Bankia: Guindos hace temblar a la CNMV y al Banco de España

Luis de Guindos, en su dura respuesta parlamentaria al portavoz económico del PSOE, Juan Moscoso, que exigió la creación de una comisión de investigación, no sólo puso el foco de la responsabilidad sobre los dos organismos públicos, sino que les acusó de incumplimiento de sus obligaciones al haber seguido instrucciones directas del anterior gobierno: «Usted sabe que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran para otro lado».

El enfrentamiento institucional no tiene precedentes y daña el prestigio, ya suficientemente deteriorado, de los reguladores. «Sin decirlo -afirma una fuente cercana al banco emisor- el ministro está acusando al Banco de España y a la CNMV de prevaricación. Es un argumento que les viene de perlas a los despachos de abogados que están agrupando accionistas para ejercer acciones contra ellas tras conocerse el informe de los peritos». El Estado podría verse obligado a indemnizar con 3.000 millones de euros a los perjudicados, si los jueces estiman su responsabilidad en la irregular salida a Bolsa de Bankia.

Bankia Guindos hace temblar a la CNMV y al Banco de EspañaEl enfado con el ministro venía precedido de la indignación que causó una semana antes la publicación del informe pericial sobre Bankia, realizado a petición del juez Andreu, que instruye la causa por varios delitos contra los administradores de la entidad en la Audiencia Nacional.

Los dos peritos, a la sazón inspectores del Banco de España en ejercicio, establecen en sus conclusiones que «los estados financieros de Bankia no reflejaban su imagen fiel» cuando se produjo su salida a Bolsa. Es más, estiman que la entidad estaba prácticamente quebrada cuando salió al mercado en julio de 2011.

El asunto es de una enorme gravedad. Hay que recordar que Bankia recibió ayudas públicas de 22.400 millones en 2012, apenas un año después de su salida a Bolsa que, sumadas a los 5.000 millones que recibió su filial Banco de Valencia, suman el mayor rescate financiero de la Historia de España: ¡27.400 millones! (casi 10 veces más de lo que costó el saneamiento de Banesto). Como recordarán, la crisis de Bankia estuvo a punto de llevarse por delante a gran parte del sistema financiero español y, de hecho, esa posibilidad fue una de las razones que elevó la prima de riesgo por encima de los 600 puntos.

El Banco de España, por tanto, se encuentra en una situación muy complicada: por un lado, dos de sus inspectores (buenos profesionales que han estado trabajando en su informe durante dos años) han puesto negro sobre blanco la realidad de una gigantesca operación de maquillaje; por otro, el ministro de Economía le acusa de haber mirado para otro lado por presiones políticas.

Aunque el Banco de España trata de defenderse alegando que los peritos han seguido criterios maximalistas y han juzgado la realidad sin tener en cuenta que a mediados de 2011 casi nadie preveía una segunda recesión que deterioró aún más los activos de Bankia, la convicción del fiscal y no digamos de la opinión pública es que los organismos de control no hicieron bien su trabajo.

La cuestión es ¿quién tiene razón? ¿El ministro cuando acusa al Banco de España de haber mirado para otro lado o el Banco de España cuando afirma que actuó con «criterios estrictamente profesionales» cuando facilitó la salida de Bankia a Bolsa?

Por lo que yo sé, la salida a Bolsa de Bankia se convirtió en un objetivo prioritario del Gobierno de Zapatero. Hasta tal punto, que el propio presidente llamó por teléfono a diversas personas el día que se cerró con éxito la colocación para transmitir que esa era la prueba de que la crisis financiera se había superado.

Curiosamente, no sólo fue una operación avalada por el Gobierno, sino también por el PP, dado que el presidente de la entidad era Rodrigo Rato. Desde la dirección del partido conservador se dieron instrucciones a algunas entidades para que no dejaran tirado al ex ministro de Economía en una operación que era «buena para el país». Sólo hay que ver la lista de suscriptores institucionales para comprobar cuáles eran sus simpatías políticas.

Pero, claro, una cosa es animar a comprar títulos y otra la responsabilidad de comprobar si los números se correspondían o no con la realidad. Y esa sí que es una cuestión que afecta al anterior Gobierno, al anterior gobernador (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) y al anterior presidente de la CNMV (Julio Segura). Perdón, perdón. En esta última cuestión convendría hacer una matización relevante.

En efecto, el presidente de la CNMV cuando Bankia salió a Bolsa era Segura, pero justo en ese momento se hallaba de baja, convaleciente de un infarto que superó felizmente. El hombre que ocupaba su puesto era el vicepresidente, Fernando Restoy, que ahora es ni más ni menos que subgobernador del Banco de España a propuesta del PSOE.

Y es importante porque es Restoy el más afectado por las declaraciones del ministro De Guindos y, no lo duden, uno de los más indignados y activos, en la mencionada mañana del jueves, a la hora de exigir una respuesta «contundente» contra el ministro de Economía.

A pesar de que Luis Linde ha hecho todo lo posible por calmar los ánimos y devolver la tranquilidad al Banco de España, las tensiones no han hecho más que empezar.

Los peritos han puesto al juez y al fiscal sobre una pista de enorme trascendencia, que el ministro, de una forma contundente, ha confirmado ¿Hubo negligencia, se miró para otro lado? ¿Qué opinaban los inspectores de Bankia en ese momento? Según una fuente solvente, el Banco de España guardó en un cajón un informe demoledor sobre el Banco de Valencia (que, no olvidemos, fue intervenido en diciembre de 2011, apenas cinco meses después de la salida a Bolsa de Bankia) que, de haberse conocido en la fecha en la que fue realizado, hubiera imposibilitado la colocación.

Como las responsabilidades penales no pueden dirigirse contra las instituciones, tanto Fernández Ordóñez como Restoy figuran ya en la lista de querellables. Pero, como les decía, este asunto no ha hecho más que empezar.

Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.

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