática a corto o medio plazo, la imagen de esa institución va a salir reforzada.
La falta de un pronunciamiento por parte del actual equipo de Gobierno sobre la fijación de un plazo para la celebración de las elecciones es observada con gran preocupación. Recientemente, el actual Consejero de Justicia se negó a facilitar un plazo para las mismas, señalando que los comicios no tendrían lugar hasta que la Comisión Electoral facilitase las correspondientes tarjetas de identificación para los ciudadanos, garantizase un censo creíble de votantes y asegurase la transparencia de las urnas donde se deposita el voto, entre otras medidas. Ese comentario, en línea con anteriores declaraciones de otros responsables políticos, parece indicar que la restauración del juego electoral no es inminente. No obstante, la continuación en el poder para el actual Gobierno interino no se presenta fácil, ya que es probable que aumente la presión internacional si no se fija un plazo para los comicios, además de una vuelta a las manifestaciones en las calles de los principales partidos políticos, que ya comienzan a mostrar su inquietud por el actual desarrollo de los acontecimientos.
Conclusiones: La delicada situación política que atraviesa Bangladesh constituye un claro paso atrás desde la reinstauración de la democracia hace ya más de una década y media e indica que es muy elevado el grado de apropiación de las principales instituciones del país por determinadas elites. Además, habrá que ver si el actual clima reformista, hecho “desde arriba”, que los ciudadanos observan complacientes (si bien pasivos), va a tener un impacto en la cultura política dominante, dado que la solución al problema no radica en la sustitución de unos individuos por otros (más honrados) en posiciones clave, ni tampoco en la realización de una serie de reformas legales acordadas por consenso en el Parlamento. La cuestión se halla en la casi nula capacidad que tiene una gran mayoría de la población para influir en ese sistema político.
Por el momento, parece poco probable que se produzca un retorno a la normalidad democrática a corto plazo, aunque ello dependerá de la capacidad del actual equipo de Gobierno para afrontar la presión externa e interna, esta última manifestada en la creciente inquietud de los partidos políticos.
Antía Mato Bouzas, investigadora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.